Close

Seguro de responsabilidad civil por paralización del tráfico ferroviario. Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 57/2024 de 18 enero

Comentamos en esta entrada la Sentencia núm. 57/2024 de 18 enero de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que nos parece particularmente relevante y sugerente por la complejidad procesal y sustancial del supuesto de ello y del conflicto jurídico que resuelve en última instancia, con la claridad habitual de su ponente, D. Pedro José Vela Torres.

A) Identificación

La Sentencia núm. 57/2024 de 18 enero de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2024:161, Jurisdicción: Civil, Recurso de Casación núm. 5643/2019, Ponente: Excmo. Sr. Pedro José Vela Torres, JUR 2024\2577) que nos disponemos a comentar resuelve en última instancia un litigio que versa sobre la responsabilidad civil por paralización del tráfico ferroviario a consecuencia del hundimiento de un túnel por la deficiente ejecución de una obra. En concreto, podemos distinguir dos aspectos íntimamente vinculados:

a) El básico de la existencia de daño, en el que la Sala decide que el acuerdo de paralización adoptado cautelarmente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no exime de responsabilidad a las empresas constructoras causantes del daño y a sus aseguradoras.

b) El derivado -en el que centraremos nuestra atención- del seguro de responsabilidad civil; donde la Sentencia solventa -con la claridad que es cortesía del jurista- aspectos esenciales como son el de la suma asegurada y el límite indemnizatorio en relación con la práctica del mercado asegurador de los seguros por capas o tramos, la acción directa del tercero perjudicado y el día inicial del devengo de los intereses del art. 20 LCS.

B) Supuesto de hecho

Sobre la base del Resumen de antecedentes que hace el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia podemos ofrecer la siguiente cronología de hechos que, a nuestros efectos, integran el siniestro:

a) El 20 de octubre de 2007, sobre las 10:30 horas, se produjo un hundimiento en el túnel del Gornal, en el punto kilométrico ferroviario 674/094 (término municipal de Hospitalet), en el marco de los trabajos de ejecución de las obras llevadas a cabo por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Hospitalet (compuesta por Obrascón Huarte Laín S.A. -OHL- y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. -AGOSH-) para la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa, al producirse la rotura de dos paneles de la pantalla del túnel y el posterior hundimiento de parte del andén de la estación de ferrocarril de Bellvitge.

b) Desde el 20 de octubre del 2007 hasta el 1 de febrero de 2008, el hundimiento provocó la paralización del servicio del transporte ferroviario.

c) El 30 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), concluyó con un Acuerdo un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad, que declaró a la UTE Hospitalet responsable de los daños y perjuicios producidos por el mencionado hundimiento; todo ello en base a lo previsto en el art. 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (entonces vigente).

C) Conflicto jurídico

C.1) Procedimientos previos concomitantes

En este caso, es pertinente constatar que el conflicto jurídico-civil en sentido estricto vino precedido por otros dos, en diferentes órdenes jurisdiccionales, que recayeron sobre los mismos hechos y sus consecuencias:

a) Uno contencioso-administrativo que culminó con la Sentencia de 27 de diciembre del 2011, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo núm. 7 que confirmó el Acuerdo del Consejo de Administración de (ADIF) de 30 de octubre de 2009 y que constato lo siguiente:  «[…] las oquedades y socavones que se formaron tienen su origen en la defectuosa impermeabilización de las pantallas realizadas por la UTE- deficiencias de estanqueidad de las pantallas que configuraban el túnel y, concretamente por la falta de calidad de las juntas entre bataches, por las que se produjeron las filtraciones de agua que originaron hundimientos y deformaciones en el entorno del trasdós de las pantallas […]».

b) Otro civil que culminó con la Sentencia núm. 233/2012, de 5 de mayo, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17ª) que estableció que la decisión de realizar las inyecciones de mortero fue de la empresa Rodio, subcontratada por la UTE.

