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PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

Esta entrada tiene la sana intención de ofrecer al lector de este blog una visión panorámica, sintética y -a ser posible- clara del régimen de los planes y fondos de pensiones. Todo ello con el mismo alcance y finalidad didáctica de las entradas publicadas los días 26 y 27 de octubre de este año sobre el “concepto y sistema del Derecho de los mercados financieros” y sobre la “supervisión de los mercados financieros” (sobre el alcance y finalidad de esta entrada, el lector puede consultar la advertencia final),

I. LA REGULACIÓN DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

A)  En el Derecho de la UE

En el Derecho comunitario, existe una norma armonizadora en cuanto a los fondos de pensiones de empleo, que es la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los Fondos de Pensiones de Empleo. Esta Directiva parte de la base de que estos fondos ofrecen una doble perspectiva porque, por una parte, son instituciones de previsión social complementaria a los sistemas públicos de pensiones establecidos en cada Estado miembro y, por otra parte, son entidades financieras que actúan como inversores institucionales básicos del mercado de valores.

Una vez ubicados los fondos de pensiones de empleo como instituciones financieras con una función esencial de protección social, los objetivos de la Directiva son: inversión financiera segura y eficaz, libre elección de administradores y depositarios de activos, competencia equitativa entre todos los proveedores de servicios, facilitación de las actividades transfronterizas, protección de los beneficiarios actuales y futuros, instauración de un mercado único de servicios financieros y, en particular, establecimiento de un mercado único de sistemas complementarios de pensiones.

Estos objetivos deberán conseguirse mediante el establecimiento de un ámbito de aplicación que no interfiera en la organización de los sistemas de pensiones de los Estados miembros, garantice la coherencia con otros instrumentos de legislación sobre servicios financieros y tenga en cuenta la diversidad nacional, al tiempo que garantiza un nivel de protección elevado.

Esta Directiva define los fondos de pensiones de empleo y establece: a) Las condiciones de acceso: una estructural, consistente en la separación jurídica entre la empresa promotora y el fondo y una funcional consistente en la concentración de los fondos en las actividades relacionadas con las prestaciones de jubilación. b) Las condiciones de ejercicio: autorización y registro público, gestión, transparencia, garantías financieras, inversiones y contabilidad. c) El régimen de supervisión pública y actuación transfronteriza de dichos fondos.

Nuestro Ordenamiento se adaptó a los mandatos armonizadores de esta Directiva mediante la Ley 11/2006, de 16 de mayo, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo que añadió al TRLPFP un Capítulo X sobre la “actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo”.

B) En el Derecho Español

La Constitución de 1978 establece las bases del régimen de los planes y fondos de pensiones en un doble sentido:

a) Desde el punto de vista sustantivo, su art. 41 establece: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

b) Desde un punto de vista competencial, deben tenerse en cuenta los distintos apartados del art. 149 que han sido objeto de interpretación, aplicándolos a la LPFP, por sendas Sentencias del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 1997 (nº 206) y de 18 de marzo de 1998 (nº 66); las cuales, según veremos, se ocupan no sólo de la distribución de competencias normativas sino que también -como presupuesto de tal distribución- abordan la naturaleza y régimen jurídico general de los planes y fondos de pensiones.

El régimen legal de los planes y fondos de pensiones se estableció, por primera vez en nuestro Ordenamiento, en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Esta Ley fue objeto de modificaciones sucesivas que alteraron profundamente su fisonomía (entre ellas podemos destacar las modificaciones introducidas por la LOSSP y por sucesivas Leyes de acompañamiento como la 66/1997, la 50/1997, la 14/2000 y la 24/2001, además de las realizadas por las disposiciones adicionales 5ª y 6ª de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Por ello, en uso de la autorización contenida en el art. 32.18 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Gobierno aprobó el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones mediante Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (LPFP). Este Texto Refundido tuvo un doble objetivo: formal, consistente en incorporar las modificaciones y adiciones que se habían ido sucediendo de forma dispersa; y sustancial, integrando en esta Ley el régimen de protección de los compromisos empresariales por pensiones a través de la disposición adicional 1ª de la Ley 8/1987, incorporada por la Ley 30/1995 y desarrollada por el RICP.

Hay que destacar la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Esta Ley creo la variedad de los Planes de Pensiones Empleo Simplificados (PPES) que han sido objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 668/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo

Esta LPFP se desarrolla por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones (RPFP).

