Tras demasiados domingos penando, abrumados por la indignación y la vergüenza, un tenue -pero firme- rayo de esperanza ha iluminado nuestra conciencia ciudadana. Este martes, día 20 de noviembre, hemos leído noticias del siguiente tenor: “El Supremo condena al Fiscal General del Estado por revelación de secretos. Le impone una multa de 7.200 euros, inhabilitación por dos años y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales” (ABC, Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres, 20/11/2025, actualizado a las 17:07h.). Sin embargo, nuestra gran alegría al comprobar que los jueces hacen su trabajo se ha visto palidecida al comprobar que la sociedad civil y los medios de comunicación democráticos eran contumaces al perder, una vez más, la batalla de las palabras y, por tanto, de las ideas y, por ende, el maldito “relato”. Procedemos a explicarnos.
¡Todavía quedan jueces en España! nuestro Tribunal Supremo comienza a limpiar el estiercol de los establos de Calígula!
Acudimos, una vez más, al célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande de Prusia por no aceptar la orden de irse -o de callarse- y quien, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho y le llevaron a gritar, alto y claro: ¡Todavía hay jueces en Berlín!
Aderezamos el sucedido con una metáfora extraída de la mitología griega para recordar que uno de los doce trabajos de Hércules consistió en limpiar los establos de Augías desviando el curso de los ríos Alfeo y Peneo para que fluyeran través de ellos, llevándose todo el estiércol acumulado en un solo día; ingeniosa demostración de astucia y fuerza que eliminó la suciedad de treinta años acumulada en el establo del rey de Élide.
Pues bien, la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, con la condena al Fiscal General del Estado por revelación de secretos, ha comenzado a limpiar el estiércol de los establos de Calígula y estamos seguros que seguirá el trabajo hercúleo de limpiar el estiércol de la pocilga del Divino Gorrino que ahora campa a sus anchas, libre, por las dehesas del norte de España.
¡Estamos perdiendo la batalla de las palabras!
Pensamos “en” palabras y, por eso, quien domina las palabras, domina las ideas y, con ellas, la política y la vida de los ciudadanos. Establecido lo anterior, hemos comprobado, con cierta pena, que todos los partidos y los medios de comunicación democráticos compran, “acomplejados”, el vocabulario de quienes se llaman a sí mismos “’progresistas” y excluyen del “paraíso democrático” a los “conservadores”.
Y esta manipulación semántica resulta particularmente nociva cuando de jueces se trata. Por ello, nos preocupa que todas las noticias de la condena del Fiscal General del Estado por el Tribunal Supremo destaquen el resultado de la votación diciendo que contó con 5 votos favorables de los magistrados “conservadores” y 2 votos en contra de sendas magistradas “progresistas”.
En nuestra inocencia acudimos de inmediato a la legislación vigente por si nuestra ignorancia no fuera solo humanística, sino también matemática de tal manera que no supiéramos sumar y, en un conjunto cerrado de un tribunal compuesto por siete votos, dos votos “progresistas” valen más que cinco votos “conservadores”. Y esta duda matemática nos alarma especialmente por si pudiera expandirse a las votaciones en general y, por lo tanto, en las próximas elecciones generales, pudiera darse una “contabilidad electoral creativa digital” con la ayuda, una vez más (porque no es la primera), de una empresa cotizada de capital público cuya identidad es innecesario mencionar, ya que esta en mente de todos.
Pues bien, retomamos nuestro raciocinio para comprobar, sorprendidos que el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder judicial nos dice: “1. Concluida la discusión de cada asunto, se procederá a la votación, que comenzará por el Juez o Magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigüedad, hasta el que presidiere. La votación será secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros. 2. El Juez o Magistrado que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, si la Sala lo estimare procedente por razón de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la Sala, que no será superior a tres días”.
Una vez verificado que no existe un voto ponderado que duplique o triplique el valor de cada voto de un magistrado/a “progresista” respecto del de cada magistrado/a “conservador”; nos permitimos sugerir a los prudentes-cobardes-acomplejados medios de comunicación y partidos democráticos para que modifiquen ligeramente su vocabulario y llamen a los “progresistas” -no solo a los jueces- por su verdadero nombre, sin acritud: socialistas (cuando lo sean), comunistas (que se enorgullecen de pertenecer a la ideología más asesina de la Historia) o racistas (que militan en partidos regionales excluyentes de sus conciudadanos).
¡JUSTICIA POPULAR!
Queremos acabar esta entrada con una referencia a un espectáculo sorprendente que nos han brindado la radiotelevisión pública y el resto de medios de comunicación “progresistas” donde, a todas horas, un enjambre de analfabetos y analfabetas funcionales, rufianes, sinvergüenzas, truhanes, canallas, bellacos, granujas, pícaros, bribones, baladrones, bastardos. proxenetas, chulos, macarras, ganchos, lenones (ojo, según la RAE, sinónimos de rufián) han mantenido diálogos profundos en tertulias intensas fonde se ha debatido y especulado preventivamente sobre la futura fundamentación de la sentencia del Tribunal Supremo; hablando con la soltura que da la ignorancia de falta de prueba, prueba indiciaria, testifical, documental o pericial. Y ello con la suficiencia de ánimo que regala la necedad al necio; como si se pudiera debatir libremente sobre las estructuras de un edificio sin ser arquitecto, sobre una operación a corazón abierto sin ser cirujano, sobre una fórmula magistral sin ser farmacéutico. En definitiva, ignorando que administrar Justicia es tarea técnica extremadamente compleja para la que los magistrados y magistradas del Tribulan Supremo se han venido preparando toda su vida, dedicando esfuerzos ingentes de estudio y práctica a ello.
En conclusión, la radiotelevisión pública y el resto de medios de comunicación -sedicentemente- “progresistas” han convertido sus platós en tribunales populares en los que -al modo de los de las costureras («tricoteuses») de la Revolución Francesa- han administrado justicia popular soñando con aplicar el expeditivo método de separar la cabeza del tronco.