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Crédito bancario al consumidor: Una valiosa monografía del notario Ubaldo Nieto Carol

Hace unos días cayo entre mis manos -por amable obsequio de su autor- la valiosa monografía del Notario de Valencia y querido amigo, Ubaldo Nieto Carol sobre el Crédito bancario al consumidor publicada por la Editorial Tirant Lo Blach, en Valencia este mismo año 2024. Debo empezar esta recensión declarando que la antigua y profunda amistad que me une al autor no nublará mi entendimiento al referirme a la obra.

Conviene comenzar por dejar constancia de que el autor, como le ocurre a quien suscribe, pertenecemos a la selecta -por escasa- estirpe de los “Viejos Roqueros del Derecho bancario” que crecimos en el conocimiento de esta compleja materia amparados bajo la sombra amplia, generosa y frondosa del maestro Fernando Sánchez Calero. En efecto, la obra de la que damos cuenta se encuadra dentro de una de las grandes líneas de investigación y de experiencia profesional de su autor; quien, en sus 34 años de vida profesional, investigadora y docente, se ha dedicado al Derecho bancario como una de las áreas fundamentales. En esta línea, destaca su obra Transparencia y protección de la clientela bancaria (Thomson Reuters Aranzadi, 2016) que trajo causa directa de su Tesis doctoral titulada Contratos bancarios de financiación. Contenido económico. Transparencia y protección de la clientela, leída en el año 2015).

Esta nueva sobre monografía sobre el Crédito bancario al consumidor   puede considerarse complementaria de la obra anterior porque el autor concentra su atención en el crédito bancario al consumidor; materia en que -a su juicio- “los árboles no nos han dejado ver el bosque” porque, al referirse a este tipo de crédito, gran parte de los estudios se han centrado en las cláusulas abusivas insertas en los contratos; sin tomar en consideración que existe un gran número de contratos de este tipo con un volumen global muy importante y gran trascendencia social que tienen un régimen jurídico muy completo que deriva de sucesivas Directivas europeas y su consiguiente transposición al Derecho interno.

En este sentido, el autor identifica la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo y sus posteriores modificaciones por la Directivas 90/88/CEE, de 22 de febrero de 1990 y 98/7/CE, de 16 de febrero de 1998, del Parlamento Europeo y del Consejo. Aquella fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo modificada por la Directiva 2011/90/UE, de la Comisión de 14 de noviembre de 2011.

En cuanto al Derecho español se refiere, la primera dio lugar a la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (LCC-1995) y la segunda a la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC) que deroga y sustituye la Ley anterior. Aquí se pretende analizar en profundidad esta normativa sustantiva huyendo en lo posible de todo lo referente a las cláusulas abusivas incluidas en los mismos y que han dado lugar a una extensa jurisprudencia y doctrina. Esto no es óbice para que al analizar algún tema tengamos que verlo desde la perspectiva de este tipo de cláusulas.Advierte el autor que esta LCCC será objeto de modificación o tal vez de una nueva redacción cuando se transponga a nuestro Derecho interno la Directiva 2023/2225/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023 relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de octubre de 2023. Quedará así derogada esta última con efectos de 20 de noviembre de 2026. El plazo para su transposición al Derecho interno finaliza el 20 de noviembre de 2025 y las normas resultantes se aplicarán a partir del 20 de noviembre de 2026.

Una vez establecido el marco normativo de la monografía, el autor aborda un tema terminológico porque tanto en la denominación de las Directivas en la traducción española (no así en la inglesa: on consumer credits) como en las leyes españolas de transposición se habla de “crédito al consumo”. A este respecto, puntualiza el autor que la denominación no le parece totalmente adecuada porque habría que hablar de “crédito para consumo” o más precisamente de “crédito al consumidor” ya que la participación de este en el contrato es la que determina la normativa especial aplicable. Y ello porque “consumo” entendido como acción de consumir lo realizan tanto las personas físicas como las jurídicas y dentro de aquellas las que reúnen la condición de consumidor y las que no. Pero tanto en las Directivas como en la normativa interna, como veremos en el capítulo IV, se establece un ámbito subjetivo de aplicación que se centra en el consumidor. Por eso nosotros preferimos hablar de “crédito al consumidor” y dado que la obra se centra en el crédito concedido por entidades bancarias, le haya dado el título de “crédito bancario al consumidor”.