II. LOS PLANES DE PENSIONES

A) Noción

Los planes de pensiones son contratos colectivos de previsión social que definen las obligaciones de contribución de sus partícipes o promotores, en el caso de los planes del sistema de empleo; y los derechos de sus beneficiarios a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, incapacidad permanente y fallecimiento.

No pueden ser calificados como contratos de seguro –especialmente como seguros de grupo del art. 81 de la LCS- por falta de un elemento personal esencial, que se deduce del art. 1 de la LCS, cual es el asegurador; ni tampoco como una simple modalidad de ahorro o capitalización, ya que sobre los planes de pensiones incide el riesgo demográfico.

Son contratos de tipo asociativo que dan lugar al nacimiento de una agrupación de personas con el fin de efectuar unas contribuciones al fondo o fondos de pensiones respectivos para la obtención de ciertas prestaciones cuando se produzcan determinadas contingencias. Destaca en ellos el aspecto institucional que, junto al propiamente negocial, convive en este tipo de contratos asociativos. El plan es, al tiempo, un acto jurídico y una norma, puesto que, en base a él, se crea una organización de elementos personales y patrimoniales. Sin embargo, no llegan a dar lugar al nacimiento de una sociedad con personalidad jurídica.

B) Modalidades de planes de pensiones: planes del sistema de empleo, asociado e individual

Conforme al criterio subjetivo de los sujetos constituyentes (art. 4º.1 LPFP), se habla de tres modalidades de planes de pensiones que son los del sistema de empleo, el asociado y el individual. En los dos primeros casos se presupone una relación de carácter laboral o asociativa entre el promotor y los partícipes, mientras que en el tercero no se precisa tal relación previa.

1. Planes de pensiones del sistema de empleo

En los planes de pensiones del sistema de empleo (art. 4º.1.º.a LPFP), actuará, como promotor, un empleador, con independencia de su naturaleza jurídica (“cualquier empresa, sociedad, corporación o entidad”) y, como partícipes, sus empleados; que podrán pertenecer al sector privado (trabajadores por cuenta ajena o asalariados vinculados al promotor por relación laboral, incluido el personal con relación laboral de carácter especial independientemente del régimen de la Seguridad Social aplicable) o al sector público (personal de las Administraciones y entes públicos promotores vinculado por relación de servicios dependiente regulada en normas estatutarias o administrativas),

Rige en este tipo de planes la regla general de unidad o identidad conforme a la cual cada empresa puede ser promotora de un único plan y cada plan puede ser promovido por una sola empresa. Esta regla de la unidad admite excepciones en el caso de los planes de pensiones multiempresa y matizaciones en el caso de los subplanes de pensiones. 

2. Planes de pensiones del sistema asociado

En los planes de pensiones del sistema asociado (art. 4º.1.b LPFP), actuará, como promotor, “cualquiera asociación o sindicato” y, como partícipes, sus “asociados, miembros o afiliados”. Lo característico en este tipo de planes es la preexistencia de una relación de carácter asociativo entre los partícipes extraña al propósito de configurar un plan de pensiones.

3. Planes de pensiones del sistema individual

En los planes de pensiones del sistema individual (art. 4º.1.c LPFP), actuará, como promotor, “una entidad de carácter financiero” y, como partícipes, “cualesquiera personas físicas”. Lo característico de este tipo de planes, frente a los dos anteriores, consiste en que no es precisa la preexistencia de relación alguna entre el promotor y los partícipes. En la práctica, la relación preexistente suele ser la de clientela entre la entidad financiera promotora y el partícipe.

C) Clases de planes de pensiones: planes de aportación definida, de prestación definida y mixtos

Los planes de pensiones se clasifican, en segundo lugar, conforme a un criterio de carácter objetivo que atiende al contenido obligacional de cada tipo de plan (“en razón de las obligaciones estipuladas”) y así, se diferencian, según cual sea la magnitud predeterminada, los planes de prestación definida, de aportación definida y los mixtos. Debe tenerse en cuenta que la capacidad de elección por los sujetos constituyentes entre estas tres clases de planes viene condicionada por su pertenencia al sistema respectivo según dichos sujetos; de tal manera que, mientras a los sujetos constituyentes de los planes de los sistemas de empleo y asociado se les permite optar por cualquiera de las tres modalidades indicadas; a los del sistema individual sólo les cabe establecer un plan de aportación definida (art. 4º.3 LPFP).

