Dado que, en estos días, se habla insistentemente de la conveniencia de reducir la presión fiscal que soporta la ciudadanía ante la inflación desbocada que sufrimos, nos parece oportuno plantear -desde nuestra modesta condición de profesor universitario- una propuesta para la reducción de la presión impositiva en España mediante la reforma del art.5 de la LPFP que incremente los límites de aportaciones a los dos tipos principales de planes de pensiones de empleo e individuales y permita la justa compensación a más de 7 millones de ciudadanos por el expolio de su ahorro invertido durante más de 33 años en los planes de pensiones individuales aniquilados en las dos últimas Leyes de Presupuestos de 2021 y 2022. En efecto, en este blog hemos venimos prestando una especial atención a lo que nos parece un expolio del ahorro invertido durante 34 años por más de 7 millones de ciudadanos españoles en los planes de pensiones individuales (el lector interesado en la materia puede consultar la nota bibliográfica final de esta entrada).
Las circunstancias actuales recomiendan Incentivar los PP de empleo y resarcir el daño sufrido por los partícipes de los PP individuales
La oportunidad de la advertencia y de la propuesta que formulamos en esta entrada obedece a diferentes síntomas de nuestra Economía que anuncian una segura enfermedad crónica de nuestra previsión social complementaria. Se trata de los síntomas siguientes:
a) La inflación desbocada que nos acompaña en el presente y nos acompañará en el futuro y que no solo merma el poder adquisitivo de las pensiones actuales sino el valor de la inversión para cubrir la previsión complementaria futura.
b) La confirmación de la caída dramática de las aportaciones de los españoles en 2021 a los planes de pensiones individuales que muestran los últimos datos publicados. Recordemos que los datos de las aportaciones de los españoles en 2021 a los planes de pensiones individuales ya mostraban una caída de 1719 millones de euros que alcanza cerca del 40% de los 4314 millones de euros aportados en 2020 hasta los 2594 millones de euros en 2021
c) La estructura desequilibrada del ahorro financiero de las familias españolas que muestra que la parte correspondiente a seguros y entidades de previsión social es desproporcionadamente reducida en comparación con el resto de los países europeos y que incluso en 2021 ha descendido un 3,5% respecto del año anterior. Su ponderación sobre el total de activos de las familias (9,4%) se sitúa en 2021 en su nivel más bajo en más de una década. Así, el ahorro financiero (activos financieros) de las familias españolas se situó en 2, 69 billones de euros a finales de diciembre de 2021, según datos de las cuentas financieras de la economía española difundidos por el Banco de España y recopilados por INVERCO. En términos acumulados en el año, experimentó un incremento anual de 176.000 millones de euros, es decir, un 7% más que en diciembre 2020. De esta cantidad, 254.194 millones corresponden a seguros y entidades de previsión social, un 3,5% menos que un año antes. La diferencia de comportamiento respecto al general lleva a que el peso de los seguros sobre el ahorro financiero quede en el 9,4% del total, frente al 10,5% que representaban en 2020. El del pasado ejercicio es el porcentaje más bajo en más de una década de tal manera que hay que remontarse a 2007 para ver un nivel inferior: 8,5% del ahorro total. Es más, en 2021, seguros y entidades de previsión social es la única de las grandes categorías de activos que han visto caer los activos gestionados. Cabe matizar, dentro de estos, el buen año de las EPSV, que han crecido un 7,2% (fuente: INESE. Boletín Diario de Seguros (BDS). Miércoles, 20 de abril de 2022. “Los seguros pierden la batalla por el ahorro”).
El expolio del ahorro invertido durante más de 33 años por más de 7 millones de ciudadanos españoles en los planes de pensiones individuales
Estos datos nos llevan a llamar la atención, de nuevo, sobre lo que nos parece que ha sido -y sigue siendo- un expolio del ahorro invertido durante más de 33 años por más de 7 millones de ciudadanos españoles en los planes de pensiones individuales Reiteramos ahora que la limitación drástica de las aportaciones de los españoles a los planes de pensiones individuales que introdujo la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, desde los 8.000 euros a los 2.000 euros; y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, desde los 2.000 euros hasta los 1.500 euros; nos parece que implican un expolio (según el DRAE “acción de expoliar” que se define como “despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad”) injusto e ineficiente del ahorro destinado por millones de españoles durante más de 33 años a su previsión social complementaria. Que, además, contradice el principio constitucional de confianza legítima de los ciudadanos (que deriva del art.9 de nuestra Constitución) y a la normativa europea.
