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Crisis de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Diagnóstico y tratamiento. La Directiva 2025/1. Funcionamiento (3)

Con esta entrada seguimos ofreciendo a nuestros lectores un comentario sintético -y, a ser posible, claro- de la IRRD, insistiendo en que nos parece particularmente oportuno ante la obligación de los Estados miembros de la UE de tener adoptadas y publicadas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella el próximo día 29 de enero de 2027 y de aplicar dichas medidas a partir del 30 de enero de 2027. Procedemos:

(…)

D) FUNCIONAMIENTO

Si retomamos la metáfora médica anteriormente señalada, podemos recordar que la IRRD pretende que la enfermedad de la insolvencia de una entidad aseguradora o reaseguradora en cuanto a su viabilidad futura se diagnostique lo antes posible, que existan protocolos de “triaje” y tratamiento preestablecidos para intentar recuperar su salud financiera y, en su caso, su agonía y muerte sea resuelta de un modo que no dañe los intereses generales implicados, esto es, tanga una “muerte digna”. 

Ello nos conduce a distinguir tres fases: la de diagnóstico precoz de la enfermedad de solvencia; de tratamiento veloz para la recuperación de la enfermedad de solvencia; y de resolución de la aseguradora o reaseguradora insolvente.

D.1) Diagnóstico de resolubilidad

El diseño de la IRRD exige comenzar con un diagnóstico precoz del grado de resolubilidad de la entidad aseguradora o reaseguradora de que se trate. De ello se ocupa el capítulo II  del título II (art.13 y ss.) sobre la “resolubilidad” que se estrena regulando la evaluación de la resolubilidad que deberán realizar las autoridades de resolución, previa consulta a las autoridades de supervisión, para determinar, “en qué medida las empresas de seguros o reaseguros que no formen parte de un grupo pueden ser objeto de resolución sin contar con ninguna ayuda financiera pública extraordinaria, al margen de la aplicación, cuando estén disponibles y procedan, de sistemas de garantía de seguros o de cualquier mecanismo de financiación”. A estos efectos, “se considerará que una empresa de seguros o reaseguros puede ser objeto de resolución cuando sea factible y creíble la liquidación de dicha empresa con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, o su resolución por la autoridad de resolución aplicando instrumentos de resolución y ejerciendo competencias de resolución” (art.13).

Esta evaluación de la resolubilidad la deberán realizar las autoridades de resolución tanto a nivel individual como a nivel de grupos (art.14) y deberá atender a la metodología de valoración de los aspectos de la resolubilidad descritos en el Anexo de la IRRD, teniendo en cuenta la naturaleza, la escala y la complejidad de las empresas.

Dichos aspectos de la resolubilidad de las empresas de seguros o reaseguros abarcan los 9 campos siguientes: la continuidad operativa, el acceso a las infraestructuras de los mercados financieros, la separabilidad de su estructura y de sus sistemas de información que plantean riesgos, la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización. La liquidez y financiación en caso de resolución y las competencias para abordar o eliminar los obstáculos a la resolubilidad; y ello tanto ante la hipótesis de un tratamiento individual como de grupo.

D.2) Prevención de crisis: Planes preventivos de recuperación

Una vez realizado el diagnóstico precoz del grado de resolubilidad de la entidad aseguradora o reaseguradora, el diseño de la IRRD requiere prevenir las crisis de solvencia y, para ello, articula una serie de actividades preparatorias que comienzan con la “preparación” diseñada en el Título II y, más en concreto, con las labores de “planificación preventiva de la recuperación y planificación de la resolución” establecidas en el Capítulo I (art.4 y ss.) que obliga a las empresas de seguros y reaseguros a elaborar y mantener actualizado un plan preventivo de recuperación. Podemos distinguir dos tipos de planes preventivos de recuperación:

a.1) Planes preventivos de recuperación individuales

Las empresas de seguros y reaseguros deberán elaborar y mantener actualizado un plan preventivo de recuperación con un doble contenido:

a.1.1) En general, deberá contener las medidas que deberá adoptar la empresa de que se trate para restablecer su situación financiera cuando dicha situación se haya deteriorado significativamente.