1. Planes de pensiones de prestación definida

En los planes de pensiones de prestación definida (art. 4º.2.a TRLPFP), la magnitud que se predetermina consiste en la cuantía de todas las prestaciones que se concederán por el plan a sus beneficiarios de tal manera que, en función de las mismas y considerando las distintas contingencias a cubrir, se establecerán las aportaciones necesarias. La definición de la prestación podrá realizarse en términos absolutos o en función de magnitudes determinables como salarios, antigüedad, percepciones complementarias, etc.

2. Planes de pensiones de aportación definida

En los planes de pensiones de aportación definida (art. 4º.2.b LPFP), se predetermina la cuantía de las aportaciones a realizar por los partícipes y –en su caso, en los del sistema de empleo- de las contribuciones empresariales de su promotor; sin que el plan garantice ni defina las cuantías de las prestaciones futuras. Como resultado de la administración de dichas aportaciones una vez integradas en el fondo de pensiones correspondiente y del comportamiento de las variables actuariales, se concederá a los beneficiarios, en el momento de acaecer la contingencia cubierta, la correspondiente prestación que, sin embargo, no está predeterminada en el propio plan.

3. Planes de pensiones mixtos

En los planes de pensiones mixtos (art. 4º.2.c LPFP), se combina la determinación de las prestaciones y de las contribuciones. Dentro de ellos, podemos distinguir dos categorías: planes conexos, que son aquellos en los que la determinación de la cuantía de las aportaciones a realizar conduce a garantizar la obtención de un tipo de interés mínimo en su capitalización  o una prestación mínima; y planes combinados, que establecen la aportación definida para alguna contingencia, colectivo o subplan y la prestación definida, para otros.

D) Tipos de planes de pensiones: planes garantizados y no garantizados

Por último, cabe añadir una tercera clasificación atendiendo a la circunstancia de la posible previsión, por los planes de pensiones, de garantías para la cobertura de determinados riesgos o el aseguramiento de determinadas prestaciones. Esta posibilidad está contemplada en el art. 8.2 de la LPFP y en el art. 19.4 del RPFP que admite que tales garantías se instrumenten mediante contratos de seguro con entidades aseguradoras o mediante contratos bancarios con entidades de crédito. Conforme a este criterio, cabría distinguir entre planes de pensiones garantizados y no garantizados atendiendo la existencia o ausencia de una garantía externa y vinculada a los mismos.

III, LOS FONDOS DE PENSIONES

A) Noción

Los fondos de pensiones son patrimonios carentes de personalidad jurídica y afectos al cumplimiento de uno o varios planes de pensiones (art. 2º LPFP). Su titularidad corresponde a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones integrados, conforme a la cuenta de posición que mantenga cada plan en el fondo (art. 8º.4 LPFP). La unidad patrimonial del fondo y la pluralidad de los elementos personales del plan o de los planes integrados en el mismo desemboca en una situación de copropiedad de los partícipes del plan o planes integrados sobre el fondo, representada en sus cuota-partes, por certificados intransmisibles de pertenencia a cada plan integrado (art. 8º.9 LPFP).

b) Clases de fondos de pensiones

Existen tres criterios básicos de clasificación de los fondos de pensiones:

1º. Según el tipo de planes de pensiones que integren, de modo tal que existirán dos tipos de fondos: a) Fondos de pensiones de empleo, especializados en integrar planes del sistema de empleo (arts. 10.4 y 14.1.a) LPFP). b) Fondos de pensiones personales, especializados en integrar planes del sistema asociado o individual (art. 14.1.b y c LPFP).

2º. Según el número de planes de pensiones que integren. Conforme a este criterio, cual cabe distinguir: a) Los fondos de pensiones monoplan, que instrumentan un único plan. b) Los fondos de pensiones multiplan, que instrumentan dos o más planes.

3º. Según su capacidad para canalizar inversiones de otros fondos de pensiones: Cabe distinguir dos tipos: a) Fondos de pensiones cerrados, que instrumentan exclusivamente las inversiones del plan o planes integrados en él. b) Fondos de pensiones abiertos, que se caracterizan por poder canalizar las inversiones de otros fondos (art. 11.9 LPFP).

