Declaración de IOSCO de 21 de diciembre de 2015 sobre la regulación del “crowfunding” (las plataformas de financiación participativa)

La restricción de las fuentes tradicionales de financiación –preferentemente bancaria- que derivó de la crisis financiera de 2008 hizo que surgieran nuevos métodos de financiación identificados generalmente como “crowfunding”,  asentados en plataformas tecnológicas accesibles vía internet y dirigidos especialmente a las pequeñas empresas que desarrollan negocios innovadores (start-ups), las cuales han sido fomentadas por los legisladores de todos los países desarrollados.

Aun cuando las regulaciones de estos fenómenos de “crowfunding” son incipientes y muestran muy diversos grados de desarrollo, el Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO) ha estimado conveniente hacer una Declaración sobre la regulación del Corwfunding (“Statement on Addressing Regulation of Corwfunding”) de 21 de diciembre de 2015.

Esta Declaración parte de la base del Informe de las Respuestas de la Revisión de 2015 sobre Crowfunding (“Corwfunding 2015 Survey Responses Report”, FR29/2015, December 2015) que la OICV/IOSCO publicó el mismo 21 de diciembre de 2015. En este informe se muestran los tipos de respuestas regulatorias que se han dado al fenómeno y que ven desde la aplicación de la regulación general del mercado de valores, a la adaptación flexible de aquella regulación, pasado por regímenes específicos “ad hoc” del fenómeno.

El punto crucial de ambos documentos es la identificación de los riesgos para la protección del inversor que participa en estas estructuras de “crowfunding” y que son: el riesgo de insolvencia, el alto grado de negocios de innovación que resultan fallidos, las crisis de las propias plataformas de financiación participativa, la utilización de tales plataformas para el fraude, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, las falta de liquidez, la asimetría de la información y la inexperiencia de los inversores.

Dado que la OICV/IOSCO constata que la regulación internacional del “crowfunding” se encuentra en un estadio infantil, cuando no embrionario, puesto que en muchos países no se han promulgado normas específicas al respecto; no propone un enfoque internacional común de regulación y supervisión del fenómeno, sino que considera prudente identificar los riesgos y esperar los efectos de las diferentes regulaciones.

Visto lo anterior, es importante recordar que España es uno de los países que cuenta con regulación específica del “crowfunding” donde las plataformas de financiación participativa están reguladas en el Título V (arts.48 a 93) de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, al que quedan sujetas las plataformas de financiación participativa que ejerzan su actividad típica en territorio nacional, así como la participación en ellas de los inversores y promotores, excluyéndose expresamente algunos supuestos (art.47).

La noción legal de las plataformas de financiación participativa es la de aquellas empresas autorizadas para desarrollar la actividad consistente en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores.

La regulación de estas plataformas sigue las 4 fases típicas de todo intermediario financiero, a saber: la tipificación legal de su actividad que constituye la noción antes mencionada, su reserva a favor de las empresas autorizadas y la exigencia de que éstas empresas cumplan determinadas condiciones de acceso y de ejercicio de su actividad típica. En concreto, la reserva de la actividad se establece a favor de las plataformas de financiación participativa que hayan obtenido la preceptiva autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro de la CNMV y se extiende a su denominación «plataforma de financiación participativa», así como a su abreviatura «PFP» que únicamente podrán usar dichas empresas, las cuales deberán incluirla en su denominación social. Esta reserva se refuerza mediante los mecanismos habituales de prohibición a toda persona, física o jurídica, que no este autorizada ni registrada como plataforma de financiación participativa del ejercicio de las actividades legalmente reservadas a las mismas y la utilización de sus denominaciones propias o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión con ellas; así como mediante la denegación por el RM y los demás registros públicos de la inscripción de aquellas empresas cuya actividad, objeto social o denominación vulnere la reserva de actividad o de denominación (el lector interesado en profundizar en la materia puede ver nuestro Manual de Derecho del Mercado Financiero, Ed. Iustel, Madrid 2015, pág.486 y ss.).