a.1.2) En particular, los planes preventivos de recuperación deberán contener todos los elementos siguientes: un resumen de los elementos fundamentales del plan, incluidas las modificaciones sustanciales del último plan presentado; una descripción de la empresa o del grupo, incluido un resumen de cualquier cambio significativo desde el plan más reciente presentado; el cuadro de indicadores cualitativos y cuantitativos que determinen los niveles en los que deberán considerarse o tomarse medidas correctoras (estos indicadores podrán incluir criterios relativos, entre otras cosas, al capital, la liquidez, la calidad de los activos, la rentabilidad, las condiciones de mercado, las condiciones macroeconómicas y los factores operativos); una descripción de cómo se ha elaborado el plan preventivo de recuperación, cómo se actualizará y cómo se aplicará; una serie de medidas correctoras; una estrategia de comunicación; y, cuando la empresa haya incumplido el capital de solvencia obligatorio establecido en Solvencia y haya presentado un plan de recuperación de conformidad con Solvencia II en algún momento de los diez años anteriores, dicho plan de recuperación, así como una evaluación de las medidas adoptadas para restablecer el cumplimiento del capital de solvencia obligatorio por parte de la empresa.

La elaboración, actualización y aplicación de los planes preventivos de recuperación se considerarán parte del sistema de gobernanza en el sentido de Solvencia II (art.5.1).

Las autoridades de supervisión deberán tomar en consideración el principio de proporcionalidad para someter a las empresas de seguros y reaseguros a requisitos de planificación preventiva de la recuperación en función de su tamaño, su modelo empresarial, su perfil de riesgo, su interconexión y su sustituibilidad, su importancia para la economía de los Estados miembros en los que operan y sus actividades transfronterizas, en particular las actividades transfronterizas significativas (art.5.2).

a.2) Planes preventivos de recuperación de grupo

La empresa matriz última de un grupo deberá elaborar y presentar al supervisor de grupo un plan preventivo de recuperación de grupo que determinará las medidas correctoras que pueda ser necesario aplicar a nivel de esa empresa matriz última y a nivel de cada una de sus empresas filiales para restablecer su situación financiera cuando dicha situación se haya deteriorado significativamente.

El plan preventivo de recuperación de grupo contendrá medidas correctoras para lograr la estabilización del grupo, o de cualquier empresa de seguros o reaseguros del grupo, cuando el grupo o cualquiera de sus empresas de seguros o reaseguros se encuentre en una situación de tensión a fin de abordar o eliminar las causas de las dificultades y restablecer la situación financiera del grupo o de la empresa que forme parte de él, teniendo en cuenta al mismo tiempo la situación financiera de las otras entidades del grupo. También contendrá disposiciones para garantizar la coordinación y coherencia de las medidas proporcionadas que deban adoptarse a nivel del grupo y de las entidades del grupo art.7).

a.3) Planes preventivos de recuperación simplificados

Las autoridades de supervisión y de resolución determinarán si pueden aplicarse obligaciones simplificadas a determinados grupos y empresas de seguros y reaseguros, en consideración al impacto que la inviabilidad de una empresa de seguros o reaseguros podría tener, debido a la naturaleza de su actividad, su estructura accionarial, su forma jurídica, su perfil de riesgo, su tamaño y su situación jurídica, su interconexión con otras empresas reguladas o con el sistema financiero en general, y el alcance y la complejidad de sus actividades, y la posibilidad de que su inviabilidad y posterior liquidación por los procedimientos de insolvencia ordinarios tengan un efecto negativo significativo en los mercados financieros, en otras empresas, en los tomadores de seguros, en las condiciones de financiación, o en la economía en general (art.4).

b) Revisión y evaluación por parte de las autoridades de supervisión de los planes preventivos de recuperación

Las autoridades de supervisión revisarán, en un plazo de nueve meses a partir de la presentación de cada plan preventivo de recuperación individual, dicho plan y evaluarán en qué medida cumple los requisitos establecidos y con determinadas condiciones: si es razonablemente probable que la aplicación de las disposiciones propuestas en el plan mantenga o restablezca en un plazo adecuado la viabilidad y la situación financiera de la empresa de seguros o reaseguros; si es razonablemente probable que el plan y las opciones específicas del plan se ejecuten rápida y eficazmente en situaciones de tensión financiera; y si es razonablemente probable que el plan y las opciones específicas del plan eviten en la mayor medida posible cualquier efecto adverso significativo en el sistema financiero, incluso en escenarios que llevasen a otras empresas de seguros y reaseguros a aplicar planes preventivos de recuperación en el mismo plazo (art.6).