IV. LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS EMPRESARIALES POR PENSIONES 

A) El problema de la protección de los compromisos empresariales por pensiones

Dentro del amplio marco jurídico de la asistencia y de las prestaciones complementarias a la Seguridad Social -a cuya «libertad» alude el art. 41 de nuestra Constitución- los empresarios han venido asumiendo una serie de compromisos por pensiones frente a sus trabajadores. Tales compromisos presentan dos caracteres jurídicos fundamentales: 1º. La fuente de tales obligaciones empresariales se ubica, generalmente, en el proceso de negociación colectiva y, por ello, se plasman como acuerdos que forman parte del contenido «asistencial» de los convenios colectivos (art. 85.1 del ET). 2º. En cuanto a su instrumentación jurídica, los compromisos asumidos se han cubierto mediante mecanismos diversos, entre los que han destacado los fondos internos de previsión social; cuya falta de seguridad jurídica y económica ha desembocado, en la realidad española de los años ochenta y noventa del pasado siglo XX, en graves problemas de incumplimiento por parte de importantes grupos empresariales de los compromisos por pensiones que tenían asumidos con sus trabajadores y jubilados.

En las últimas décadas, junto a los factores estructurales que afectan gravemente a los esquemas públicos y privados de rentas por jubilación -como puede ser el cambio demográfico que produce una inversión de la pirámide de población- se han presentado otros de carácter -más o menos- coyuntural que hacen peligrar gravemente la exigibilidad efectiva de los compromisos por pensiones asumidos tanto por el Estado como por las empresas.

Las crisis económicas cíclicas afectan al sistema público y, por “simpatía», a los sistemas complementarios, incrementando las necesidades de prestaciones tanto en sus cuantías globales como en su extensión temporal (por ejemplo, mediante las denominadas prejubilaciones); puesto que las dificultades del sistema público incrementan las necesidades de procurarse una previsión social complementaria que, en numerosas ocasiones, no estaba articulada con las dosis mínimas de seguridad económica y jurídica para sus beneficiarios. A lo anterior cabe añadir el efecto reflejo de impulso que, sobre los sistemas complementarios exclusivamente privados, produce la fijación presupuestaria de topes máximos a las pensiones públicas.

En situaciones de recesión económica, muchas empresas comprometidas con las pensiones de sus trabajadores se han visto sumidas en situaciones de iliquidez o de insolvencia que les han conducido a expedientes judiciales de suspensión de pagos, quiebra o concurso en los que aquellos compromisos se ven, en el mejor de los casos, postergados y afectados por los efectos dilatorios, remisorios o mixtos de los convenios, cuando no volatilizados por completo. Dada la fragilidad de aquellos compromisos -cuando se instrumentan en forma de fondos internos- ante situaciones concursales de los empresarios, se planteó la necesidad de otorgar una garantía jurídica y económica en favor de los trabajadores.

B) Las soluciones normativas

1.  Derecho de la UE

En el Derecho comunitario, el problema señalado se ha intentado solucionar mediante dos Directivas:

a) La Directiva 80/987/CEE, de 20 de octubre de 1980, “sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario”. Para proteger los créditos de los trabajadores en aquellas situaciones, esta Directiva impone la necesidad de que los Estados establezcan instituciones de garantía y, en especial, dentro de las “disposiciones relativas a la seguridad social” (Sección III); su art. 8 dispone: “Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa o centro de actividad del empresario, en la fecha en que se produce la insolvencia de éste, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social”.

 b) La Directiva 98/49/CE, de 29 de junio de 1998, “relativa a la protección de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplacen dentro de la Comunidad”.

2. Derecho español

En el Derecho español, el régimen legal de protección de los compromisos empresariales por pensiones con los trabajadores esta centralizado en la LPFP, que tuvo como finalidad esencial refundir en un texto único las normas dispersas introducidas por la LOSSP de 1995. En concreto, las disposiciones a tener especialmente en cuenta son la adicional 1ª, que se ocupa de la “protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores”; la transitoria 4ª, que trata del “régimen de los compromisos por pensiones ya asumidos”; la transitoria 5ª, relativa al “régimen transitorio de acomodación de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones”; la transitoria 6ª, sobre el “régimen fiscal transitorio de acomodación de los compromisos por pensiones”; y la final 2ª, que establece la “previsión social complementaria del personal al servicio de las administraciones, entidades y empresas públicas”.

Este régimen legal ha sido objeto de desarrollo por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios que incorpora aspectos permanentes y transitorios.

Advertencia sobre el alcance y finalidad de esta entrada: Esta entrada pone al día y resume el Capítulo 1 de nuestro Manual de Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones (Colección Manuales, Ed. Iustel, 1ª Edición, Madrid (2014), 315 pp. ISBN: 978-84-9890-255-6) para adaptar su contenido al epígrafe VII (“Planes y fondos de pensiones”) del Programa de la asignatura Mercados financieros y Derecho concursal del 4º Curso del Grado en Derecho (rama de Derecho Privado) que se imparte en la Facultad de Derecho de la UCM.