Close

El precio de la injerencia política en el Poder Judicial: ¡Déjenles en paz!

Anunciamos a nuestros pacientes lectores que dedicaremos esta semana de transición navideña a recorrer en su amable compañía el sendero triste de las entradas precedentes integrando partidas adicionales en el pasivo del “balance de la infamia” del Reino de España.

Advertencias iniciales sobre el sentido del “balance de la infamia” del Reino de España

Y lo hacemos con dos advertencias iniciales que sirven para todas las entradas de esta serie -tanto las pasadas como las venideras- que venimos redactando desde un sentimiento de pena ciudadana y jurídica:

a) Primero, intentamos exponer una idea tan sencilla como la que expresa el dicho popular de que “nada en gratis o la que podríamos expresar metafóricamente con una suerte de “ley del karma socio-económico” que nos dice que toda acción política tiene sus efectos financieros.

b) En segundo lugar, nada más lejos de nuestra intención que cualquier atisbo de “politización” de nuestras reflexiones. Por el contrario, reiteramos que ofrecemos estas reflexiones en nuestra condición de un modesto profesor de una Universidad pública española que considera que tiene el deber moral de compartir sus reflexiones -acertadas o erróneas- con sus conciudadanos para evitar, en la medida de sus posibilidades, la deriva autocrática que apreciamos en nuestra nación. En un momento de especial riesgo de involución constitucional que ha quedado en evidencia cuando el acto de reafirmar los valores esenciales de nuestra Constitución por el Jefe del Estado se convierte en un acto de valentía institucional, por completo insólito en un Estado social y democrático de Derecho miembro de la UE; que aplaudimos y al que, desde aquí, nos adherimos.

El coste financiero de la inseguridad jurídica de un país

Sustentaremos esta afirmación sobre un razonamiento elemental que pasa por tres etapas:

a) En primer lugar, es de todo punto evidente que un país sin seguridad jurídica expulsa las inversiones extranjeras y ahuyenta a las empresas nacionales invitándolas a trasladar su sedes al extranjero (de estos movimientos y de sus razones nos hemos ocupado en este blog, entre otras, en la entrada de 14 de abril de 2023 titulada “FERROVIAL: su fusión transfronteriza intracomunitaria inversa:  La aprobación, las condiciones y la desorientación gubernamental” a cuyo contenido nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias).

b) En segundo lugar, también es obvio que la seguridad jurídica de un país descansa, fundamentalmente, en un Poder Judicial independiente de injerencias políticas.

c) En conclusión, de las dos premisas anteriores se infiere que cualquier ataque a la independencia del Poder Judicial de un país -máxime cuando se articula o ampara desde los otros Poderes del Estado- se traduce en un coste económico-financiero cierto que se manifiesta a corto, medio y largo plazo. En este punto, nos remitimos a la entrada de este blog del pasado día 21 de este mes titulada “El precio de la confusión de poderes: El coste financiero de los ataques a la independencia judicial” y anunciamos que, en la de mañana, expondremos la teoría del Círculo Vicioso del Descrédito Soberano” (CIVIDESO).

Un ruego a TODOS los partidos políticos nacionales: ¡Déjen al Poder Judicial paz!

Desde mi experiencia de más de 35 años de abogado en ejercicio, en los que recibido Sentencias que me han parecido correctas y ajustadas a Derecho y otras que me han parecido incorrectas y desajustadas a Derecho; de las que he discrepado y recurrido ante el Tribunal superior y ganado o perdido lo recursos; afirmo que nunca he visto atisbo alguno de prevaricación o sesgo ideológico -o del denominado con expresión tan bárbara como hortera lawfare– en dichas resoluciones favorables o contrarias a los intereses de mis clientes y en definitiva a mi trabajo profesional.

Por lo anterior,  creo que estoy legitimado para rogar a todos los partidos políticos nacionales de todo signo: ¡Déjen en paz al Poder Judicial!.

Aclaro que mi ruego va destinado exclusivamente a todos los partidos políticos nacionales; para evitar caer en pedir lo imposible y caer en la melancolía.

Por último, me atrevo a recomendarles una lectura sencilla del apartado 3 de artículo 122 de nuestra Constitución cuando dice: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.