C.2) Procedimiento civil objeto de la Sentencia núm. 57/2024 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo

a) Grupo Renfe (integrado por Renfe Viajeros S,A; Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A; y Renfe Mercancías S.A.), presentó una demanda contra Obrascón Huarte Laín S.A; Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. (ambas integrantes de la mencionada UTE), y contra las compañías aseguradoras Generali España S.A de Seguros y Reaseguros, HDI-Gerling Industrie Versicherung Ag Sucursal en España y Aig Europe Limited Sucursal en España; solicitando que se las condenara a pagar solidariamente la cantidad de 13.473.063,69 €. La acción se sustentó en el art. 1902 del Código Civil, por la responsabilidad de la UTE Hospitalet por la ejecución con evidente mala praxis de la obra encomendada, que provocó un desplazamiento de las pantallas laterales y su rotura, con desplazamiento de las armaduras y corrimiento de los puntales, al no soportar la presión ejercitada por la inyección del mortero llevada a cabo por la empresa subcontratada por la UTE, Rodio S.A.

b) El 18 de mayo de 2018, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 88 de Madrid dictó Sentencia n.º 144/2018 que estimó parcialmente la demanda: desestimó las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción de la acción, consideró que la responsabilidad de la UTE en el accidente era cosa juzgada y que existía relación de causalidad entre el hundimiento del túnel y los daños y perjuicios ocasionados por la paralización del tráfico ferroviario, pero aminoró la indemnización solicitada en la demanda, por lo que condenó a Obrascón Huarte Laín S.A (OHL); Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A (AGOSH), Generali España S.A. (Generali), HDI-Gerling Industrie Versicherung Ag Sucursal en España (HDI) y Aig Europe Limited Sucursal en España (AIG), al pago de la cantidad de 3.250.829,04 €.

c) El 20 de junio de 2019, la sección 12.ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por RENFE. En su Sentencia, la Audiencia Provincial, tras confirmar los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia sobre la legitimación activa y la prescripción, consideró que se trató de un único siniestro a efectos de cobertura de las pólizas y condenó a las demandadas a que indemnizaran a la actora, hasta el límite de las distintas capas pactado como cobertura del seguro, en 13.473.063,69 €.

d)  La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido recurrida por las partes demandadas, mediante sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación:

d.1) Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) y de Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. (AGOSH), interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

d.2) AIG Europe Limited Sucursal en España (AIG), interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

d.3) HDI Global Sucursal en España (HDI), interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Advertimos a nuestros lectores de que nuestro comentario versará sobre los aspectos sustanciales de los respectivos recursos de casación relacionados con el seguro de responsabilidad civil.

D) Doctrina jurisprudencial

D.1) Fallo

La Sala decidió (advetimos que, como siempre, las palabra o expresiones de los párrafos transcritos de la Sentencia son de nuestra exclusiva autoría): “1.º- Desestimar los recursos extraordinarios por infracción procesal interpuestos por Obrascon Huarte Laín S.A. (OHL) y Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. (AGOSH), HDI Global Sucursal en España, y AIG Europe Limited Sucursal España contra la sentencia de 20 de junio de 2019, dictada por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 206/2019. 2.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por OHL y AGOSH contra dicha sentencia. 3.º– Estimar los recursos de casación interpuestos por HDI y AIG contra la indicada sentencia, en el único sentido de establecer como día inicial del devengo de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro el 30 de octubre de 2009”.

D.2) Razonamientos que sustentan el fallo, referidos al seguro de responsabilidad civil

a) La suma asegurada y el límite indemnizatorio en relación con la práctica del mercado asegurador de los seguros por capas o tramos

a.1) Motivo del recurso de casación

El Fundamento de Derecho Décimo de la Sentencia comentada recoge el planteamiento del segundo motivo de casación de HDI referido a “la suma asegurada como límite de la indemnización” diciendo: “1.- El segundo motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1 y 27 LCS, en relación con la doctrina del enriquecimiento injusto. 2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente arguye, que la condena a HDI por encima del límite de cobertura de la póliza vulnera los mencionados preceptos de la LCS y supone un enriquecimiento injusto de AIG, que sería quien debería abonar esa suma excedida”.