El supervisor de grupo, previa consulta a las autoridades de supervisión pertinentes que sean miembros del colegio de supervisores o participen en él, revisará el plan preventivo de recuperación de grupo y evaluará en qué medida satisface los requisitos y criterios legales. Esta evaluación se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido para los planes preventivos de recuperación individuales; teniendo en cuenta las posibles repercusiones de las medidas correctoras sobre los tomadores de seguros, la economía real y la estabilidad financiera en todos los Estados miembros en los que opere el grupo. El supervisor de grupo procurará llegar a una decisión conjunta, en el seno del colegio de supervisores establecido Solvencia II (art.8)

D.3) Resolución de las crisis de entidades aseguradoras y reaseguradoras

D.3.1) Presupuestos de la resolución

El orden lógico para la recta comprensión del sistema para la mejor resolución de las crisis de entidades aseguradoras y reaseguradoras que establece la IRRD exige comenzar por determinar los presupuestos generales de aquella resolución que podemos agrupar en los apartados siguientes:

a) Objetivos de resolución

Las autoridades de resolución -al aplicar y seleccionar  los instrumentos idóneos de resolución y ejercer las competencias de resolución- deben tener en cuenta los siguientes objetivos: proteger el interés colectivo de los tomadores de seguros, beneficiarios y reclamantes; mantener la estabilidad financiera, en particular previniendo el contagio y manteniendo la disciplina de mercado; garantizar la continuidad de las funciones esenciales; y proteger los fondos públicos minimizando la dependencia respecto de ayudas financieras públicas extraordinarias (art.18).

b) Condiciones de resolución

Las autoridades de resolución adoptarán medidas de resolución en relación con una empresa de seguros o reaseguros únicamente si se cumplen todas las condiciones siguientes: que la autoridad de supervisión, previa consulta a la autoridad de resolución, o la autoridad de resolución, previa consulta a la autoridad de supervisión, hayan determinado que la empresa de seguros o reaseguros es inviable o tiene probabilidades de serlo; que no existan perspectivas razonables de que alguna medida alternativa del sector privado o de supervisión, incluidas las medidas preventivas y correctoras, pudiera impedir la inviabilidad de la empresa en un plazo razonable; y que la medida de resolución sea necesaria para el interés público (art.19).

c) Principios generales que rigen la resolución

Cuando apliquen instrumentos de resolución y ejerzan competencias de resolución,  las autoridades de resolución deberán tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que la medida de resolución se adopte de conformidad con los siguientes principios (el denominado “bail-in”) (art.22):

c.1) Que los accionistas de la empresa objeto de resolución asuman las primeras pérdidas.

c.2) Que los acreedores de la empresa objeto de resolución asuman pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios; y que los acreedores de la misma categoría reciban el mismo trato, salvo que la IRRD establezca expresamente otra cosa.

c.3) Que el órgano de administración, dirección o supervisión y la alta dirección de la empresa objeto de resolución sean sustituidos, salvo cuando el mantenimiento, total o parcial, de dicho órgano o de la alta dirección se considere necesario para la consecución de los objetivos de resolución; y que dicho órgano preste toda la asistencia necesaria para la consecución de los objetivos de resolución.

c.4) Que las personas físicas y jurídicas estén obligadas a responder, de acuerdo con el Derecho civil o penal, por la responsabilidad en que incurran en caso de inviabilidad de la empresa objeto de resolución.

c.5) Que los accionistas o acreedores no incurran en más pérdidas que aquellas que habrían sufrido si la empresa de seguros o reaseguros hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con las salvaguardias establecidas en los artículos 55 a 57 de la IRRD.

c.6) Que la medida de resolución se adopte de conformidad con las salvaguardias establecidas en la IRRD.

d) Valoración a efectos de la resolución

En términos generales, toda medida de resolución deberá adoptarse por las autoridades de resolución sobre la base de una valoración que garantice una evaluación ecuánime, prudente y realista de los activos, pasivos, derechos y obligaciones de una entidad aseguradora o reaseguradora (art.23.1).

Estas valoraciones deberán ser realizadas por una persona que sea independiente de cualquier autoridad pública y de la entidad objeto de resolución o, de no ser posible, por la autoridad de resolución (art.24).

