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Greenwashing: La Comisión europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores inician medidas contra veinte compañías aéreas por prácticas engañosas de blanqueo ecológico. La fuerza expansiva del greenwashing como arma de competencia empresarial

El pasado martes 30 de abril de 2024, la Comisión europea anunció que, junto a las autoridades nacionales de protección de los consumidores, iniciaba medidas contra veinte compañías aéreas por prácticas engañosas de blanqueo ecológico. Dado que tanto en este blog como fuera de él nos hemos venido ocupando del denominado blanqueo ecológico, ecoimpostura o “greenwashing (el lector interesado puede consultar la nota bibliográfica final) daremos cuenta sintética de tan relevante noticia en el seno de la UE. Al tiempo, esta noticia nos sugiere algunas reflexiones sobre la fuerza expansiva del greenwashing como arma de competencia empresarial. Procedemos en consecuencia.

A) Las medidas de la Comisión Europea

1. El alcance y la finalidad de las medidas

A raíz de una denuncia de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores, la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE [Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC)] han remitido cartas a veinte compañías aéreas señalando varios tipos de alegaciones medioambientales potencialmente engañosas e invitándolas a adaptar sus prácticas a la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores en un plazo de treinta días (ver Comisión Europea. Comunicado de prensa: “La Comisión y las autoridades nacionales de protección de los consumidores inician medidas contra veinte compañías aéreas por prácticas engañosas de blanqueo ecológico”. Bruseals, 30 de abril de 2024).

La actuación tiene por objeto velar por la armonización de las prácticas comerciales en todo el sector del transporte aéreo con el Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores, mediante la necesaria fundamentación y notificación de las alegaciones medioambientales voluntarias.

2. La autoría de las medidas

Estas medidas responden a una iniciativa en la que se coordinan los dos niveles de la UE:

a) El nivel centralizado de la Comisión Europea.

b) El nivel descentralizado de las autoridades nacionales de protección de los consumidores: la red CPC, dirigida por la Dirección General de Inspección Económica de Bélgica, la Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos, la Autoridad de los Consumidores de Noruega y la Dirección General de Consumo de España. La red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) es una red de autoridades responsables del cumplimiento del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores.

En virtud del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, y con la coordinación de la Comisión Europea, pueden tomar medidas para resolver problemas transfronterizos a escala de la UE. Además, en el mismo marco, asociaciones de consumidores como la Oficina Europea de Uniones de Consumidores pueden publicar alertas sobre amenazas nuevas en el mercado y, a continuación, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento pueden acceder directamente a su información. En este caso, la investigación se inició a raíz de una alerta de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores.

3. La identificación por las autoridades de varios tipos de alegaciones medioambientales potencialmente engañosas

En cuanto se refiere al contenido de estas medidas, las cartas se han centrado en los dos elementos típicos del greewashing que son:

a) Las alegaciones injustificadas de las compañías aéreas -porque no han aclarado si tales alegaciones pueden fundamentarse en pruebas científicas sólidas- de que las emisiones de CO2 causadas por un vuelo podrían compensarse mediante proyectos en materia de clima o mediante el uso de combustibles sostenibles.

En concreto, La Comisión Europea y la red CPC han detectado diferentes tipos de prácticas potencialmente engañosas por parte de veinte compañías aéreas, por ejemplo: crear la impresión incorrecta de que el pago de una tasa suplementaria para financiar proyectos en materia de clima con menos impacto medioambiental o para apoyar el uso de combustibles de aviación alternativos puede reducir o contrarrestar plenamente las emisiones de CO2; utilizar el término «combustibles de aviación sostenibles» (CAS) sin justificar claramente el impacto medioambiental de tales combustibles; utilizar los términos «verde», «sostenible» o «responsable» de manera absoluta, u otras alegaciones medioambientales implícitas; afirmar que la compañía aérea está avanzando hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) o hacia cualquier comportamiento medioambiental futuro, sin compromisos ni objetivos claros y verificables, y sin un régimen de supervisión independiente; presentar a los consumidores una «calculadora» de emisiones de CO2 de un vuelo concreto, sin aportar pruebas científicas suficientes sobre si tal cálculo es fiable y sin la información sobre los elementos utilizados para realizarlo; presentar a los consumidores una comparación de los vuelos en relación con sus emisiones de CO2, sin proporcionar información suficiente y exacta sobre los elementos en los que se basa la comparación.

b) El incremento de costes asociado, porque las compañías aéreas pretenden que los consumidores pudieran contribuir mediante el pago de tasas suplementarias.

4. La invitación a adaptar sus prácticas a la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores en un plazo de treinta días

Las autoridades temen que las prácticas detectadas pueden considerarse acciones u omisiones engañosas, las cuales están prohibidas en virtud de los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

Es por ello por lo que la Comisión Europea y las autoridades CPC han invitado a las empresas a dar una respuesta en un plazo de treinta días, exponiendo las medidas propuestas para dar respuesta a las reservas derivadas de sus alegaciones medioambientales con fines de comercialización en virtud del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores.

Tras recibir las respuestas de las empresas, la Comisión Europea organizará reuniones con la red CPC y las compañías aéreas para debatir las soluciones propuestas por esas compañías. Además, la Comisión supervisará el cumplimiento de los cambios acordados.

Si las compañías aéreas afectadas no adoptaran las medidas necesarias para resolver los problemas planteados en la carta, las autoridades CPC podrían decidir adoptar medidas coercitivas, incluidas sanciones.

