Seguimos con esta entrada la serie de ellas que venimos dedicando a las múltiples aplicaciones regulatorias sectoriales de la IA. En este ocasión nos referimos a una aplicación crucial en el ámbito jurídico, cual es la IA en el marco de la Justicia Constitucional y, para ello, nos hacemos eco de la Nota informativa nº 89/2025 que publicó el pasado día 6 de noviembre de 2025 la Oficina de Prensa del Gabinete del Presidente del Tribunal Constitucional bajo el título “El presidente del TC apela a desarrollar una jurisprudencia que garantice el derecho a la conectividad y evite un uso descontrolado e indebido de la inteligencia artificial”. Su indudable relevancia nos lleva a dar cuenta de su contenido.
A) La VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional
En general, la Nota referida comienza haciendo referencia a las afirmaciones solemnes que se realizaron en el marco de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebró la semana pasada en Madrid, y que concluyo diciendo que “garantizar la dignidad y los derechos de las generaciones futuras es un imperativo constitucional”. En ella, “los más de 300 participantes, representantes de 85 Tribunales y Cortes de todo el mundo, se han comprometido a velar por que las decisiones judiciales de hoy no hipotequen las libertades de mañana”. En cuanto se refiere a la IA, coincidieron en que “el uso indebido de los datos personales, la discriminación algorítmica o la vigilancia excesiva representan amenazas reales para los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.
B) Las XXXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional
En particular, las Declaraciones del Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, sobre la IA se realizaron fundamentalmente con ocasión de la inauguración de las XXXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Tarragona sobre “Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales”.
Podemos sintetizar esas declaraciones en torno a los siguientes ejes:
a) En general, el análisis clásico de coste (riesgo)/beneficio de la IA: En este sentido apeló a “desarrollar una jurisprudencia que garantice el derecho a la conectividad y el acceso equitativo a las tecnologías y a los sistemas de creación y distribución del conocimiento” y apostó “por la regulación, la responsabilidad y la transparencia de la inteligencia artificial, puesto que un uso excesivo, descontrolado e indebido puede llegar a menoscabar derechos fundamentales”.
b) En especial, la proyección de aquel análisis en forma de impacto directo en los derechos fundamentales donde subrayó que, “aunque es innegable que esta tecnología tiene la capacidad de mejorar la eficacia de las organizaciones y facilitar determinados trabajos, puede afectar negativamente a la libertad de expresión, al derecho a comunicar o recibir información veraz, a la intimidad personal, al honor, a la protección de datos personales, o al derecho a la tutela judicial efectiva”. En este mismo sentido, mostró su “preocupación por la denominada discriminación algorítmica, esto es, la capacidad de la inteligencia artificial de aprender prejuicios, que amplifican la desigualdad y los sesgos contra determinados grupos sociales
c) En particular, la aplicación de las reflexiones precedentes sobre la labor de los tribunales constitucionales que “tienen el deber de sentar las bases de una justicia tecnológica acorde con la dignidad humana”. A propósito de los riesgos que plantea la IA, mencionó la sanción que el Tribunal Constitucional impuso a un abogado por incluir en un escrito citas de jurisprudencia constitucional inexistentes.
d) En conclusión, ante estos temas novedosos, el Presidente del TC pidió una “respuesta coordinada por parte de los distintos poderes del Estado, especialmente para proponer soluciones que refuercen la protección de los derechos fundamentales en la era digital”. Aprovecho la ocasión para “poner en valor la excelencia profesional de los letrados y letradas del Tribunal Constitucional y ha reconocido su contribución al plan de choque iniciado en 2023 para agilizar la resolución de los recursos pendientes y para reducir los tiempos de respuesta de los recursos de amparo”, añadiendo que “gracias a este impulso de la justicia constitucional, se han podido dictar sentencias de gran relevancia jurídica, política, social y económica para el país”, de lo que no cabe duda razonable alguna.