Ruego a los lectores de este blog que disculpen mi insistencia al tratar de comprender y explicar las razones y consecuencias de las tragedias ferroviarias de Urda y de Adamuz y de la ineficaz red asistencial a las víctimas y a sus familiares. Atribuyan esta contumacia a mi personal lucha contra el olvido porque estoy convencido que la ética ciudadana -que en nuestra sociedad brilla por su ausencia- nos exige un ejercicio de memoria que impida que el “foco de la actualidad” -frecuentemente teledirigido y corrupto- arroje a las víctimas de las tragedias ferroviarias de ADAMUZ y de URDA al desván del olvido. Si, además, estas entradas pueden ser de alguna utilidad para los afectados, pues “miel sobre hojuelas”.
A) El diagnóstico de la ineficaz red asistencial a las víctimas y a sus familiares mediante dos Decretos gemelares
Este Gobierno -tal prolífico en la producción de Reales Decretos-Ley- ha sido es contumaz en el error a la hora de diseñar la ineficaz red asistencial a las víctimas y a sus familiares mediante los Decretos gemelares siguientes:
a) El Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) (RDL 1/2026), publicado en el BOE núm. 25, de 28/01/2026 y entrada en vigor el 28/01/2026.
b) El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia (RDL 32/2026), publicado en el BOE núm. 274, de 04/11//2026 y entrada en vigor el de 04/11//2026.
Hablamos de Decretos gemelares porque ambos comparten una estructura básica análoga que ordena su contenido en los siguientes apartados:
a) El régimen central de las “ayudas a las víctimas del accidente ferroviario” de Adamuz (arts.1 a 8 RDL 1/2026) y de Urda (Toledo) (arts.1 a 8 RDL 32/2026).
b) El régimen adicional de las “ayudas en concepto de anticipo de indemnizaciones por responsabilidad civil” (DA 1ª del RDL 1/2026 y del RDL 36/2026) y de la “protección de las personas trabajadoras afectadas” (DA 2ª del RDL 1/2026 y DA 3ª del RDL 32/2026).
La simetría entre ambas disposiciones se rompe en el Capítulo II del RDL 32/2026 que establece una serie de “Medidas para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia” a las que haremos referencia en el apartado E) de esta entrada.
Siendo evidente que, en este blog, no tenemos espacio ni tiempo para examinar en detalle ambas disposiciones, centraremos nuestra atención en una serie de aspectos en los que la realidad -siempre tozuda- ya ha mostrado la ineficacia del sistema.
B) Ayudas
Tal y como acabamos de señalar, la espina dorsal de los dos RDL es el régimen de las “ayudas a las víctimas del accidente ferroviario” de Adamuz (arts.1 a 8 RDL 1/2026) y de Urda (Toledo) (arts.1 a 8 RDL 32/2026) que en ambos casos se estructura en torno a los elementos siguientes:
a) La finalidad y el ámbito de aplicación de cada RDL que adoptan “medidas urgentes de respuesta para la atención a las víctimas ante los daños sufridos por el accidente ferroviario” de Adamuz y de Urda ” (art.1.1).
b) Los objetos de dicho régimen que son las ayudas establecidas en cada caso que “complementarán las indemnizaciones a las que tienen derecho las personas afectadas conforme a la normativa comunitaria y nacional en materia de derechos de los viajeros de ferrocarril y sobre asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares” ” (art.1.2) (el lector interesado puede complementar esta referencia consultando, respectivamente, las entradas de este blog de los pasados 28 de enero sobre “La tragedia ferroviaria de Adamuz y el seguro: cobertura de las víctimas y de sus familiares por el seguro obligatorio de viajeros, por los seguros de responsabilidad civil y por otros seguros paralelos. Guía del ICAM” y de 30 de octubre sobre “La tragedia ferroviaria de URDA y el seguro: cobertura de las víctimas y de sus familiares por el seguro obligatorio de viajeros, por los seguros de responsabilidad civil y por otros seguros paralelos. Alguna reflexión final”).