a.2) Razones de la Sala para desestimarlo

Se reflejan en el Fundamento de Derecho Décimo de la Sentencia comentada que, entre otras cosas, dice: “4.- En relación con los límites indemnizatorios pactados y la posibilidad de múltiples reclamaciones, en la práctica es frecuente en casos de seguros de responsabilidad civil de grandes empresas -como aquí, del sector de la construcción o la ingeniería civil-, la suscripción de varias pólizas con la misma o diferentes aseguradoras por tramos (en el argot asegurador, por «capas«). Es decir, se contratan distintas capas que consisten cada una de ellas en una suma asegurada expresada en un límite y que se superponen unas a otras, operando «en exceso» (así se denomina expresamente la póliza contratada con AIG) cuando la cuantía total del siniestro sobrepasa el límite correspondiente. De tal manera que cuando un siniestro o un conjunto de siniestros supere el límite del primer tramo (capa), el segundo cubre la diferencia y el tercero la posible nueva diferencia resultante, etc. (cláusula Drop down o Step down ). 5.- En este caso, OHL tenía contratadas tres pólizas en este régimen de seguros por capas. La primera, con Vitalicio (posteriormente, Generali) con un límite hasta 6.000.000 €; la segunda, con HDI, con un tramo 6.000.000/30.000.000 €; y la tercera, con AIG, con un tramo de 30.000.000/50.000.000 €. 6.- En consecuencia, como según la sentencia recurrida, incólume en casación, no consta probado que HDI haya hecho pagos que, en conjunto, superen su límite asegurado (suma asegurada por capa o tramo), este motivo de casación también debe ser desestimado”.

El lector interesado en este aspecto puede ver las numerosas entradas que a él hemos dedicado (citamos, a modo de ejemplo, la de 31 de marzo de 2023 titulada: “¡CUIDADO CON EL OCUPA! Cobertura por la aseguradora de los daños causados en el inmueble por “vandalismo ocupacional”. Distinción entre interés y riesgo asegurado. Sentencia 338/2023, de 1 de marzo, del Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo”) y nuestra Guía del Contrato de Seguro, 2ª ed., Colección Monografías Aranzadi, Aranzadi, Cizur Menor (2022), ISBN: 978-84-1391-667-5, pág.179 y ss.).

b) La acción directa del tercero perjudicado

b.1) Motivo del recurso de casación

El Fundamento de Derecho Décimo Segundo recoge el planteamiento del primer motivo de casación de AIG referido a la “improcedencia de la acción directa contra la aseguradora” diciendo “1.- El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 73 LCS. 2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente argumenta, resumidamente, que Renfe no sufrió ningún daño material directo, sino que los daños materiales los sufrió ADIF. Los daños de Renfe eran indirectos (pérdida de ingresos por la suspensión del tráfico, coste de los trasbordos y devolución de billetes) y no estaban cubiertos en la póliza suscrita con AIG”.

b.2) Razones de la Sala para desestimarlo

Se reflejan en el Fundamento de Derecho Décimo Segundo de la Sentencia comentada que, entre otras cosas, dice: “3.- En consecuencia, no es correcto afirmar que los perjuicios reclamados por Renfe no estaban cubiertos por el contrato de seguro, puesto que se trataba de pérdidas económicas causadas por la paralización de la actividad, que constituye en sí misma un daño. El daño material debe ser apreciado en función del objeto dañado, que aquí era una actividad mercantil (el transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril), por lo que se manifiesta en su aspecto patrimonial y no estrictamente físico. Realmente, la cláusula distingue entre daños corporales (personales) y daños patrimoniales, que pueden ser directos sobre el propio objeto en que recaen o indirectos o consecuenciales, entre los que se incluyen los daños económicos reclamados en la demanda. Máxime si también encajan en el concepto de perjuicios descritos por la propia póliza. 4.- Razones por las cuales este motivo de casación debe ser desestimado”.