Una vez solventada la cuestión terminológica, procede ocuparse del contenido de la monografía que comienza con un primer capítulo (Introducción) en el que se concreta su objeto determinando los tres elementos que lo conforman: contrato bancario de crédito y su destinatario, un consumidor. Tras analizar este concepto, el autor hace alguna propuesta sobre la necesidad de su “superación” por un concepto más amplio de “usuario de los servicios bancarios al que se aplicaría las mismas normas tuitivas y ello porque hay que proteger a la parte contractual que se encuentre en situación de inferioridad, sea o no consumidor, incluso aunque sea una persona jurídica.

En el segundo capítulo, el autor describe la metodología utilizada para la realización de su estudio que, por otra parte, es la habitual en todo trabajo en el ámbito científico. Y, antes de entrar en el estudio de la normativa del crédito bancario al consumidor, dedica un capítulo a la normativa general de protección de todo cliente bancario, sea o no consumidor (régimen de condiciones generales de la contratación, cláusulas no negociadas individualmente con consumidores y normativa sectorial de transparencia bancaria).

Entrando ya en la parte principal de la obra y tras recordar los antecedentes de la normativa vigente, el autor analiza el ámbito de aplicación de la LCCC y su aplicabilidad a los contratos bancarios para luego entrar en sus distintas fases (precontractual, contractual y de ejecución) centrándose en la información que debe proporcionarse al consumidor en cada una de ellas. En la fase precontractual, expone la publicidad y luego toda la recogida en la Información Normalizada Europea. En la fase contractual, expone toda la información que se incluye en el contrato, además de la forma que adopta éste. Y en la fase de ejecución, expone  la información periódica a remitir al consumidor así como toda la referente a la modificación del tipo deudor.

El autor identifica como una de las partes más importantes del libro (capítulo VI) lo que la Ley denomina “contenido económico” del contrato de crédito al consumidor, en nuestro caso, crédito bancario. Los dos pilares sobre los que se asienta la transparencia en este sector del crédito de acuerdo con la Directiva 2008/48/CE y, por tanto, con nuestra LCCC son: el coste total del crédito y la TAE que son dos caras de la misma moneda.

Respecto al coste total del crédito para el consumidor, la obra distingue todos sus componentes y concretamente los que son gasto para éste e ingreso para la entidad bancaria (intereses, comisiones y servicios accesorios) de los que son ingresos de terceros (impuestos y otros gastos), para luego estudiar su cálculo. Dado que el factor de coste más importante para el consumidor es el interés, la obra analiza el tipo deudor, esto es, el porcentaje que sobre el capital pendiente debe satisfacer el consumidor al prestamista bancario, distinguiéndose si es fijo o variable, las distintas formas que puede adoptar el mismo y la obligación de información de toda modificación de este.

A continuación, la obra examina el segundo factor esencial de la transparencia en este sector del crédito cual es la “tasa anual equivalente” (TAE), concepto íntimamente relacionado con el anterior. Si el “coste total del crédito para el consumidor” se establece en términos absolutos, una forma de expresarlo en términos relativos (porcentuales) es la TAE de tal manera que ésta nunca podrá existir sin haber definido el primer concepto. Y ambos, así como su cálculo, serán necesarios para dar cumplimiento a otros preceptos legales de la LCCC. Son así dos elementos esenciales de la información a proporcionar al consumidor y, por tanto, de la necesaria “transparencia” del contrato de crédito bancario conducente a la protección del consumidor.

La obra analiza a continuación unas de las formas especiales de crédito a consumidores y que reciben un tratamiento normativo especial en la LCCC que son los créditos en forma de descubierto y los excedidos de crédito. La LCCC, a diferencia de la LCC-1995 que los excluía de su regulación salvo la aplicación del art. 19 para los descubiertos en cuenta corriente que fijaba un límite a su tipo de interés, distingue, siguiendo la Directiva 2008/48/CE, entre descubiertos excluidos de su ámbito de aplicación, descubiertos susceptibles de aplicación parcial de la norma y descubiertos a los que le es aplicable la Ley en su totalidad. Están excluidos de la aplicación de la Ley los contratos de crédito concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en el plazo máximo de un mes. La Ley se aplica parcialmente a los descubiertos explícitos reembolsables mediante petición o en el plazo máximo de tres meses, a los descubiertos tácitos y a los excedidos tácitos. Por último, le es de aplicación la Ley en su totalidad a los descubiertos explícitos cuyo plazo de reembolso exceda de tres meses.

