Seguro de defensa jurídica. La libre elección de abogado por el asegurado en sentido amplio. Sentencia 373/2019 del Tribunal Supremo

 

 La libre elección de abogado por el asegurado en el Seguro de defensa jurídica

En general, hay que distinguir la defensa jurídica del asegurado accesoria al seguro de responsabilidad civil que asume, en principio,  el asegurador, salvo pacto en contrario o conflicto de interés con el asegurado conforme al art.74 de la Ley de Contrato de Seguro de la defensa jurídica del asegurado como cobertura principal y autónoma en el seguro de defensa jurídica conforme al art.76 a) de la Ley de Contrato de Seguro.

Esta distinción básica se refleja en la facultad del asegurado de elegir abogado porque:

a) En el seguro de defensa jurídica es un derecho esencial del asegurado en los términos que establece el art.76.d) de la Ley de Contrato de Seguro cuando dice: “El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento. El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de Abogado y Procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato. El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador”.

b) En el seguro de responsabilidad civil, el asegurado gozará de aquella facultad de elegir abogado cuando se pacte en el contrato (lo que suele suceder, por ejemplo, en los seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos de sociedades, seguros D&O) o se presente una situación de conflicto de intereses con el asegurador, según prevé el pfo.2º del art.74 de la misma Ley de Contrato de Seguro cuando señala: “No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, éste comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza”.

 

La Sentencia 373/2019, de 27 de junio, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo

 Sobre la facultad del asegurado de elegir abogado en el seguro de defensa jurídica se ha pronunciado la Sentencia 373/2019, de 27 de junio, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (Rec. 2265/2016, Ponente: Baena Ruiz, Eduardo, LA LEY 91170/2019, ECLI: ES:TS:2019:2173) que, en una reclamación de los gastos ocasionados para la defensa jurídica de la demandante en un proceso derivado de un accidente de tráfico; estima el recurso de casación y la demanda al interpretar en sentido amplio la condición de asegurado a efectos de la atribución de la facultad de libre elección de abogado sobre la base de la interpretación “contra proferentem” de las cláusulas del contrato  (art.1288 del Código Civil) que,  respecto del alcance de la garantía de la defensa jurídica hacían mención al asegurado, conductor, propietario o tomador del vehículo, así como a los ascendientes, descendientes y cónyuge de cualquiera de ellos; contemplando de este manera la unidad familiar como asegurada. Pasamos a comentar esta Sentencia conforme al esquema habitual.

 

 Supuesto de hecho

 a) El Sr. X tenía suscrita una póliza de seguro de defensa jurídica.

b) El Sr. X y su esposa, la Sra, Y resultaron lesionados en un accidente de tráfico en el año 2004 por el que se incoaron diligencias previas 90/2005 en el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Novelda.

c) En un principio, la compañía aseguradora asumió la defensa jurídica en virtud de la póliza de seguro; pero, posteriormente el Sr. X y la Sra, Y procedieron a comunicar a la aseguradora la designación de abogado de su libre elección.

d) Finalizado el procedimiento por renuncia a las acciones que pudieran corresponderles, el letrado emitió minuta de honorarios por un importe de 13.155,56 euros.

e) El Sr. X y la Sra, Y remitieron la anterior minuta a la compañía aseguradora y esta última la rechazó por no quedar comprendida en la cobertura.

 

Conflicto jurídico

 a) La Sra, Y interpuso demanda contra la compañía aseguradora por la suma de 15. 810,82 euros, que era el importe cubierto por la póliza de seguro suscrita por su esposo para la defensa jurídica.

b) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Novelda, dictó sentencia el 18 de septiembre de 2015 que desestimó la demanda con base en la dicción literal de las cláusulas conforme a las cuales solo el asegurado era quien tenía reservada la facultad de libre designación de profesionales sin hacer ninguna mención expresa a otra persona, pues los familiares, incluyendo el cónyuge, pueden servirse de los servicios de la aseguradora pero ni el contrato ni la ley les habilitan para designar libremente profesionales y reclamar en el seno del contrato de seguro sus honorarios a la aseguradora.

c) La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante dictó sentencia el 11 de mayo de 2016 desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Y al considerar que no cabía una interpretación tan amplia como la que pretendía la apelante para incluir dentro de la cobertura de la póliza las reclamaciones del cónyuge del asegurado frente a la propia aseguradora, ya que no era propietaria, conductora ni tomadora del seguro y, por ello, no estaba cubierta por el seguro de defensa jurídica la designación libre de profesionales por la demandante.

d) La demandante, Sra, Y interpuso recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal. El recurso de casación se basó en la infracción por inaplicación de los arts.1256, 1258 y 1288 del Código Civil y la vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo referida a la interpretación de los contratos, especialmente por no aplicación de la doctrina jurisprudencial contra proferentem vel stipulatorem (SSTS n.º 375/2011 de 17 de mayo , n.º 63/2008 de 28 de enero) y por otros motivos.

