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El precio de la confusión de poderes: El coste financiero de los ataques a la independencia judicial

Cuando uno contempla -consternado- que su país se dirige a la confusión de poderes, con ataques tan zafios como reiterados a su Poder Judicial;  nos parece que debe reflexionar sobre las causas y los efectos de esta deriva totalitaria que conducirá indefectiblemente, de hacerse realidad, a la degeneración del régimen constitucional de 1978 en autocracia.

Además, cuando uno es -como quien suscribe- un modesto profesor de una Universidad pública, tiene el deber moral de compartir sus reflexiones -acertadas o erróneas- con sus conciudadanos para evitar, en la medida de sus posibilidades, esta deriva autocrática. Pretendemos cumplir con este deber publicando esta entrada en la que intentaremos aportar argumentos y pruebas que demuestran que los ataques a la división de poderes en general y a la independencia judicial en particular no son solo éticamente reprochables -que sin duda lo son- sino también financieramente ineficientes.

Seguimos, pues con esta entrada el sendero triste de las seis anteriores integrando una partida más en el pasivo del “balance de la infamia” que ya lucen las de “el precio de la desigualdad”; “el precio de la balkanización”; “el precio del descrédito”; “el precio de la imprudencia”;  el precio del dispendio” y “el precio de las mediaciones internacionales del Reino de España”.

Anticipamos que el enfoque de esta entrada será el propio de este blog, esto es, el de la regulación jurídica financiera de la forma más objetiva y ecuánime de la que somos capaces. En todo caso, esta es nuestra opinión que -utilizando la fórmula clásica y como siempre hacemos- “sometemos a cualquiera otra mejor fundada en Derecho”.

La división de poderes como base esencial de los sistemas democráticos de los Estados miembros de la Unión Europea

Es un hecho manifiesto, incuestionable y de sobra conocido que los sistemas democráticos de los Estados miembros de la Unión Europea se asientan sobre el principio esencial de la división de poderes como base primigenia. División de los tres poderes clásicos -legislativo, ejecutivo y judicial- que deben respetar sus respectivas competencias como “piedra de arco” del edificio del sistema democrático. Ni que decir tiene que nuestra Constitución de 1978 proclama y garantiza esta división de poderes.

La erosión de la división de poderes constitucional y la deriva autocrática

También, es de todo punto evidente que nuestra Constitución de 1978 debe ser interpretada -como toda norma jurídica- desde la buena fe y que, por lo tanto, una interpretación fraudulenta puede socavar la división de poderes que siempre viven en un equilibrio inestable. Esto es lo que -a nuestro modesto entender- se esta produciendo en nuestro país desde hace años. Ahora, esta interpretación fraudulenta de nuestra Carta Magna se ha acelerado en progresión geométrica ante un contexto particularmente inestable de un poder ejecutivo que le impulsa a intentar fagocitar -cual ameba- el poder judicial. Y el riesgo nos parece especialmente preocupante porque el suave -y no tanto- deslizamiento hacia la confusión de poderes es un camino seguro hacia la autocracia que esconde bajo una apariencia democrática, la demagogia y la dictadura.

El coste financiero de la confusión de poderes y de los ataques a la independencia judicial

Dado que hemos anticipamos que el enfoque de esta entrada será el propio de este blog de la regulación jurídica financiera, procedemos a hacer algo tan insólito en los tiempos que corren como cumplir con la palabra dada. Es por ello por lo que, cuando reflexionamos sobre el proceso de erosión de la división de poderes y los ataques a la independencia judicial que vivimos en nuestra nación, lo primero que resalta es su carácter caleidoscópico porque ofrece perfiles de consecuencias políticas, sociológicas y financieras. Centraremos nuestra atención en esta últimas, recordando que es un grave problema no solo ética pública sino también de asignación ineficiente de los recursos de la ciudadanía por parte de élites políticas extractivas que tienden a apropiarse de los recursos públicos en beneficio de sus particulares programas ideológicos, ignorando las devastadoras consecuencias económicas que causan.

