Cuando contemplamos que algunos de los más prestigiosos cuerpos de funcionarios jurídicos del Estado se avienen a arrastrar su buen nombre para defender, no al Estado, sino a unas personas físicas encausadas en asuntos de corrupción; es importante recordar que hay otros cuerpos en los que resisten funcionarios que mantienen su sentido de la decencia como son algunos de los miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
A) De la vergüenza a la decencia
A.1) Vergüenza
Contemplamos -desde la vergüenza y la indignación- que una Universidad pública española donde moramosha consentido la creación de cátedras inverosímiles de malformación social delictiva (MASODE), con directa implicación de las más altas autoridades académicas (solemnes y extraordinarias) y que las multinacionales radicadas en nuestro paísy muchas empresas domésticas se han prestado a financiar con sospechosa generosidad clientelar aquellas sedicentes cátedras.
Observamos también -con pena por tantos amigos que tenemos en ellos- que algunos de los más prestigiosos cuerpos de funcionarios jurídicos del Estado se avienen a arrastrar su buen nombre para defender, no al Estado, sino a unas personas físicas encausadas en asuntos de corrupción.
B.2) Decencia
Ante el espectáculo nauseabundo que hemos descrito, es importante recordar que hay otros cuerpos de la función pública, también prestigiosos en los que resisten funcionarios que mantienen su sentido de la decencia como son algunos de los miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública. La página web oficial del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España nos dice que, como “órgano de control, la IGAE es la encargada de verificar, mediante el control previo de legalidad, el control financiero permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia”.
La misma página web oficial del Ministerio de Hacienda nos dice también: “Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública le compete proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública. Y en este sentido tiene la responsabilidad de elaborar las cuentas económicas del sector público según la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, cuyo más concreto y específico resultado es la determinación de la cifra, fundamental en la vida económica de la nación, de déficit público, tanto del total de las Administraciones Públicas como de cada uno de sus subsectores”.
B) La prueba de la decencia: El Informe de la IGAE que prueba que RED.ES evaluó de forma ilegal los contratos de Barrabés
Lo anterior viene a cuento de la noticia que nos ofrecía Carlos Cuesta, en el Diario Libertad Digital, el pasado 29 de septiembre en la -bajo el titular de “Mazazo en el caso Begoña Gómez: RED.ES evaluó de forma ilegal los contratos de Barrabés”- nos daba cuenta de que “un informe de Intervención General, dependiente de Hacienda, desvela múltiples irregularidades en los contratos de Barrabés que avaló Begoña Gómez” precisando que “el informe de la Intervención del Estado, dependiente de Hacienda, no deja lugar a dudas: hubo «violación de la ley» por parte de RED.ES al colarse como experto en el Comité que debía informar y valorar los contratos públicos adjudicados al amigo y socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés”.
Nos seguía diciendo la noticia de Carlos Cuesta que un párrafo del informe resulta especialmente demoledor: «Sin embargo, incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fue valorada por la Mesa de Contratación de RED.ES, que no era competente para efectuar la valoración». Traducido: la mesa de contratación de RED.ES se coló para evaluar los criterios técnicos subjetivos, los «no evaluables mediante fórmula». Pero, es más, no contenta con eso, «la Mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado». Y es que el «director del departamento proponente», obviamente, no es imparcial.
C) Un tenue rayo de esperanza: ¡Todavía hay interventores en España!
No queremos acabar esta entrada “en la ardiente oscuridad”. Antes al contrario, queremos que esta entrada sea modestísimo aldabonazo dominical en algunas conciencias dormidas bajo la comodidad y la cobardía. Y, para ello, acudiremos a los clásicos para recodar el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande de Prusia por no aceptar la orden de irse -o de callarse- y quien, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho. Aquí y ahora, queremos decir, alto y claro: ¡Todavía hay interventores en España!
P.S.: Nos permitimos invitar a nuestros lectores a que consulten la entrada de este mismo blog del 18 de diciembre de 2023 (¡Hace caso dos años!) sobre “El precio de la confusión de poderes: El coste financiero de los ataques a la independencia judicial” que acabábamos diciendo:
“¡Todos somos molineros! ¡Todavía hay jueces en Berlin!
No queremos poner punto final a esta entrada desde la desesperanza sino que, antes al contrario, queremos que sea un aldabonazo en algunas conciencias -especialmente universitarias- que parecen dormidas. Y, para ello, acudiremos a los clásicos para recodar el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande de Prusia por no aceptar la orden de irse -o de callarse- y quien, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho. Aquí y ahora, queremos compartir con nuestros lectores nuestra íntima convicción de que ¡Todavía hay jueces en España!”.