 

Doctrina jurisprudencial

En su fallo, la Sentencia 373/2019 del Tribunal Supremo acuerda desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de casación, asumiendo la instancia y estimando la demanda de la Sra, Y contra la compañía aseguradora en todas sus pretensiones conforme a un discurso lógico que pasa por tres fases:

 

a) Presupuesto: la distinción de la defensa jurídica del asegurado accesoria al seguro de responsabilidad civil de la defensa jurídica del asegurado como cobertura principal y autónoma en el seguro de defensa jurídica y la ubicación del caso en este último supuesto

 El Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia 373/2019 parte de una declaración doctrinal de la sentencia de primera instancia que reproduce del siguiente modo:

«Con carácter general, la dirección jurídica del asegurado puede ser asumida por la aseguradora a través de dos instrumentos contractuales, a saber, de un lado, en función del seguro de responsabilidad civil, y de otro, en virtud del seguro de defensa jurídica: el primero se rige por el art. 74 de la Ley de contrato de Seguro, y el segundo por la regulación comprendida en la misma Ley a partir de la reforma operada por la Ley 19 de diciembre de 1990 en el art. 76 a) a  76 g). En el primero de los supuestos el asegurador, salvo pacto en contrario, asumirá la dirección jurídica frente a las reclamaciones del asegurado, y en el segundo de los supuestos rige el principio de libre elección de profesionales o la asunción por el propio asegurador de tal obligación. La diferencia entre ambas modalidades es que la primera forma parte y es accesoria del seguro de responsabilidad civil, mientras que la segunda se conforma como un contrato de seguro autónomo, exigiéndose que sea objeto de un contrato independiente, y en el supuesto de que se incluya en el de responsabilidad civil, que se configure en un capítulo aparte dentro de la póliza única, especificándose el contenido de la defensa jurídica garantizada, más amplia sin duda que en el caso anterior, así como la prima que corresponde. (…) De lo anterior colige, en atención a los términos de la póliza, que nos encontramos ante el segundo supuesto, esto es, que se incluye el abono de los gastos que comporta un profesional de libre designación, siéndole de aplicación el art. 76 a) LCS”.

 

b) La interpretación conjunta de las cláusulas del contrato ex art.1285 del Código Civil

El Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia 373/2019 sigue su razonamiento aplicando el criterio de interpretación conjunta o sistemática establecido en el artt.1285 del Código Civil cuando dice:

“El art. 76 d) de la LCS, que es el que reconoce la libre elección de abogado y procurador en el seguro de defensa jurídica, concede ese derecho de elección al asegurado, pero es necesario acudir a los términos de la póliza para determinar la persona física o jurídica asegurada en cada caso. (…)  En el art. 6.1.1, que especifica y contiene el alcance de la garantía de la defensa jurídica, hace mención al asegurado, conductor, propietario o tomador del vehículo, así como a sus ascendientes, descendientes y cónyuge de cualquiera de ellos. (…) A todos ellos les garantiza el pago de los gastos ocasionados para la defensa jurídica en que puedan incurrir como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral derivado de accidente de circulación, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial. (…) Esto es, contempla la unidad familiar como asegurada en la defensa jurídica, por lo que no sería razonable que la mención del asegurado para la libre elección de abogado y procurador para su defensa y representación no comprendiese a las personas que tengan un interés económico en el siniestro, contempladas en el clausulado citado, esto es, quienes hubiesen sufrido un quebranto económico con ocasión de él y se le haya garantizado su defensa. (…) Se daría el contrasentido de que el asegurado, a quien circunscribe la elección de abogado la parte recurrida, tuviese una dirección letrada y su cónyuge otra, la de la aseguradora, con diversidad de criterio a la hora de litigar o transigir sobre el siniestro. (…) Tal es así que otras pólizas huyendo de la oscuridad de la de autos, garantiza las mismas prestaciones a las mismas personas pero deja claro que se asegura la «unidad familiar». (…) 4.- Por tanto, no cabe una interpretación como la que postula la parte recurrida y hace suya la sentencia de apelación, pues incurría en el desconocimiento de la regla de las cláusulas sorprendentes y, más en concreto, de las expectativas razonables del asegurado. (…) Este, tras la lectura de las personas garantizadas por el contrato, no podría esperar que él pudiese elegir abogado y su cónyuge no, obligándoles a una doble defensa en un supuesto en que ambos son víctimas de un siniestro en el que la responsabilidad civil es de un tercero. Lo contrario los abocaría a peligros y contradicciones evidentes, cuando entre ellos no existe conflicto de intereses. Tan es así que la minuta (documento 8 de la demanda) se extiende a nombre de ambos”.

 

c) La interpretación de las cláusulas del contrato favorable al adherente ex art.1288 del Código Civil

 El Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia 373/2019 remata su razonamiento aplicando el criterio de interpretación favorable al adherente establecido en el art.1288 del Código Civil cuando dice:

“En consecuencia, la calificación del contrato de seguro como contrato de adhesión lleva a la sala a aplicar la regla de «interpretatio contra preferentem» (art. 1288 CC), conforme a la cual la interpretación de las condiciones contractuales oscuras predispuestas por el asegurador nunca podrá beneficiar a este y perjudicar al asegurado (STS 20 de diciembre de 2002, entre otras), que sería el caso de autos”.

 

P.D.: El lector interesado en esta materia puede ver nuestro comentario al art.76.d) de la LCS en “Seguro de defensa jurídica” (Comentario a Sección 9ª del Título II de la Ley de Contrato de Seguro) dentro de la obra “Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones” (dir. Sánchez Calero, F.), Editorial Aranzadi, Cizur Menor 2010, pág.1901 y ss.; así como nuestra “Guía del Contrato de Seguro”, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2018, pág.137 y ss.; así como la entrada de este blog de 12 de febrero de 2018 sobre “Arbitraje y seguro de defensa jurídica. El Pleno del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 1/2018, declara nulo, por inconstitucional, el arbitraje obligatorio establecido en el art.76.e) de la Ley de Contrato de Seguro”.