En la entrada de este blog del pasado 30 de octubre de 2026 anunciábamos la “Próxima celebración del IX Congreso Nacional de SEAIDA sobre Prevención y Seguros en las Empresas en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM los próximos días 5 y 6 de noviembre de 2026”. En particular, indicábamos que participaríamos en el coloquio de la 3ª mesa sobre “los seguros de responsabilidad de administradores y de directivos de sociedades mercantiles. Novedades actuales legislativas sobre diligencia debida y novedades jurisprudenciales sobre el seguro de D&O” que se celebraría el día 5 de noviembre, a las 12:45 horas. El día llegó y la mesa se celebró y ahora debo cumplir mi costumbre de dar cuenta sintética de mi intervención que centré en la Jurisprudencia reciente de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en estas materias.
A) Retribuciones indirectas de los administradores de Bancos cotizados mediante seguros de cobertura de su responsabilidad civil y de su previsión social. Jurisprudencia reciente de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo
La Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece, con carácter general, que el sistema de remuneración de los administradores de este tipo de sociedades debe establecerse en sus estatutos sociales que determinarán el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en indemnizaciones por cese y los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos (art.217). En el caso de las Sociedades Anónimas Cotizadas (SAC) dentro de las especialidades de la administración previstas en el Capítulo VII del Título XIV, la Sección 3.ª señala las especialidades de la remuneración de los Consejeros (art.529 sexdecies y ss.).
Durante este año 2026, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una serie de litigios referidos a seguros que podemos agrupar en torno a la noción de retribuciones indirectas de los administradores de sociedades de capital mediante la cobertura de su responsabilidad civil y de su previsión social complementaria.
(el lector interesado en los seguros de D&O puede consultar la entrada de este blog de 9 de marzo de 2026 en las que nos hacíamos “Cuatro preguntas prácticas sobre los seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos de sociedades (seguros de D&O): Jornada sobre la responsabilidad civil de los administradores de sociedades y su aseguramiento el jueves 5 de marzo de 2026 en la Universidad de Valencia”).
B) Jurisprudencia sobre la cobertura de la responsabilidad civil de los administradores de bancos mediante los seguros de D&O
a) La Sentencia 920/2026, de 16 de junio
Esta Sentencia trata dela cobertura accesoria de defensa jurídica en un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (seguro de D&O). Siendo parte recurrente el administrador asegurado y parte recurrida la aseguradora Chubb European Group SE, Sucursal en España (el lector interesado puede consultar la entrada de este blog de 30 de junio de 2026 sobre “La alargada sombra de la crisis de Banco Popular: los seguros de sus administradores: La Sentencia 920/2026 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo”).
La controversia resuelta verso en torno a la aplicación de una cláusula de exclusión de la cobertura en un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (seguro de D&O), a los efectos de la cobertura accesoria de defensa jurídica. Esta Sentencia ratifica que esta cobertura accesoria de defensa jurídica es uno de los “puntos calientes” en la jurisprudencia reciente en los seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos de sociedades (seguros de D&O), que presenta importantes particularidades litigiosas. En este punto, es importante recordar la clara distinción legal que existe entre la defensa jurídica del asegurado accesoria al seguro de responsabilidad civil que asume, en principio, el asegurador, salvo pacto en contrario o conflicto de interés con el asegurado conforme al art.74 de la LCS y la defensa jurídica del asegurado como cobertura principal y autónoma en el seguro de defensa jurídica conforme al art.76 a) de la LCS.
Nos parece particularmente relevante en la práctica aseguradora esta Sentencia porque establece que, en pura lógica jurídica, si una condición general excluye claramente de cobertura todo tipo de ofertas públicas de suscripción y venta de acciones y, por ende, las ampliaciones de capital; y si otra condición especifica la exclusión por referencia a una concreta ampliación (en el caso litigioso, la de 2012); no cabe deducir de esta última regla especial que otra ampliación de capital posterior (en el caso litigioso, la de 2016), este incluida en cobertura por la elemental razón de que esta última ampliación queda incluida en la exclusión general y clara de cobertura todo tipo de ofertas públicas de suscripción y venta de acciones y, por ende, las ampliaciones de capital.
b) La Sentencia 1125/2026, de 8 de julio
Esta Sentencia ratifica la doctrina jurisprudencial sentada por las Sentencias 920/2026 y 921/2026, de 16 de junio, de la misma Sala sobre la válida aplicación de una cláusula de exclusión de la cobertura -en un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (seguro de D&O) de grandes riesgos– de las ofertas públicas de suscripción y venta de acciones y, por ende, de las ampliaciones de capital; a los efectos de la cobertura accesoria de defensa jurídica (el lector interesado puede consultar la entrada de este blog de 31 de julio de 2026 sobre los “Seguros de D&O: Exclusión de cobertura de OPVs y ampliaciones de capital. Efectos sobre la defensa jurídica: La Sentencia 1125/2026 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo”).
