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El precio de la obscenidad demagógica. El coste financiero de las comisiones parlamentarias del lawfare para el Reino de España. De los ataques anecdóticos a los intentos sistemáticos de erosionar la independencia del Poder judicial

«Por mala que sea, toda situación es susceptible de empeorar» (afirma la conocida como Ley de Murphy) y en nuestro país estamos asistiendo, día tras día, a una sucesión de ataques al prestigio e independencia de nuestro Poder judicial que mueven nuestra conciencia ciudadana y jurídica a volver a ofrecer nuestro modesto punto de vista en este blog desde el enfoque de la regulación jurídica financiera de la forma más objetiva y ecuánime de la que somos capaces y siempre sometidos a mejor criterio. Con esta entrada continuamos construyendo -cual Sísifos tristes- el sendero del  “balance de la infamia”; añadiendo una partida más -una más- a su pasivo.

De los ataques anecdóticos a los intentos sistemáticos de erosionar la independencia del Poder judicial: Un peligroso salto cualitativo

Nos parece que los ataques hasta ahora anecdóticos contra el Poder judicial en forma de señalamientos de jueces desde el estrado parlamentario tan zafios como punibles han experimentado un salto cualitativo con la constitución de las comisiones parlamentarias del denominado lawfare que -con independencia de su eficacia real en las comparecencias judiciales que anuncian y en la consecución de sus objetivos- implican intentos sistemáticos de erosionar la independencia del Poder judicial.

El catálogo de Palabras Clave que ofrece la FundéuRAE nos dice que “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política son alternativas válidas en español a la palabra inglesa lawfare”.

Como nos parece que, en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho establecido por la Constitución de 1978, no se han dado situaciones persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política; contemplamos -asombrados- que el BOCG (XV Legislatura) publica dos iniciativas que nos parecen preocupantes para preservar la independencia del Poder judicial. Se trata de las siguientes:

a) La aprobación por votación plenaria del día 12/12/2023 de la “Solicitud de los Grupos Parlamentarios Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña‘ y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”.

b) La aprobación por votación plenaria del día 12/12/2023 de la “Solicitud de los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”.

Decimos que nos parece que estamos ante un espectáculo especialmente preocupante porque la Historia nos enseña que esta Opereta bufa del Lawfare es una repetición del mismo esperpento que se representó hace 87 años en España con los mismos actores y el mismo libreto; como antesala de acontecimientos dramáticos y desgarradores para nuestra Nación.

Por qué los jueces no deben comparecer ante las comisiones parlamentarias del denominado lawfare

El artículo 399 de la LOPJ -que dice: «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia». Po ello nos parece meridianamente claro que su mera lectura amparará la respuesta negativa ante las citaciones de jueces que -dice la prensa- prevén llevar a cabo Junts y ERC en las Comisiones de Investigación abiertas en el Congreso de los Diputados sobre la denominada operación Cataluña, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017 y el espionaje a políticos independentistas con el software Pegasus.

Por ello, se ajusta plenamente a la lógica jurídica implícita en todo Estado de Derecho que estos intentos de comparecencia de jueces en el Parlamento, con el objetivo de que expliquen ante los diputados sus decisiones jurisdiccionales, cuente con el rechazo frontal de la totalidad de la Carrera Judicial. Máxime cuando también se anuncia por los medios de comunicación que el acuerdo para crear dichas comisiones de investigación busca que sus cuyas conclusiones se tengan en cuenta en la aplicación de la futura ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad (¡! ¿?).

El coste financiero previsible del lamentable espectáculo de obscenidad demagógica

Sin perjuicio de que nos parezca que los intentos de erosionar el prestigio y la independencia del Poder judicial por las comisiones del lawfare están condenados al fracaso en todo Estado de Derecho como lo es -hasta el momento- el nuestro; nos preocupa el coste financiero previsible del lamentable espectáculo de obscenidad demagógica al que asistimos, día tras día, estupefactos. Para comprender el término que utilizamos recurrimos al árbol semántico que nos brinda el Diccionario de la RAE que nos va conduciendo desde el término “obsceno” (definido como “impúdico, torpe, ofensivo al pudor”) hacia el término “impúdico” ” (definido como “falta de vergüenza, insolencia, descarada ostentación de faltas y vicios”) para llegar al término “torpe” (definido “rudo, tardo en comprender, deshonesto”).

Y nos parece evidente que este espectáculo de obscenidad demagógica que esta dando -muy a su pesar- el Reino de España ante la comunidad financiera internacional esta produciendo ya sus consecuencias en forma de empleo ineficiente de recursos públicos vinculados a los persistentes ataques a la independencia de los jueces, de los que hemos ofrecido algunos ejemplos palmarios en este blog.

A ello podemos añadir, en los últimos días, operaciones financieramente esquizofrénicas de toma sorpresiva de paquetes significativos de acciones de grandes operadoras de telecomunicaciones por parte de Estados extranjeros, seguidas (¿?) de anuncios de intentos su renacionalización imperfecta.

Y, cual ”voz que clama en el desierto”  insistimos en el riesgo cierto de convertir al Reino de España en una anomalía patológica -en lo jurídico y en lo financiero- dentro de en la Unión Europea con el coste cierto para la futura financiación de su deuda pública elefantiásica y el coste impositivo anticipado por completo inasumible por las nuevas generaciones de españoles.

Elogio de la mesura

La prudencia, la paciencia y el equilibrio que esta mostrando nuestro Poder judicial frente a los intentos reiterados de erosionar su prestigio y su  independencia nos trae a la mente el clásico discurso de Cicerón contra los excesos de Catilina que comenzaba diciendo:

Quousque tandem abutere, Petrus Antoninus (Pedrígula), patientia nostra?

Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?

Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?

¿Hasta cuándo abusarás, Catilina de nuestra paciencia?

¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros?

¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?

Primera Catilinaria

Oratio in Catilinam Prima in Senatu Habita

Marco Tulio Cicerón