El Volcán de la Palma, la DANA asesina de Valencia, los incendios estivales, el apagón abrileño y el caos crónico de los trenes son otras tantas catástrofes que ha sufrido la población española en estos últimos años que difieren en sus causas -naturales en los tres primeros casos y humanas en los dos últimos- pero comparten sus efectos en forma de daños personales y patrimoniales inferidos a la ciudadanía; al tiempo que comparten su gestión catastrófica por los políticos llamados a prevenirlas, evitarlas y solventarlas.
Dado que, a lo largo del mes de agosto de 2025 que hoy nos despide hemos dedicado varias entradas de este blog a intentar ofrecer explicaciones racionales de las causas y de los efectos de varias de estas catástrofes, nos parece que esta entrada final de verano es ocasión pintiparada para ofrecer un diagnóstico final de la situación e invocar -desde nuestra inocencia y cual “chamanes”- a esa sociedad civil valiente y responsable (¿?) cuya conciencia parece que habita bajo los campos calcinados, los campos anegados, los trenes parados; en definitiva, “en la ardiente oscuridad”: que le impide alzar su voz y prefiere obedecer y aguardar las migajas del poder.
¿Qué es una catástrofe?
Para cumplir la promesa de hacer un análisis objetivo y racional de la catastrófica gestión de las catástrofes, debemos comenzar aclarando la noción de catástrofe desde dos puntos de vista: El del lenguaje común, donde la RAE nos dice que una “catástrofe” es un “suceso que produce gran destrucción o daño”; y el del lenguaje jurídico en el que el artículo.2.6 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil define la “catástrofe” como “una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”.
La catastrófica declaración de zona catastrófica
La página oficial de La Moncloa publicaba. el pasado martes 26 de agosto, la noticia siguiente: “El Gobierno impulsa las ayudas para los damnificados por incendios e inundaciones este verano. La declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil se extiende a 16 comunidades autónomas. El Ejecutivo también ha aprobado el Plan de Lucha contra la Corrupción” (Consejo de Ministros – 26.8.2025).
Dejando de lado las concomitancias causales entre catástrofes y corrupción, pasamos a apuntar algunos datos legales que pueden orientar a los afectados y a los habitantes de tertulias radiofónicas y televisivas que compensan sus sustanciosos emolumentos con una ignorancia que -al ser enciclopédica- les permite pontificar con absoluta seguridad sobre las competencias estatales en la prevención y extinción de incendios, sobre sus causas, sobre el cambio climático, etc.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil nos dice, en su artículo 19, sobre la “disponibilidad de los recursos del Estado”: “El Estado colaborará con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, facilitando los recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencias que no hayan sido declaradas de interés nacional”.
También nos parece oportuno que los afectados y los opinadores lean el artículo 5 de aquella Ley 17/2015 que se refiere al “derecho a la protección en caso de catástrofe” diciendo: “1. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención. 2. Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución. 3. Los servicios públicos competentes identificarán lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o personas allegadas”.
Y si se recuperan del susto al pensar que leen obras de literatura fantástica puede seguir leyendo su artículo 20 sobre la “fase de recuperación”, su artículo 21 sobre los “daños materiales”, su artículo 22, sobre los “daños personales”, su disposición adicional cuarta sobre las “ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”.
Los afectados y sus abogados pueden completar sus lecturas con el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Debemos constatar que todas estas normas son prueba de la laboriosidad limitada de nuestros legisladores quienes, en agosto del año 2025, mantienen sustancialmente en vigor los principios de La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, dictada más de cuarenta años antes.
Barreras y preguntas a los afectados
Por si no fuera suficiente su desgracia, los afectados por los incendios deben enfrentarse ahora a dos barreras burocráticas y hacerse las dos preguntas siguientes: ¿llegarán las ayudas prometidas? y, si finalmente llegan, ¿será suficientes para paliar el daño sufrido?
Y es aquí donde debe rugir la conciencia pensando en la corrupción y preguntarse: ¿a cuantas “coimas” corruptas equivalen estás miseras ayudas?¿a cuantos vuelos inútiles de Falcón? ¿a cuantos vuelos a países caribeños? ¿a cuantos gastos temporalmente prescindibles?
Estupidez o maldad: esa NO es la cuestión
Disentimos, desde el máximo respeto, de nuestro admirado Ignacio Camacho en su brillante artículo “El factor de incompetencia” donde plantea una explicación plausible a tanta ineficacia: ¿estupidez, incompetencia o incompetencia estúpida?
Y disentimos porque, partiendo del mismo autor que cita, Carlo M. Cipolla, nos parece que no hay cuestión porque estamos un mano de políticos que adornan su maldad de idiocia. En efecto, en su delicioso opúsculo sobre “Las leyes fundamentales de la estupidez humana” (incluido en su obra “Allegro ma non troppo) Cipolla separa a la humanidad en 4 categorías de personas –sobre la base a las consecuencias de sus actos- en: inteligentes, cuyos actos benefician tanto al actor como a sus congéneres; malvados, quienes se benefician de su actos en perjuicio de sus semejantes; incautos, que benefician a otros a costa del propio daño; y estúpidos, que logran la difícil tarea de perjudicar a los demás y a sí mismos.
Estarán de acuerdo conmigo, queridos lectores, que nuestros políticos gestionan las catástrofes como malvados estúpidos.
Ello no obsta para que sigan engañando a la sociedad civil, (de una valentía perfectamente descriptible) con condonaciones de la deuda pública asumida para gastos suntuarios que dicen inexistente, pero que condicionará el bienestar de generaciones, condenando a los hijos y nietos de la población engañada a no poder acceder a una vivienda digna, ni a un trabajo decente ni a la libertad que ello proporciona; encadenado nuevas generaciones dependientes.
Y, entretanto, los verdaderamente poderosos -por auténticamente ricos- seguirán utilizando a los políticos y a los medios de comunicación como mano de obra “cipaya” para domesticar a la escondida sociedad civil.
P.S.; Últimas noticias del caos
Invitamos a los lectores a consultar y reflexionar sobre las noticias siguientes y las relacionan con el contenido de esta entrada:
“Una IA de medio millón de euros blinda el uso del euskera en la sanidad vasca. El Gobierno vasco prueba Itzulbide, un traductor neuronal para el historial clínico de los pacientes” (ABC, Gerard Bono, Bilbao 29/08/2025, 04:00h.)
“Diez meses de la DANA con todavía mucho barro por limpiar. Valencia se aproxima al aniversario de la riada del 29 de octubre con ayudas sin cobrar, ascensores por arreglar, coches no localizados y la cicatriz de una tragedia sin precedentes” (ABC David Maroto, 29/08/2025 05:00h.)
“El caos del AVE y la Media Distancia amarga la vuelta de vacaciones a cientos de viajeros. El ministro Óscar Puente obvia los problemas y asegura que el servicio es «de los mejores de Europa» (ABC, Rafael Aguilar, 30/08/2025 actualizado a las 21:37h.)