Esta ratificación jurisprudencial tiene una gran importancia práctica en el mercado asegurador por cuanto matiza con especial cuidado y acierto, la controvertida distinción entre cláusulas delimitadoras y limitativas en este tipo de seguros -en particular, si se trata de seguro de grandes riesgos- que tanta importancia y conflictividad han mostrado en los últimos tiempos y, por lo que sabemos sobre procedimientos penales derivados de crisis bancarias y societarias en general, seguirán mostrando en el futuro cercano.
c) La Sentencia 1127/2026, de 10 de julio
Esta Sentencia ratifica de nuevo la doctrina jurisprudencial sentada por las Sentencias 920/2026, 921/2026 y 1125/2026de la misma Sala. Por ello, insistimos en que esta ratificación jurisprudencial tiene una gran importancia para el mercado asegurador español por cuanto clarifica la controvertida distinción entre cláusulas delimitadoras y limitativas en este tipo de seguros, en particular, si se trata de seguro de grandes riesgos (el lector interesado puede consultar la entrada de este blog de 9 de septiembre de 2026 sobre los “Seguros de D&O: Exclusión de cobertura del Expresidente de Banco Popular respecto de OPVs y ampliaciones de capital. Efectos sobre la defensa jurídica: La Sentencia 1127/2026, de 10 de julio, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo”).
C) Jurisprudencia sobre la cobertura de la previsión de los administradores de Bancos mediante seguros de personas
a) Importancia de las Sentencias 800 y 801 de 27 de mayo de 2026 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo
El día 27 de mayo de 2026 la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo dictó sendas Sentencias -la 800 y la 801- que nos parecen destinadas a convertirse en casos paradigmáticos de la jurisprudencia no solo española, sino también europea de los mercados societarios y financieros por dos tipos de razones: Cuantitativas, porque ambas inciden en la crisis de Banco Popular, que ha sido el primer Banco Europeo sometido al nuevo esquema de resolución de las crisis bancarias; y cualitativas, ya que ambas resoluciones se fundamentan en la interpretación sistemáticamente adecuada de varias normativas mercantiles que dibujan un verdadero caleidoscopio de normas societarias, en concreto, de sociedades anónimas cotizadas; financieras, en particular, bancarias y aseguradoras; y de contratación privada, es su proyección sobre el concepto y las consecuencias de los contratos vinculados
b) Denominadores fácticos comunes
Los supuestos de hecho de ambas Sentencias comparten los elementos siguientes:
a) El 30 de diciembre de 2015, Banco Popular concertó con la aseguradora Mapfre Vida S.A. un contrato de administración de depósitos cuyo objeto era constituir un depósito preparatorio de unas pólizas de seguro de rentas para miembros del consejo de administración, con naturaleza de depósito irregular, mediante una aportación única (preprima), y de las eventuales preprimas futuras que el Banco realizase para el efectivo cumplimiento del objeto del contrato. El contrato se declaraba regulado por los arts. 1255 y 1091 del Código Civil, así como por los arts.1758 y siguientes del mismo cuerpo legal (contrato de depósito), el art. 3.1.c) de la LOSSP, el art.3.1.c) de la LOSSEAR, desde el 1 de enero de 2016. Las partes utilizaban de mutuo acuerdo la terminología del seguro sobre la vida.
b) El 24 de febrero de 2016, Banco Popular remitió a sus consejeros del D. Adriano una copia de la póliza de contrato de administración de depósitos suscrito con MAPFRE para la cobertura de los compromisos relativos a la prejubilación.
c) El 11 de agosto de 2016 el Banco concertó con Mapfre la póliza de seguro colectivo de vida. La cuantía mensual de la renta bruta constante que el Presidente percibiría hasta el mes y año en que cumpliera los 65 años ascendía, según el certificado individual de seguro, a 91.666,67 euros.
c) La Sentencia 800/2026, de 27 de mayo
La Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo 800/2026, de 27 de mayo (Roj: STS 2337/2026, ECLI:ES:TS:2026:2337, Id Cendoj:28079110012026100794, Nº de Recurso: 4749/2021, Ponente: Ignacio Sancho Gargallo) desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por el antiguo consejero delegado de Banco Popular (denominado en el habitual anonimato de fantasía, Sr. Gabino) contra la Sentencia de la Sección 14.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, derivada, a su vez, de los autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid. Siendo parte recurrida la mercantil Banco Santander S.A., Sin que haya comparecido ante la Sala Mapfre Vida Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana.
