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Alquiler de automóviles de larga duración. Leasing: exclusión de los servicios financieros. Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2023 (asunto C‑278/22)

El 21 de diciembre de 2023, la Sala Quinta del TJUE dicto su Sentencia en el asunto C‑278/22 resolviendo un procedimiento prejudicial derivado del litigio entre AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (Autotechnica»), y la Agencia de Supervisión de los Servicios Financieros de la República de Croacia.

En esta Sentencia el TJUE se pronuncia sobre la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios a la luz de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE para precisar, en el caso litigioso, el alcance de la exclusión de los servicios financieros para determinar, en particular, que el alquiler de automóviles de larga duración no se integra en la categoría de los servicios sometidos a autorización previa.

A) Importancia práctica de la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2023

Procedemos a comentar esta Sentencia que tiene una gran importancia práctica perceptible “de primera mano” cuando vemos nuestras calles inundadas de automóviles eléctricos compartidos, bicicletas, patinetes y todo tipo de artefactos (mucho nos tememos que, en un futuro inmediato, nos cruzaremos con una Cuadriga del Circo Máximo de alquiler compartido cuando vayamos al trabajo). Pues bien, la importancia práctica de la Sentencia que nos disponemos a comentar procede de que sienta jurisprudencia europea sobre el alquiler de automóviles de larga duración y el leasing que son otras tantes estructuras jurídicas básicas de la sana camaradería en el uso compartido de estos artefactos que descansa, en ocasiones, sobre estructuras jurídicas de alquiler y leasing (bien es cierto que de corta duración).

A lo anterior podemos añadir, en nuestro país, la relevancia patológica que están adquiriendo las cuestiones prejudiciales sometidas al criterio del TJUE por los tribunales nacionales de los Estados miembro de la UE ante los “tambores de guerra” que se escuchan ante la aprobación de la ley de amnistía inconstitucional y antieuropea.

B) Identificación de la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2023

La petición de decisión prejudicial se presentó en el contexto de un litigio entre AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anteriormente ANTERRA d.o.o. (“Autotechnica”), y la Agencia de Supervisión de los Servicios Financieros de la República de Croacia (Hrvatska agencija zanadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (“Agencia”), en relación con una Resolución por la que se prohíbe a Autotechnica ejercer actividades de leasing sin haber obtenido previamente la autorización de la Agencia.

C) Normas interpretadas por la Sentencia

Esta Sentencia resuelve la petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Zagreb (Upravni sud u Zagrebu) que tuvo por objeto la interpretación dos tipos de normas de la UE que son:

a) La normativa general relativa a los servicios en el mercado interior

Esta normativa general deriva del artículo 49 TFUE y de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, (DOUE 2006, L 376, p. 36). Podemos identificar en esta normativa una regla general y dos excepciones:

a.1) La regla general nos dice que el acceso a una actividad de servicios es libre.

a.2) La primera excepción -de carácter general- consiste en que el acceso a una actividad de servicios debe quedar supeditada a la autorización de las autoridades competentes cuando su control a posteriori no sería eficaz y, en este caso, los criterios de autorización deberán respetar los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.

a.3) La segunda excepción -de carácter especial- consiste en que los servicios financieros están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE.

A estos efectos, la Sentencia transcribe los siguientes pasajes de la Directiva 2006/123/CE: Sus considerandos 18, 33 y 54; su artículo 1.1; su artículo 2.1 y 2; parte de su artículo 4; parte de sus artículos 9 y 10; y se refiere a sus artículos 11 a 13 que versan, respectivamente, sobre la duración de la autorización, la selección entre varios candidatos y los procedimientos de autorización.

b) La normativa especial sobre los servicios financieros

La Sentencia interpreta esta normativa a la luz de lo dispuesto en la ya derogada Directiva 2013/36/UE y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DOUE 2013, L 176, p. 1). Esta normativa se rige por la regla general -sin excepciones- de la necesaria autorización para acceder a la prestación de servicios financieros. 