La IRRD distingue cuatro tipos de valoraciones atendiendo a dos criterios (que se pueden combinar):

a) Atendiendo al factor tiempo y calidad,  periodifica las valoraciones en dos momentos del procedimiento de resolución:

a.1) Primeras valoraciones previas porque, antes de que una entidad aseguradora o reaseguradora sea objeto de resolución, la autoridad de resolución velará por que se realice una primera valoración para determinar si se cumplen determinadas condiciones de resolución (art.23.2).

a.2) Segundas valoraciones posteriores porque, tras haber decidido que una entidad aseguradora o reaseguradora sea objeto de resolución, la autoridad de resolución velará por que se realice una segunda valoración para fundamentar la decisión sobre la medida de resolución adecuada que se ha de adoptar; garantizar que cualquier pérdida de dicha entidad sea tenida en cuenta en su totalidad en el momento en que se apliquen los instrumentos de resolución; fundamentar la decisión sobre el alcance de la cancelación o dilución de los instrumentos de propiedad; y fundamentar la decisión sobre el alcance de la amortización o conversión de los pasivos no garantizados, incluidos los instrumentos de deuda. En particular, cuando se aplique el instrumento de constitución de una empresa puente, estas segundas valoraciones posteriores servirán para fundamentar la decisión sobre los activos, pasivos, derechos y obligaciones o instrumentos de propiedad que pueden transmitirse a la empresa puente y fundamentar la decisión sobre el importe de la contraprestación que se puede abonar a la empresa objeto de resolución o, en su caso, a los titulares de los instrumentos de propiedad; y, cuando se aplique el instrumento de venta del negocio, estas segundas valoraciones posteriores servirán para fundamentar la decisión sobre los activos, pasivos, derechos y obligaciones o instrumentos de propiedad que pueden transmitirse al tercero comprador, y fundamentar la interpretación de la autoridad de resolución acerca de lo que constituyen «condiciones de mercado» a efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la IRRD (art.23.3).

b) Atendiendo al factor contenido (art.25) distingue entre:

b.1) Valoraciones provisionales que son las anteriores que no cumplan los requisitos de calidad establecidos en el artículo 24.2

b.2) Valoraciones definitivas que serán las que cumplan los requisitos de calidad establecidos en el artículo 24, que deberán estar disponibles tan pronto como sea posible y que, en general,  permitirán el pleno reconocimiento de todas las pérdidas de la entidad en su contabilidad; y fundamentarán toda decisión de modificar los derechos de los acreedores o de incrementar el importe de la contraprestación abonada. En caso de que la estimación del valor neto de los activos de la entidad realizada en la valoración definitiva sea superior a la estimación de dicho valor realizada en la valoración provisional, la autoridad de resolución podrá incrementar el valor de los derechos de los acreedores afectados cuyo valor se haya reducido o que hayan sido reestructurados; o exigir a una empresa puente que abone una contraprestación adicional, en relación con los activos, pasivos, derechos y obligaciones, a la empresa objeto de resolución o, en su caso, a los titulares de los instrumentos de propiedad.

D.3.2) Planificación de la resolución: planes de resolución

Esta planificación dependerá del tipo de resolución de que se trate porque;

a)  En caso de resolución atómica o individual, las autoridades de resolución, previa consulta a la autoridad de supervisión, elaborarán un plan de resolución para cada empresa de seguros o reaseguros que no forme parte de un grupo objeto y que se considere que, en comparación con otras empresas de su ámbito de competencia, es más probable que la medida de resolución sea de interés público en caso de inviabilidad de la empresa de que se trate o para aquellas que las autoridades consideren que desempeñan funciones esenciales (art.9). El plan de resolución establecerá las medidas de resolución que la autoridad de resolución podrá adoptar cuando la empresa de seguros o reaseguros cumpla las condiciones de resolución

b)  En caso de resolución molecular, las autoridades de resolución a nivel de grupo tengan competencia para elaborar planes de resolución de grupo para los grupos que estén sujetos a planificación de la resolución. Estos planes de resolución de grupo establecerán las medidas de resolución que deberán adoptarse con respecto a cada entidad cuando sean necesarias medidas para garantizar la continuidad de las funciones esenciales; examinarán en qué medida podrían aplicarse los instrumentos de resolución y ejercerse las competencias de resolución de manera coordinada, y determinará los posibles obstáculos a una resolución coordinada; etc.(art.10). Desde el punto de vista procedimental, la IRRD establece requisitos y procedimientos para los planes de resolución de grupo y requisitos adicionales de información a efectos de los planes de resolución y cooperación de las empresas de seguros o reaseguros (art.12).