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El precio de la corrupción: el “Círculo Vicioso del Descrédito Soberano” del Reino de España ante la reforma del marco de gobernanza económica de la UE

Cumplimos en esta entrada con el compromiso de honrar la palabra dada; rasgo por completo exótico en los tiempos que corren. En efecto, en la entrada de ayer anunciamos que, en la de hoy, expondríamos la teoría del Círculo Vicioso del Descrédito Soberano”. Procedemos en consecuencia a explicar cómo opera este CIVIDESO y a enmarcarlo en el proceso de reforma del marco de gobernanza económica de la UE.  

El “Círculo Vicioso del Descrédito Soberano” (CIVIDESO)  

No cabe duda razonable alguna de que la realidad socio-económica de nuestro país en los últimos tiempos resulta extremadamente generosa en mostrar a cualquier estudioso de la regulación financiera ejemplos de conductas tan pintorescas y alejadas de las prácticas habituales en los países desarrollados que no pueden explicarse como meras anécdotas; sino que exigen un entendimiento sistemático. Con este propósito hemos pergeñado la teoría del Círculo Vicioso del Descrédito Soberano” (CIVIDESO) cuyas bases elementales pasmos a explicar. Como todo círculo vicioso que se precie, esta teoría debe cimentarse en relaciones de causalidad eficiente que nazcan y mueran en el mismo punto. En este sentido vemos que:  

a) Las injerencias políticas en las grandes corporaciones cotizadas en Bolsa causan un daño reputacional cierto al país que las consiente y anima en el mercado financiero internacional. Este descredito internacional incrementa el nivel de vulnerabilidad de las empresas “estratégicas de bandera” del país en cuestión ante tomas de participaciones significativas en su capital por parre de empresas extranjeras (remitimos al lector interesado a la entrada de este blog del pasado 22 de diciembre titulada “TELEFÓNICA: operaciones relevantes sobre su capital. ¿Camino a la estatalización? Un drama en dos actos con entreacto incluido”).  

b) Dichas injerencias políticas en las grandes corporaciones cotizadas en Bolsa incrementan la percepción del riesgo no solo en las inversiones interiores y exteriores en aquellas corporaciones sino también en la adquisición de deuda soberana emitida por el país que permite o alienta las corrupciones. De este modo se eleva uno de los factores a tener en cuenta para valorar el denominado riesgo-pais; junto al nivel relativo de su deuda pública, la estabilidad de sus instituciones, etc.  

c) El incremento de este factor del riesgo-pais eleva la denominada “prima de riesgo” de su deuda soberana en comparación con los países de su entorno; lo cual conduce, dentro de un mercado de elección libre entre los distintos activos financieros, a que los inversores en los mercados financieros internacionales exijan que el Estado emisor les ofrezca una mayor rentabilidad para compensar aquel mayor riesgo relativo.  

d) Lo anterior redunda en mayores dificultades de financiación de los agentes económicos ubicados en aquel país y, especialmente, de su Estado (en este sentido, invitamos al lector a que consulte la advertencia final sobre la difícil situación del Reino de España ante la reforma del marco de gobernanza económica de la UE).  

e) Como aquel escenario va acompañado de un incremento de las necesidades de financiación por la necesidad de atender los mejores servicios públicos prometidos -especialmente, las pensiones públicas- con cargo a impuestos crecientes sobre su población que tienen -a diferencia de las medidas de contención del gasto- un recorrido necesariamente limitado; el descrédito soberano dificulta la financiación del país, cuando no lo arroja en manos de instituciones internacionales que condicionan sus ayudas a la obediencia debida a sus pautas con la consiguiente pérdida de soberanía financiera del Estado financieramente fallido.   

Algunos ejemplos recientes de la aplicación de la teoría del CIVIDESO en el Reino de España: Las relaciones familiares peligrosas  

En los últimos meses, los medios de comunicación nos han dado noticia da algunos de estos casos de corrupción grosera que presentan el denominador común de descansar en relaciones familiares. La notoriedad de los casos nos exime de la penosa tarea de describirlos en detalle. Por ello, confiamos en la sagacidad de nuestros lectores que pueden verificar casos de relaciones paterno-filiales con derivaciones en el ámbito de la hostelería y concursal o de relaciones conyugales que facilitan negocios inmobiliarios milagrosos o el acceso a fondos europeos “next generation” en cuantía notabilísima; probando, una vez más, que la familia es una institución señera de la delincuencia financiera.  

Llegados a este punto, invitamos a nuestros lectores a acompañarnos en un pequeño viaje etimológico por la corrupción familiar. Una vez más el Diccionario de la RAE nos asiste en el camino que iniciamos en el término familia definida como la “conformada por las personas con vínculos de parentesco con el niño, niña o adolescente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. Advirtiendo que la generosidad de los casos de corrupción familiar a los que asistimos hace que nos sea útil acudir el Diccionario panhispaníco del español jurídico que define la familia extensa como “la estructura de parentesco que habita una misma unidad doméstica u hogar, conformada por parientes de diversas generaciones”.   También se muestra sugerente para entender los casos de corrupción familiar a los que asistimos el Diccionario de la RAE cuando define el término corrupción como “acción y efecto de corromper o corromperse (…) deterioro de valores, usos o costumbres (…) en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores” y añade los sinónimos de “putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación (…) “corruptela, deshonestidad, depravación, perversión, vicio, envilecimiento, peste, prostitución (…) soborno, cohecho, compra, coima” y los antónimos de“honradez, integridad”.  

Reflexión final: ¿Quo vadis Hispania? Apuntes sobre la reforma del marco de gobernanza económica de la UE  

En el comienzo de esta entrada anunciábamos esta reflexión final sobre el “Círculo Vicioso del Descrédito Soberano” del Reino de España ante la reforma del marco de gobernanza económica de la UE. Contumaces en el propósito de cumplir nuestras promesas, procedemos en consecuencia.   Recordemos que este proceso de reforma del marco de gobernanza económica de la UE se dibuja en los documentos siguientes:  

a) La Comunicación de la Comisión sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE (COM(2022) 583 final).  

b) La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1466/97 del Consejo (COM(2023) 240 final).  

c) La Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 1467/97 del Consejo, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (COM(2023) 241 final).  

d) La Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (COM(2023) 242 final).  

Para que nuestros lectores -siempre sagaces-  puedan valorar la posición del Reino de España ante el horizonte presupuestario de la UE nos parece que es suficiente con reproducir un considerando de la primera de las Propuestas referidas que dice: “Cada plan estructural nacional de política fiscal a medio plazo debe mencionar su situación en el contexto de los procedimientos nacionales, en particular si el plan se ha presentado al Parlamento nacional y si ha obtenido la aprobación del Parlamento. El plan estructural nacional de política fiscal a medio plazo también debe indicar si el Parlamento nacional tuvo la oportunidad de debatir la recomendación del Consejo sobre el plan anterior y, en su caso, cualquier otra recomendación o decisión del Consejo, o cualquier advertencia de la Comisión”.