Seguidamente, la obra examina otro de los temas que aborda la LCCC cuales son los contratos de crédito de duración indefinida al que le dedica el capítulo VIII en el que se analizan todos los supuestos de desistimiento unilateral del consumidor y del prestamista con y sin justa causa. Aquí también se incluyen los créditos “revolving”, producto financiero muy utilizado en los últimos años con unos intereses remuneratorios que han sido tildados de usurarios, generándose un enorme debate jurisprudencial y doctrinal acerca de su posible carácter abusivo. Todo ello ha dado lugar a una especial normativa de transparencia recogida en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

La obra también examina, en otro orden de cosas, dos derechos especiales que la normativa de crédito al consumidor le reconoce. En primer lugar, el derecho de desistimiento, entendido como el derecho a dejar sin efecto el contrato celebrado, comunicándoselo así a la entidad de crédito en un plazo de catorce días naturales desde la suscripción del contrato sin necesidad de indicar los motivos y sin penalización alguna. El consumidor deberá pagar al prestamista el capital y el interés acumulado sobre dicho capital entre la fecha de disposición del crédito y la fecha de reembolso del capital, sin ningún retraso indebido y a más tardar a los treinta días naturales de haber enviado la notificación de desistimiento al prestamista.

En segundo lugar, la obra expone el régimen del derecho al reembolso anticipado. Con carácter general, el plazo se presume en beneficio de ambas partes y no en beneficio sólo del deudor de lo que se deduce que no hay un derecho del deudor y una correlativa obligación del acreedor al reembolso anticipado. Sin embargo, en el ámbito del crédito al consumo, primero la LCC-1995 y después la vigente LCCC, sí se reconoce con carácter genérico y en cualquier momento durante la vigencia del contrato, el derecho del consumidor a amortizar anticipadamente, de forma total o parcial, el crédito concedido. En este caso el consumidor tendrá derecho a una reducción del coste total del crédito que comprenda los intereses y costes, incluso si éstos hubieran sido ya pagados, correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir. Por su parte, el prestamista tendrá derecho a una compensación que está justificada objetivamente por los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado del crédito, siempre que se produzca dentro de un período en el cual el tipo deudor sea fijo. No obstante, si el prestamista demuestra la existencia de pérdidas producidas de forma directa como consecuencia del reembolso anticipado del crédito, podrá reclamar excepcionalmente una compensación más elevada.

La obra finaliza estudiando dos cuestiones de gran trascendencia en los créditos bancarios a consumidores y que han sido objeto de análisis desde la perspectiva de las cláusulas abusivas pero que luego han derivado en una normativa específica: el vencimiento anticipado por impago y los intereses de demora que no están regulados en la normativa específica de los contratos de crédito al consumidor.

Respecto del vencimiento anticipado por impago, la obra constata cómo se ha evolucionado jurisprudencialmente desde la aplicación de la aplicación estricta del artículo 1124 del Código Civil con unas primeras sentencias del Tribunal Supremo admitiendo la cláusula sobre vencimiento anticipado por impago de una sola cuota del préstamo a plantearse el carácter abusivo de la cláusula que reproducía el art. 693 LEC que posibilitaba al prestamista a declarar el vencimiento anticipado del crédito cuando no se pagaban al menos tres plazos mensuales o un importe equivalente a tres meses. La jurisprudencia del TJUE, primero seguida por el Tribunal Supremo y luego por el legislador en materia de contratos de crédito inmobiliario consiste en modular el derecho del acreedor a declarar el vencimiento anticipado cuando el incumplimiento del deudor tenga carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo.

En cuanto a los intereses de demora en los contratos de crédito con consumidores hubiera sido muy fácil establecer un criterio como el del art. 20.4 LCCC en materia de créditos en forma de descubiertos (un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente no superior a 2,5 veces el interés legal del dinero). Sin embargo, esto no se hizo a diferencia de la LCCI que ha establecido un recargo (3 puntos porcentuales) sobre el interés ordinario del contrato de crédito siguiendo la posibilidad que le daba la Directiva 2014/17/UE. Es una lástima que esta Directiva no se haya utilizado para modificar la Directiva 2008/48/CE estableciendo un criterio similar. La obra expone cómo ha sido el Tribunal Supremo quien, en una más que discutible jurisprudencia, ha sentado el criterio según el cual en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado, postura que ha avalado el TJUE.

En conclusión, la síntesis que acabamos de realizar de la monografía del Notario de Valencia Ubaldo Nieto Carol sobre el Crédito bancario al consumidor resulta suficientemente elocuente de su interés y de su utilidad para el estudioso de los contratos bancarios y de los créditos a consumidores.