Algunos ejemplos de empleo ineficiente de recursos públicos vinculados a los persistentes ataques a la independencia de los jueces

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de empleo ineficiente de recursos públicos que ya están produciendo los ataques continuos a la independencia de los jueces:

a) Deterioro del sistema educativo

Hemos tenido en fechas recientes un ejemplo paradigmático de empleo ineficiente de recursos públicos asociado al incumplimiento flagrante de las decisiones judiciales con el destino de cantidades ingentes de fondos públicos, en determinados territorios, a cultivar mitos o ensoñaciones raciales -cuando no racistas- en detrimento la comprensión lectora de su juventud; tal y como lo han acreditado estudios globales recientes. Y el nexo causal con el incumplimiento flagrante de las decisiones judiciales lo encontramos en que es, precisamente, en dicho territorio del descalabro educativo donde las sentencias de los tribunales sobre determinados porcentajes de la enseñanza obligatoria mínima en la lengua materna mayoritaria son sistemáticamente ignoradas por el ejecutivo autonómico nacionalista.

b) Deterioro de las infraestructuras ferroviarias

Otro ejemplo recentísimo de asignación ineficiente de recursos públicos en forma de reparto desigual y, por lo tanto, carencia de inversiones en determinados territorios no nacionalistas, nos lo ofrecen las incidencias diarias en las infraestructuras ferroviarias dentro de una red que hasta hace poco tiempo (especialmente la de los trenes AVE) provocaba el asombro de Estados tan desarrollados como los EEUU de América.

c) El reparto descontrolado de los Fondos Europeos Next Generation

Un último ejemplo de apropiación de fondos públicos por élites políticas extractivas en detrimento de la población general nos lo ofrece el descontrol en el reparto de los Fondos Europeos Next Generation que ha llegado incluso a su absoluta falta de empleo, como así lo ha confesado el Ejecutivo en reiteradas ocasiones. Adviértase que esta conducta asociada a la confusión de poderes vine afectando a nuestro país desde el año 2020 y deriva de la carencia de facultades de control de un legislativo balkanizado sobre un ejecutivo paradójicamente hegemónico (remitimos al lector interesado en la entrada de este blog de 23 de febrero de 2023 sobre la Crónica de una arbitrariedad administrativa anunciada: ante la gestión los Fondos Europeos Next Generation” y las otras muchas que en ella se citan).

El coste financiero inasumible de que el Reino de España se convierta en una anomalía patológica dentro de la Unión Europea

Los ejemplos que acabamos de ofrecer de empleo ineficiente de recursos públicos vinculados a los persistentes ataques a la independencia de los jueces muestran el riesgo cierto de convertir al Reino de España en una anomalía patológica -en lo jurídico y en lo financiero- dentro de en la Unión Europea con el coste cierto para la futura financiación de su deuda pública elefantiásica y el coste impositivo anticipado por completo inasumible por las nuevas generaciones de españoles. En efecto, el panorama de una contabilidad pública “creativa” que ignora el volumen relativo de nuestra deuda pública, oculta las cifras del paro real con categorías insólitas en el mundo civilizado como la de los “trabajadores fijos discontinuos” (cuyas cifras, además, no se identifican ni se facilitan a la opinión pública) y desconoce síntomas tan preocupantes de estancamiento de la actividad económica como el raquítico incremento del IVA no augura nada bueno para nuestro futuro financiero abocado a soportar el coste financiero inasumible de ser una anomalía patológica en la UE con una necesidad cierta de financiar y refinanciar una deuda pública desproporcionada.

¡Todos somos molineros! ¡Todavía hay jueces en Berlin!

No queremos poner punto final a esta entrada desde la desesperanza sino que, antes al contrario, queremos que sea un aldabonazo en algunas conciencias -especialmente universitarias- que parecen dormidas. Y, para ello, acudiremos a los clásicos para recodar el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande de Prusia por no aceptar la orden de irse -o de callarse- y quien, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho. Aquí y ahora, queremos compartir con nuestros lectores nuestra íntima convicción de que ¡Todavía hay jueces en España!