c) El importe de las ayudas que, en ambos RDL será de 72.121,46 euros por persona fallecida y de 84.141,70 euros a 2.402,04 euros, en caso de lesiones corporales, en función de las distintas categorías de lesiones corporales establecidas en el baremo de indemnizaciones del anexo del Reglamento del SOV según las prestaciones establecidas en el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio (art.3).
d) La compatibilidad de estas ayudas “con el resto de indemnizaciones que correspondan a todos los pasajeros de los trenes siniestrados, tanto en materia de asistencia (comida, alojamiento y transporte, entre otros), pérdida o daños de los bultos de mano, animales y equipaje, como en caso de muerte y lesiones, y que se regirán por lo establecido en la normativa sectorial de aplicación” (art.1.3). En particular, los RDL precisan el alcance de la compatibilidad de las ayudas indicando que, en general, son “compatibles con otras subvenciones y ayudas concedidas para la misma finalidad” (art.6.1) y, en particular, “serán compatibles con las indemnizaciones que se perciban las víctimas de las entidades aseguradoras por los seguros de responsabilidad civil o afianzamientos mercantiles suscritos por las empresas ferroviarias, administradores de infraestructuras u otras administraciones, y de los seguros suscritos por las propias víctimas” (art.6.2). Por último, los RDL añaden que “estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones previstas en el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, y el resto de normativa sectorial de aplicación (art.3.3).
e) Los beneficiarios de las ayudas que serán las víctimas de los trenes siniestrados en los respectivos accidentes que serán -conforme dispone el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares- “toda persona que, como resultado de encontrarse involuntariamente involucrada de forma directa en los citados accidentes ferroviarios, resultasen heridas o fallecidas”. Esta condición abarcará a los viajeros, maquinista, personal en formación o personal de a bordo, en cualquiera de sus categorías, de los trenes siniestrados. Para ello, las empresas ferroviarias involucradas en el accidente deberán remitir, en el plazo de 15 días, al órgano instructor el listado de personas que viajaban a bordo de los trenes siniestrados. Los RDL establecen la documentación necesaria en el caso de fallecimiento (certificado de defunción) o de lesiones corporales (informe de la aseguradora encargada de la gestión del SOV en el que se reconozca la categoría de las lesiones corporales establecidas en el baremo de indemnizaciones del anexo del Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros) (art.2.1).
f) Cada RDL precisa quienes serán beneficiarios de estas ayudas, a título de víctimas indirectas, en los casos de fallecimiento: El cónyuge de la persona fallecida, no separada legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente, con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, cualquiera que sea su orientación sexual, durante al menos los dos años anteriores a la fecha del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común (en este caso bastará con acreditar la convivencia en el periodo inmediatamente anterior al fallecimiento); los hijos de la persona fallecida, con independencia de su edad y filiación o de su condición de póstumos; los hijos menores de edad que no fueran de la persona fallecida, pero lo fueran de las personas previstas en el párrafo a); y los hijos mayores de edad de las personas previstas en el párrafo a) siempre que concurriera el requisito de dependencia económica de la persona fallecida. Cada RDL añade las reglas aplicables en defecto de las personas mencionadas (art.2.2) y la distribución de la cantidad a que ascienda la ayuda en caso de concurrencia de varios beneficiarios a título de víctimas indirectas (art.2.3).
B) Anticipos
Conviene aclarar que, junto a las ayudas señaladas, los RDL -en sus DA 1ª- establecen el régimen de las ayudas adicionales, “en concepto de anticipo de indemnizaciones por responsabilidad civil” que podrán solicitar las personas beneficiarias de las ayudas en el marco del procedimiento regulado en el artículo 5, en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil que se deriven de los respectivos accidentes.
Es importante distinguir entre las ayudas principales y estas ayudas adicionales porque, en este último caso, el importe de la ayuda en concepto de anticipo será el del valor correspondiente a la ayuda establecida en el artículo 3 de los RDL pero el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que en su caso se declaren en favor de los beneficiarios, hasta el límite de la ayuda satisfecha.