La controversia resuelta -tal y como delimita el apartado 3 del Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia- verso en torno a si puede considerarse una retribución variable la pensión por prejubilación convenida entre el antiguo consejero delegado de Banco Popular y el Banco denominada Pensión por prejubilación que, al amparo del art. 27 de los Estatutos, se le reconocía hasta que cumpliera la edad de jubilación (65 años).Y ello a los efectos de aplicar sobre esa retribución la cláusula de devolución (clawback). La Sección 14.ª de la Audiencia Provincial de Madrid así lo entendió y el recurso lo combate. Para ello el recurso denuncia, en los motivos primero y tercero de casación, la infracción de una serie de normas societarias y estatutarias; y en los motivos cuarto, quinto y séptimo, la infracción de las normas sobre interpretación de los contratos.
La Sala considera pertinente aclarar que, en el recurso de casación, no se discute que se hubieran cumplido los presupuestos contenidos en el Reglamento del sistema de retribución variable que permitiría al Banco minorar o impedir el cobro de la retribución variable pendiente de pago (cláusula malus) y aquellos que permitirían exigir la devolución de las retribuciones variables ya percibidas (cláusula clawback).
Por nuestra parte, dejamos constancia que la Sentencia nos parece no solo técnicamente impecable, sino que además es justa y adecuada a la realidad social del tiempo porque parecería un contrasentido que el antiguo consejero delegado de Banco Popular quien, de algún modo, contribuyo a su crisis económica que desembocó en la Resolución por la JUR con gravísimos perjuicios para sus accionistas y los restantes inversores en valores emitidos por el Banco; hubiera visto que su patrimonio crecía, en concepto de pensión de prejubilación, en los importes notables cuya minoración y devolución reclamo el Banco en la demanda rectora del pleito (que el lector puede verificar en el apartado C de esta entrada. Esta inspiración de justicia material de la Sala se puede vislumbrar cuando -en el inicio de la argumentación desestimatoria de los primeros cinco motivos del recurso de casación del el antiguo consejero delegado de Banco Popular (Fundamento de Derecho Quinto , apartado 2)- la Sentencia constata: “Como hemos expuesto en el fundamento jurídico primero, al resumir los antecedentes, el Sr. Gabino fue consejero delegado de Banco Popular en el periodo de tiempo comprendido entre que fue nombrado, 30 de enero 2013, y fue destituido como consejero delegado y denunció al cargo de consejero, el 27 de julio de 2016. Banco Popular Español S.A. por aquel entonces era una entidad de crédito que tenía la forma de una sociedad de capital que cotizaba en bolsa. Se regía, por ello, por la Ley de Sociedades de Capital. Sin perjuicio de la específica normativa bancaria”.
La conclusión de raciocinio de la Sala la encontramos reflejada en el fallo desestimatorio de los recursos del antiguo Consejero delegado de Banco Popular por el quela Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo decidió: “Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados por Gabino contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14,ª) de 30 de diciembre de 2020 (rollo 171/2020) que conoció de la apelación formulada frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid de 24 de octubre de 2019 (juicio ordinario 1066/2017)”.
d) La Sentencia 801/2026, de 27 de mayo
La Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo 801/2026, de 27 de mayo (Roj: STS 2324/2026, ECLI:ES:TS:2026:2324, Id Cendoj: 28079110012026100790, Nº de Recurso: 6882/2021 Ponente: Rafael Sarazá Jimena) estima el recurso de casación interpuesto por el Banco Santander S.A. respecto de la Sentencia de 25 de mayo de 2021, de la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 735/2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Madrid, sobre aplicación de cláusulas malus y clawback a las remuneraciones de un administrador social, en concreto, de su anterior presidente.
La controversia -tal y como indica el apartado 3 del Fundamento de Derecho Cuarto- “surge en torno a si puede considerarse una retribución variable la pensión por prejubilación convenida entre el Presidente del Consejo y Banco Popular a percibir hasta que cumpliera los 65 años y comenzara a cobrar la pensión de jubilación, para aplicar sobre esa retribución la cláusula de minoración (malus) y de devolución (clawback). El juzgado así lo entendió pero la audiencia consideró que esa pensión de prejubilación no puede considerarse como una retribución variable, lo que se cuestiona en el recurso”.