D) Supuesto de hecho y conflicto jurídico del litigo subyacente

Sobre la base de los apartados 21 a 27 de la Sentencia comentada que versan sobre el “litigio principal y cuestiones prejudiciales” podemos ofrecer la siguiente síntesis cronológica del Supuesto de hecho y conflicto jurídico del litigo subyacente:

a) Autotechnica es una sociedad registrada en Croacia para el ejercicio de las actividades de «leasing de vehículos automóviles», de «alquiler y leasing de vehículos de turismo y camiones (con y sin conductor)», así como de «alquiler y leasing de bicicletas, motocicletas, etc.». Es una sociedad filial de una sociedad matriz establecida en otro Estado miembro de la Unión Europea que presta, en ese Estado miembro, servicios del mismo tipo.

b) A raíz de una inspección, la Agencia determinó que Autotechnica había celebrado tres contratos de alquiler de larga duración para un total de cuatro vehículos y que, a continuación, a petición expresa de sus clientes, había adquirido dichos vehículos del proveedor, convirtiéndose en propietaria de los mismos y cediendo su uso a los clientes.

c) Habida cuenta de estos datos, la Agencia consideró que Autotechnica ejercía una actividad de leasing, con arreglo a la Ley sobre el leasing, sin disponer de una autorización válida. En consecuencia, mediante resolución de 14 de febrero de 2019, prohibió a Autotechnica llevar a cabo tales operaciones.

d) Autotechnica interpuso recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Zagreb (Croacia) solicitando la anulación de dicha resolución. Alegó que se habían vulnerado los derechos que le atribuye el Derecho de la Unión, puesto que la República de Croacia no podía asimilar el leasing operativo a un servicio financiero, de modo que la prestación de tales servicios no debiera estar sujeta a la supervisión de la Agencia.

e) El tribunal remitente señala que el anexo I de la Directiva 2013/36, en su versión en croata, se refiere exclusivamente al “arrendamiento financiero” y no cubre el “leasing operativo”; al que sería entonces conveniente aplicar -mediante un razonamiento a contrario sensu- las disposiciones de la Directiva 2006/123. Estima que del considerando 33 y del artículo 2 de esta última Directiva se desprende que esta abarca un amplio elenco de servicios, incluido el alquiler de automóviles, que, en su opinión, puede considerarse un servicio de leasing operativo. El tribunal remitente añade que la normativa croata controvertida en el litigio principal puede impedir o disuadir a Autotechnica y a las personas de otros Estados miembros que deseen establecerse en Croacia de ejercer actividades comerciales de alquiler o de leasing operativo, lo que tiene como resultado que dicha normativa podría ser contraria a las exigencias derivadas del artículo 49 TFUE.

f) En tales circunstancias, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Zagreb) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales, que se resuelven en la Sentencia que comentamos.

E) Las dos declaraciones del TJUE y los razonamientos que las sustentan

Advertimos el lector de que las dos declaraciones que hace la Sentencia comentada atienden al principio regla general/excepción y, por ello, admiten la interpretación “a contrario sensu” en ambos casos.

E.1) Los servicios prestados por una empresa en virtud de un contrato de alquiler de larga duración de automóviles adquiridos por el arrendador a petición del arrendatario con la finalidad de arrendárselos a cambio del pago de una renta no son «servicios financieros» a menos que reúnan las características típicas del arrendamiento financiero o leasing

E.1.1) La declaración

La Sala Quinta del Tribunal de Justicia declara: “1) El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados en virtud de un contrato de alquiler de larga duración de automóviles adquiridos por el arrendador a petición del arrendatario con la finalidad de arrendárselos a cambio del pago de una renta no son «servicios financieros» en el sentido de dicha disposición, a menos que: el contrato de alquiler vaya acompañado de la obligación de compra del vehículo al término del período de alquiler; las rentas que el arrendatario abona en virtud de dicho contrato tengan por objeto permitir al arrendador amortizar totalmente los costes en los que haya incurrido al adquirir el vehículo, o dicho contrato transfiera los riesgos relacionados con el valor residual del vehículo al término de ese contrato”.