El lector interesado en este aspecto puede ver las numerosas entradas que a él hemos dedicado (citamos, a modo de ejemplo, la de 23 de octubre de 2023 sobre el “Contrato de seguro. Diferenciación entre cláusulas limitativas y delimitadoras, cuestionario de salud y acción directa: jurisprudencia reciente de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo”) y nuestra Guía del Contrato de Seguro cit. pág.250 ss.).

c) El día inicial del devengo de los intereses del art. 20 LCS

c.1) Motivo del recurso de casación

El Fundamento de Derecho Décimo Tercero recoge el planteamiento del segundo a cuarto motivos de casación de AIG , relativos a la “justificación de la exoneración de intereses. Día inicial del devengo”, diciendo: “1.- El segundo motivo de casación se interpone con carácter subsidiario al anterior y denuncia la infracción del art. 20.8 LCS. Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la falta de abono de la indemnización estaba justificada por una serie de discrepancias sobre el importe de los daños y su distribución entre las aseguradoras que hacía necesaria la intervención judicial”.

c.2) Razones de la Sala para estimarlo parcialmente

Llamamos especialmente la atención de nuestros lectores sobre estas razones por los dos motivos siguientes: Primero, porque conducen a estimar el motivo;  y, segundo, porque inciden en un aspecto crucial de la interpretación de nuestra LCS por polémico desde la perspectiva jurídica y transcendental desde el punto de vista económico, cual es el de los intereses sancionadores para las aseguradoras que recoge el art.20 de la LCS. Aspecto este sobre el que los lectores de este blog podrán encontrar numerosas entradas (puede consultar, a modo de ejemplo, la de 23 de octubre de 2023 sobre el “Seguro de Responsabilidad Civil Patronal. Daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. Absolución de las aseguradoras de la condena al pago de los intereses moratorios del art.20 de la LCS. Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo núm. 399/2023 de 6 junio”) y en nuestra Guía del Contrato de Seguro cit. pp. 156 y ss.).

Las razones de la Sala para estimar este motivo se reflejan en el Fundamento de Derecho Décimo Segundo de la Sentencia comentada que, entre otras cosas, dice «En definitiva, como señala la sentencia del Tribunal Supremo 317/2018, de 30 de mayo (RJ 2018, 2338), citada por la más reciente 419/2020, de 13 de julio: «[…] solamente cuando la intervención judicial sea necesaria para fijar el derecho a la indemnización y razonable la oposición de la compañía, ante la situación de incertidumbre concurrente, podrá nacer la causa justificada a la que se refiere el art. 20.8 LCS». De esta manera, se expresan igualmente las sentencias 56/2019, de 25 de enero; 556/2019, de 22 de octubre y 116/2020, de 19 de febrero». 2.- En este caso concurre una circunstancia específica, cual es que la propia perjudicada, Renfe, acudió al procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad previsto en el en el art. 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RCL 2000, 1380, 2126) , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con lo que consideramos que no puede adelantarse el devengo de intereses a una fecha anterior a la conclusión de ese procedimiento. Por el contrario, una vez que el Consejo de Administración de ADIF dictó la resolución de 30 de octubre de 2009, en la que dictaminó que la responsabilidad era de la UTE, sus aseguradoras deberían haber adoptado las medidas previstas en el art. 20.3º LCS, por lo que, al no haberlo hecho así, han incurrido en mora no justificable conforme al apartado 8º del mismo precepto. 3.- En consecuencia, deben estimarse los recursos de casación de HDI y AIG en el único sentido de establecer que el día inicial del cómputo de los intereses del art. 20 LCS será el 30 de octubre de 2009”.

Nota bibliográfica: Destacamos, una vez más, el utilísimo resumen de las Sentencias firmadas del 8 al 12 de enero de 2024 por la Sección 2 ª de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que elabora el Letrado del Gabinete Técnico de la Sala, Agustín Pardillo Hernández.