C) Burocracia
Cada RDL establece el modo de gestión de las ayudas previendo que, mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible se establecerá el procedimiento de solicitud y gestión de las ayudas señalando que el procedimiento de concesión y pago de las ayudasque seotorgarán mediante resolución del titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible que pondrá fin a la vía administrativa; correspondiendo la ordenación e instrucción del procedimiento a la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril. Dado que resulta evidente que no podemos detallar tan intrincado procedimiento burocrático, invitamos a los sufridos lectores a que examinen los arts.5 y 6 de cada RDL para que se haga una idea del proceso kafkiano que deben seguir las víctimas a cargo de un Ministerio sobre el que pesan dudas razonables de todo tipo.
D) Retrasos
El proceso un tanto kafkiano que se dibuja en los arts.5 y 6 de los RDL para que las víctimas accedan a las ayudas parece estar detrás de los retrasos que vienen denunciando las víctimas de Adamuz.
Es más, la Disposición Transitoria Tercera del RDL 32/2026 que establece la “Aplicación de la modificación del Real Decreto ley 1/2026, de 27 de enero, a las solicitudes en tramitación” con una redacción que haría las delicias de Groucho Marx (“Lo dispuesto en el apartado 8 de la disposición adicional primera del Real Decreto ley 1/2026, de 27 de enero, en la redacción dada por la disposición final primera de este real decreto-ley, será de aplicación a las solicitudes de ayuda en concepto de anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, no hayan sido resueltas”) para estar detrás de las sospechas razonables de que podría esconder un retraso en el pago a las víctimas de Adamuz, al suspender los plazos de resolución de las ayudas anticipadas cuando la Administración necesite información judicial.
Por último, mucho nos tememos que la Creación de Oficinas de Atención Integral por las Disposiciones adicionales segundas de ambos RDL es una creación cosmética que -el menos para las víctimas del accidente de Adamuz- no resolverá los retrasos en las ayudas.
E) La reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
En el apartado A) de esta entrada destacábamos que la simetría entre el RDL 1/2026 y el RDL 32/2026 se rompe en el Capítulo II del RDL 32/2026 que establece una serie de “Medidas para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia” mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU). Se trata de las dos modificaciones siguientes:
a) El artículo 9.1 del RDL 32/2026 modifica la letra c) del artículo 20.1 del TRLGDCU para unificar el contenido de la información precontractual al consumidor incorporando las limitaciones de precio en situaciones de emergencia del nuevo artículo 20 ter.
b) El artículo 9.2 del RDL 32/2026 introduce un nuevo artículo 20 ter en el RLGDCU para incorporar un límite máximo de precios en situaciones de emergencia de carácter extraordinario. Para determinar el precio máximo aplicable durante la vigencia de una situación de emergencia, se establece como referencia el precio máximo efectivamente aplicado durante los treinta días naturales inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de dicha situación. La utilización de un periodo de treinta días se corresponde con el criterio del artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la determinación del precio anterior en supuestos de reducción de precios.
Nos parece que, siendo razonable atender a la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios y prohibir expresamente las prácticas que puedan revestir carácter abusivo en contextos de emergencia; esta modificación del TRLGCU nos sugiere dos reflexiones de política legislativa: la primera es que abunda en la práctica desaparición de la actividad legislativa de las Cortes Generales a manos del uso y abuso del Real Decreto-Ley. La segunda es que ratifica la percepción del Reino de España como un Estado miembro de la UE de tipo “catastrofico”.
F) Reflexión final: La ineficacia corrupta en la gestión de lo público
Esta entrada complementa la de ayer sobre el mismo tema. En efecto, mientras en la entrada de ayer centrábamos nuestra atención en la gestión sistémicamente arbitraria de los fondos europeos y sus consecuencias criminales; en esta hemos vuelto nuestra mirada hacia la regulación de la asistencia a las víctimas manifiestamente ineficaz que ha diseñado el Gobierno mediante sus dos decretos gemelares de ayudas públicas (RDL 1 y 32 de 2026). En todo caso, en ambas entradas el lector podrá encontrar muestras sobradas de la ineficacia corrupta en la gestión de lo público.