E.1.2) El razonamiento jurídico que fundamenta la declaración

Podemos exponer este razonamiento jurídico en forma de silogismo clásico que pasa por los tres enunciados siguientes:

a) Premisa mayor: En el Derecho de la UE, un contrato de servicio financiero de crédito se caracteriza porque se inscribe en una lógica de financiación o de pago aplazado, mediante fondos o plazos o facilidades de pago puestos a disposición del consumidor por el comerciante a tal fin.

b) Premisa menor: En el Derecho croata, el leasing, operativo o financiero, se distingue del simple contrato de arrendamiento de larga duración por el hecho de que el arrendador no es el propietario original del bien arrendado.

c) Conclusión: Los servicios prestados por una empresa en virtud de un contrato de alquiler de larga duración de automóviles adquiridos por el arrendador a petición del arrendatario con la finalidad de arrendárselos a cambio del pago de una renta no son «servicios financieros» a menos que reúnan las características típicas del arrendamiento financiero o leasing

E.2) La normativa de un Estado miembro no puede exigir la autorización para la prestación de servicios de alquiler de automóviles de larga duración en el marco de un contrato que no tiene como objeto la prestación de servicios financieros, salvo que los requisitos y restricciones exigibles a los profesionales que prestan tales servicios satisfagan las condiciones y los criterios generales de la Directiva 2006/123

E.2.1) La declaración

La Sala Quinta del Tribunal de Justicia declara: “2) Los artículos 9, apartado 1, y 10, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que, por un lado, establece un régimen de autorización, en el sentido del artículo 4, punto 6, de dicha Directiva, para la prestación de servicios de alquiler de automóviles de larga duración en el marco de un contrato que no tiene como objeto la prestación de servicios financieros, en el sentido del artículo 2,apartado 2, letra b), de dicha Directiva, y, por otro lado, atribuye a la autoridad nacional encargada de la gestión de ese régimen la facultad de imponer requisitos y restricciones a los profesionales que prestan tales servicios, a menos que el citado régimen cumpla los requisitos previstos en los artículos 9, apartado 1, y 10, apartados 1 y 2, de esa Directiva”.

E.2.2) El razonamiento jurídico que fundamenta la declaración

Este razonamiento jurídico es susceptible de ser expuesto en forma de silogismo clásico que pasa por los tres enunciados siguientes:

a) Premisa mayor: toda medida nacional adoptada en un ámbito armonizado con carácter exhaustivo en el Derecho de la Unión debe apreciarse a la luz de las disposiciones de la medida de armonización (en este caso, los artículos 9 a 13 de la Directiva 2006/123, que llevan a cabo una armonización exhaustiva de los servicios), sin que resulte pertinente recurrir a las disposiciones del Derecho primario (en este caso, el artículo 49 TFUE, relativo a la libertad de establecimiento).

b) Premisa menor: el tribunal nacional debe verificar si el régimen nacional de autorización de servicios reúne las condiciones y los criterios del régimen de autorización establecidos en la Directiva 2006/123.

c) Conclusión: La normativa de un Estado miembro no puede exigir la autorización para la prestación de servicios de alquiler de automóviles de larga duración en el marco de un contrato que no tiene como objeto la prestación de servicios financieros, salvo que los requisitos y restricciones exigibles a los profesionales que prestan tales servicios satisfagan las condiciones y los criterios generales de la Directiva 2006/123.

Nota bibliográfica: el lector interesado en la regulación del arrendamiento financiero o leasing en el Derecho español puede consultar nuestro Manual de Derecho del Mercado Financiero, Colección Manuales, Ed. Iustel, 1ª Edición, ISBN: 978-84-9890-287-7, Madrid (2015), pp. 238 a 242 donde decimos: “El leasing cumple una función económica de financiación y, por ello, se integra dentro de los contratos de financiación que forman parte de la categoría genérica de los contratos de crédito. En concreto, se trata de facilitar a los empresarios o en su caso a los particulares, el disfrute de bienes y, además, posibilitar la adquisición de los mismos, si fuera de su interés. En nuestro Derecho positivo (Disp. Ad. Tercera.1 LOSSEC), tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos “contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas”.