Nos parece oportuno reiterar lo que hemos señalado sobre la Sentencia 800/2026 en el sentido de dejar constancia que esta Sentencia 801/2026 nos parece no solo técnicamente impecable, sino que además es justa y adecuada a la realidad socioeconómica del tiempo en el que se dicta porque parecería un contrasentido que el expresidente de Banco Popular quien, de un modo muy destacado, contribuyo a su crisis económica que desembocó en la Resolución por la JUR con gravísimos perjuicios para sus accionistas y los restantes inversores en valores emitidos por el Banco; hubiera visto que su patrimonio crecía, en concepto de pensión de prejubilación ligada a los buenos objetivos de la entidad, en los importes notables cuya minoración y devolución reclamo el Banco en la demanda rectora del pleito.
La conclusión del raciocinio de la Sala la encontramos reflejada en el fallo estimatorio del recurso de casación del Banco Santander: “1.º- Estimar el recurso de casación interpuesto por Banco Santander S.A. y desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por D. Adriano contra la sentencia de 25 de mayo de 2021, dictada por la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 735/2019. 2.º- Casar la expresada sentencia y, en su lugar, acordar: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Adriano contra la sentencia 218/2019, de 3 de septiembre, del juzgado de primera instancia núm. 47 de Madrid, manteniendo los pronunciamientos condenatorios de dicho demandado contenidos en la sentencia de primera instancia. Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. contra la sentencia 218/2019, de 3 de septiembre, del juzgado de primera instancia núm. 47 de Madrid, que revocamos en el único extremo de acordar que los intereses, calculados al tipo del interés legal incrementado en dos puntos conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la cantidad que Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. ha de pagar a Banco Santander S.A., se devengarán desde que, en ejecución de esta sentencia, cese en el pago de la renta al Sr. Adriano y así quede determinada la parte deprima no consumida que haya de restituir al Banco Santander S.A.”.
El lector interesado puede consultar las entradas de este blog de 1 de julio de 2026 sobre “La remuneración de los administradores de bancos cotizados (Banco Popular) ante su crisis: las Sentencias 800 y 801 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2026 declaran que las pensiones de prejubilación del consejero delegado y del expresidente de Banco Popular eran retribuciones variables sujetas a minoración y devolución” y de 2 de julio de 2026 sobre “Prejubilaciones abusivas de gestores bancarios negligentes: la Sentencia 801 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2026 declara que la pensión de prejubilación del expresidente de Banco Popular eran una retribución variable sujeta a minoración y devolución”).
e) Diagnóstico diferencial: una doctrina jurisprudencial común que conduce a dos resultados diferentes de cada uno de los recursos de casación
La doctrina jurisprudencial común que sienta la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en las dos Sentencias comentadas consiste en calificar las pensiones por prejubilación litigiosas de los administradores de Banco Popular como retribuciones variables y, por ello, sujetas a las cláusulas de minoración (“malus”) y de devolución (“clawback”).
Dado que esa doctrina común se proyecta sobre sendos recursos de casación interpuestos respecto de otras tantas Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid en sentidos diferentes, el resultado final es inverso porque:
a) La Sentencia 800/2026 desestima el recurso de casación interpuesto por el antiguo consejero delegado de Banco Popular contra la Sentencia de la Sección 14.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, derivada, a su vez, de los autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid que habían calificado, en ambas instancias, las pensiones por prejubilación litigiosas de los administradores de Banco Popular como retribuciones variables y, por ello, sujetas a las cláusulas de minoración (“malus”) y de devolución (“clawback”). Esto es, en pura lógica jurídica, cuando existe homogeneidad de criterios entre la Audiencia Provincial de Madrid y la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, el recurso de casación se desestima.
b) La Sentencia 801/2026 estima el recurso de casación interpuesto por el Banco Santander S.A. respecto de la Sentencia de 25 de mayo de 2021, de la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid que -a diferencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 47 de Madrid- no considero que las pensiones por prejubilación litigiosas de los administradores de Banco Popular fueran retribuciones variables y, por lo tanto, no estaban sujetas a las cláusulas de minoración (“malus”) y de devolución (“clawback”). Esto es, en pura lógica jurídica, cuando existe heterogeneidad de criterios entre la Audiencia Provincial de Madrid y la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, el recurso de casación se estima.