En esta entrada continuamos -muy a nuestro pesar- la senda iniciada con la de ayer dando cuenta de la nueva advertencia que la otra gran agencia de calificación crediticia mundial S&P Global emitió ayer en forma de nota sobre el efecto negativo para el ‘rating’ de España que proyecta la extrema fragmentación de la nueva coalición gobernante. En esta entrada daremos cuenta de esta nota y añadiremos algunos reflexiones al respecto.
A) La nota de S&P
La nota de S&P se pronuncia en unos términos desusadamente categóricos -en la práctica del rating de deudas soberanas- sobre tales riesgos que abundan en los ya señalados por Moodys. Así, la nota de S&P apunta las causas y las consecuencias previsibles de los siguientes riesgos:
a) Riesgo de bloqueo en la actuación del Gobierno por su «composición heterogénea» puesto que el apoyo parlamentario fragmentado -en términos ideológicos y territoriales- y dado que la nueva coalición «incluye ocho partidos políticos que entre ellos controlan 179 escaños de los 350 asientos de la Cámara Baja» podría limitar su capacidad de gobernar «de manera efectiva y oportuna». En concreto, la nota dice que «La composición heterogénea del apoyo parlamentario al Gobierno significa que cualquiera de los partidos de la coalición, incluidos los pequeños, podría bloquear la aprobación de la legislación, incluso sobre políticas críticas para garantizar que la relación deuda-PIB siga una trayectoria descendente»,
b) Riesgo presupuestario ya que la nota apunta que, dado que la primera prioridad de la administración entrante será aprobar el presupuesto de 2024; «Esto significará tomar decisiones difíciles sobre cómo eliminar gradualmente el costoso escudo anticrisis que se introdujo en 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania». Aunque el Gobierno anterior presentó un proyecto de plan presupuestario para 2024 a la Comisión Europea en octubre, no ha podido presentar un proyecto de presupuestos por estar en funciones. No obstante, «la flexibilidad fiscal de España ya se ha visto limitada por las decisiones del Gobierno saliente. En particular, optó por revaluar las pensiones de acuerdo con la inflación pasada, lo que resultará costoso”.
c) Riesgo operativo. En este sentido, la nota dice: «En nuestra opinión, el apoyo parlamentario fragmentado al nuevo Gobierno podría limitar su capacidad de gobernar de manera efectiva y oportuna, y de abordar problemas económicos de más largo plazo», recalca la agencia, que menciona retos como la consolidación presupuestaria, la resolución del déficit estructural de la Seguridad Social, el desempleo, y las reformas relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
B) Reflexiones al respecto
No quiero cansar la atención ni insultar la inteligencia de los lectores de este blog abundando en verdades tan obvias que excusan de mayores explicaciones. Por ello, reproduciremos parte de la entrada publicada en este mismo blog el 12 de enero de 2016 bajo el título Del bono basura a la basura sin bono: El “rating” de la deuda municipal y autonómica. Causas y efectos porque su lectura permitirá al lector comprobar la -lamentable-vigencia de lo dicho hace más de seis años:
“No seré yo quien defienda la infalibilidad de los “ratings” de valores públicos y privados emitidos por aquellas agencias, que erraron clamorosamente en muchas de sus calificaciones antes y después de la crisis financiera de 2008; ni quien olvide que el oligopolio del sector causa distorsiones relevantes sobre la competencia en el mismo o que el propio modelo de negocio de estas agencias –basado en que las calificaciones las suelen pagar las entidades calificadas- implica un conflicto de intereses que no siempre se resuelve de forma adecuada para la fiabilidad de las calificaciones; ni, por último, quien abogue por su falta de responsabilidad por los daños que puedan causar sus calificaciones negligentes o maliciosas. En este sentido, he venido dejando constancia escrita de todas estas críticas (a modo de ejemplo, el lector interesado puede ver nuestra obra sobre “Las Agencias de calificación Crediticia. Agencias de Rating”, Ed. Aranzadi/Thomson Reuters, Madrid 2010).
Sin embargo, dicho lo anterior, conviene recordar que la realidad tozuda muestra que las calificaciones crediticias o “ratings” emitidos por las dos principales agencias siguen siendo esenciales para colocar la deuda pública y privada y financiar las inversiones y los servicios públicos y privados.
Lo anterior es así porque conviene recordar que vivimos inmersos en una Economía de mercado globalizada que, a pesar de las gravísimas injusticias que provoca (cuando vemos, por ejemplo, que el hambre de millones de personas coexiste con la grosera ostentación de su riqueza que hace el 1% de la población mundial que atesora el mismo capital que el 99% restante), se nos muestra por la Historia como el menos malo de los sistemas conocidos.
Y, en esta Economía, las decisiones de inversión se toman de forma global. De tal manera que, por ejemplo, el gestor de un fondo de pensiones australiano, cuando valore la posible compra de bonos de un ayuntamiento o una comunidad autónoma española (cuya ubicación exacta es probable que ignore), confiará en el “rating” que le proporcione una de las tres grandes agencias de calificación antes que en los, sin duda, persuasivos folletos que aquellas entidades públicas puedan publicar.
Y, llegados a este punto, debemos insistir en una ley financiera que se cumple casi con la misma exactitud que una ley física y que podemos enunciar conforme a un principio de proporcionalidad inversa de tal manera que: a mayor rating, menor coste de financiación y, a menor rating, mayor coste de financiación.
Por lo dicho, es evidente que el descenso o la carencia de un “rating” homologado internacionalmente encarecerá la financiación de los servicios públicos que presta el Estado, el ayuntamiento o la comunidad autónoma con cargo al mercado de capitales y le obligará bien a recurrir a otras vías de financiación (tales como, por ejemplo, el incremento de los impuestos) o bien a dejar de prestar el servicio público o prestarlo en peores condiciones. Y, entonces, podremos apreciar la transición –que pone título a esta entrada- desde el bono basura a la basura sin bono que financie su recogida.
Como hemos dicho con anterioridad en este blog, se trata de que los ciudadanos conozcan en todo momento las causas y los efectos que llevan al precio de las cosas y los servicios públicos y, después, decidan como financiarlas con pleno conocimiento de causa”.
Addenda cultural: El lector de este blog -siempre generoso con quien suscribe- me permitirá añadir un “toque de distinción” (a touch of class) reparando en que el hecho de que la lectura de este entrada -elaborada y publicada hace más de seis años- sigua siendo útil en nuestra nación muestra que “no hay nada nuevo bajo el sol” del populismo económico (la cita completa de este proverbio de la Biblia, Eclesiastés (Capítulo 1, versículo 9), que se atribuye al rey Salomón es: “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y no hay nada nuevo bajo el sol”).