5. El contexto normativo de las medidas

El contexto normativo de las medidas es amplio y complejo y se integra por los siguientes documentos que cebe ordenar de mayor a menor generalidad y antigüedad:

a) Mediante el Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea publicó en 2019 su plan de acción estratégico para impulsar el uso de recursos más sostenibles, avanzando hacia una economía circular, la recuperación de la biodiversidad y la disminución de la contaminación.

b) Mediante la Nueva Agenda del Consumidor, la transición ecológica se ha fijado como una prioridad, junto con la necesidad de dotar mejor a los consumidores de información clara y fidedigna sobre el impacto medioambiental de un producto o servicio. También exige proteger mejor a los consumidores frente a las alegaciones engañosas relacionadas con el clima, una práctica que se suele llamar «blanqueo ecológico».

c) Los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior prohíben las prácticas comerciales desleales en forma de acciones u omisiones engañosas.

d) La Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior facilita información concreta sobre las alegaciones medioambientales que deben considerarse engañosas.

e) La Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica prohíbe explícitamente las alegaciones, sobre la base de la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y también define los requisitos que debe observar un comerciante al efectuar alegaciones sobre el comportamiento medioambiental futuro de un producto.

f) La propuesta de la Comisión Europea de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (Directiva sobre alegaciones ecológicas) de marzo de 2023, dispone que los Estados miembros velen por que los comerciantes lleven a cabo una evaluación para justificar alegaciones medioambientales explícitas. Por lo que se refiere, en particular, a las alegaciones en materia de compensación, los comerciantes deben ser transparentes sobre qué parte de tal compensación se refiere a sus propias operaciones y qué parte se basa en la compra de compensaciones.

B) La fuerza expansiva del greenwashing como arma de competencia empresarial: el caso de la demanda de Iberdrola contra Repsol

Como señalamos al comienzo de esta entrada, la noticia de que la Comisión europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores han iniciado una serie de medidas contra veinte compañías aéreas por prácticas engañosas de blanqueo ecológico nos ha sugerido de inmediato la fuerza expansiva del greenwashing como arma de competencia empresarial de la que ya hemos tenido prueba cumplida en nuestro país a raíz de la noticia que salto a la prensa el pasado día 18 de marzo de 2024 de que “Iberdrola denuncia en los juzgados a Repsol por competencia desleal y la acusa de ‘greenwashing’” (de ella nos hacíamos eco en la entrada de este mismo blog del pasado 11 de abril de 2024 sobre la “Transparencia sostenible: Documentos de la CNMV y del Gobierno sobre transparencia sostenible”). En ella dejábamos constancia de que el greenwashing se está convirtiendo en arma competencial entre empresas y, especialmente, entre sociedades anónimas cotizadas; a propósito del documento de la CNMV de 4 de abril de 2024 sobre las preferencias de sostenibilidad de los clientes.

Entonces destacábamos un indicio poderoso del greenwashing como arma de competencia empresarial en la demanda de Iberdrola contra Repsol, presentada ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander, por “competencia desleal y publicidad engañosa”, al considerar que ha incurrido en ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico. En dicha demanda -según los titulares de prensa- Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes; así como de centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales.

Por último no queremos dejar de advertir que las medidas de la Comisión europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores contra veinte compañías aéreas por prácticas engañosas de blanqueo ecológico forman parte de la aplicación de las normas de competencia de la Unión por las autoridades públicas (public enforcement): que conviven con las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de tales normas (private enforcement) y ambas forman parte integrante del sistema de aplicación de estas normas, que tiene por objeto sancionar los comportamientos de las empresas contrarios a la competencia y disuadirlas de incurrir en ellos ( sentencia de 14 de marzo de 2019 (JUR 2019, 83425)  Skanska Industrial Solutions y otros, C-724/17, EU:C:2019:204, apartado 45) (así se manifiesta el apartado 37 de la Sentencia del TJUE (Gran Sala), de 6 octubre 2021. Caso Sumal, S. L. contra Mercedes Benz Trucks España, S. L.). Tal y como indicamos en la entrada de este blog del pasado día 15 de abril de 2024 sobre las “Tres facetas de los grupos de sociedades en la jurisprudencia reciente del TJUE: Seminario de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga”.

Nota bibliográfica: el lector interesado en profundizar sobre esta materia puede consultar las dos entradas de este blog de los pasados días 3 y 4 de abril sobre El consumo sostenible en la UE: Sostenibilidad engañosa, ecoimpostura y obsolescencia temprana: la Directiva (UE) 2024/825 ; así como la entrada de 11 de abril de 2024 sobre “Transparencia sostenible: Documentos de la CNMV y del Gobierno sobre transparencia sostenible”. Al igual que podrá consultar nuestros estudios sobre el “Decálogo europeo del consumo sostenible y de la batalla contra el greewashing” que se publicará en el Diario La Ley el próximo día 6 de mayo y sobre de “La sostenibilidad transparente y la batalla europea contra el blanqueo ecológico. Breve comentario de la Directiva 2024/825” que se publicará en el número de mayo de La Ley UE. Asimismo, puede consultar las entradas de este blog de 6 de mayo de 2022 titulada “Consumo sostenible, blanqueo ecológico (“green washing”) y obsolescencia programada: Los nuevos paradigmas de la regulación del consumo en la UE: monografía de la Editorial Reus sobre “La nueva normativa de consumo en España y en la Unión Europea” en la que dábamos noticia de la publicación de nuestra monografía sobre “La nueva normativa de consumo en España y en la Unión Europea” (Madrid 2022, 131 pp. ISBN: 978-84-290-2629-0) por la Editorial Reus, dentro de su Colección de Derecho del Consumo.