La gravedad de este diagnóstico y del daño ocasionado a 7.352.391 de ciudadanos partícipes en planes de pensiones individuales con unos fondos invertidos de 78.594 80.568 millones de euros (según las cifras oficiales de la DGSFP al cierre del ejercicio de 2020) nos exige reiterar, en síntesis, las razones por las que nos parece injusto e ineficiente el proceso de aniquilación efectiva de los PP individuales por inanición mediante las reducciones drásticas de los límites de las aportaciones a este tipo de planes de pensiones.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 1987 varios millones de ciudadanos españoles han decidido dedicar, año tras año, parte de su renta disponible -ganada honradamente y tras pagar los impuestos pertinentes- a realizar aportaciones a los planes de pensiones individuales, en la cuantía legalmente permitida, para, de esta manera, integrar su previsión social complementaria. Todo ello con los efectos benéficos que esta inversión a largo plazo e indisponible producía para le Economía española al integrarse obligatoriamente en unos fondos de pensiones que, como inversores institucionales, producen efectos estabilizadores para los mercados financieros en la forma destacada por la propia Ley y que hemos comentado en infinidad de ocasiones (el lector interesado en la materia puede ver nuestro manual de “Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones”, Colección Manuales, Ed. Iustel, 1ª Edición, Madrid 2014).
Toda esa inversión a largo plazo e indisponible descansaba en la confianza legítima -derivada del art.9 de nuestra Constitución– de que los poderes públicos -fueran del color que fueran- respetaran los pactos con la ciudadanía sobre los límites de las aportaciones y los incentivos fiscales inherentes. Compromiso esencial cuando de previsión social complementaria se trata.
Procede recordar, en este momento, la importancia relativa de los planes de pensiones individuales en nuestro mercado de previsión social complementaria, a la que nos referíamos en la entrada de este blog del 19 de octubre de 2021. En ella acudíamos al último Informe anual publicado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones “Seguros y fondos de Pensiones 2020”. Para verificar en su pag.202 y ss. lo siguiente:
a) Recoge el cuadro de la cuenta de posición de los planes de pensiones. 2020 (Datos en millones de euros) en el que observamos que, en el año 2020, los planes de empleo representaban 35.786 35.766 con un -0,06% de decremento respecto al año 2019; los planes asociados 880 865 con un -1,70% de decremento respecto al año 2019; mientras los planes individuales representaron 78.594 80.568, con un 2,51% de incremento respecto al año 2019.
b) Si pasamos al cuadro de aportaciones por modalidad del plan de pensiones (Datos en millones de euros) verificamos que las aportaciones totales a los planes de empleo en 2020 ascendieron a 1.239 con un incremento del 0,16% respecto de 2019; las de los planes asociados fueron de 26 24, con un -7,69% de decremento respecto al año 2019; y las aportaciones a los planes individuales ascendieron a 3.623 3.731 con un 2,98% de incremento respecto al año 2019.
c) Si finalizamos revisando el cuadro de la distribución de las cuentas de partícipes entre las distintas modalidades de planes de pensiones en 2020
verificamos que los planes de empleo tenían 2.032.124 partícipes, con un -3,58% de decremento respecto al año 2019; que los planes asociados tenían tan solo 58.941 2.032.124 partícipes con un -2,02% de decremento respecto al año 2019; mientras que los planes individuales mostraban 7.352.391 de partícipes, con un 3,53% de incremento respecto al año 2019.
Pues bien, las ultimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y 2022 han reducido sucesiva y exponencialmente los límites de las aportaciones a los planes de pensiones individuales para hacerlas pasar de 8.000 euros a 2.000 y a 1.500 euros.
Y decimos que estas reducciones nos parecen injustas porque no se trata únicamente de discriminación frente a los planes de pensiones de empleo en términos de incentivos fiscales -que podría ser comprensible para estimular esta “segunda pata” de la previsión social complementaria laboral- sino, y esto es lo más grave, de limitación absoluta de las aportaciones a los planes de pensiones individuales.
Decimos que esta limitación absoluta de las aportaciones a los planes de pensiones individuales tiene un efecto expoliador del ahorro destinado honradamente por millones de españoles (exactamente y según las cifras oficiales de la DGSFP al cierre del ejercicio de 2020, 7.352.391 de partícipes con unos fondos invertidos de 78.594 80.568 de millones de euros) durante 33 años a su previsión social complementaria porque, en un contexto sistémicamente inflacionista, como el generado por la pandemia de la COVID 19 (alcanzando un incremento interanual superior al 6% según cifras publicadas por el INE) , la limitación de aportaciones a 1.500 euros anuales condena a los millones de españoles que tienen contratados planes de pensiones individuales a contemplar, año tras año, como sus fondos se devalúan víctimas de inflación sistémica contra la que no pueden luchar eficazmente aportando nuevos fondos en cuantía suficiente porque tales aportaciones están topadas a cuantías claramente insuficientes para mantener el valor real de sus inversiones y mucho menos para verlas crecer para su tranquilidad al contar con instrumentos eficientes de garantía de su previsión social complementaria.
Una propuesta legislativa para limitar la presión fiscal y mejorar la previsión social complementaria ante la inflación desbocada que padecemos: Incentivar los PP de empleo y resarcir el daño sufrido por los partícipes de los PP individuales
Dado que el proceso de aniquilación -por inanición financiero/fiscal- de los PP individuales se ha enfocado -erróneamente- desde la discriminación frente a los planes de pensiones de empleo en términos de incentivos fiscales y dado que esta diferencia de trato es razonable para estimular esta “segunda pata” de la previsión social complementaria laboral; proponemos una modificación del art.5 de la LPFP que incremente los límites de aportaciones a los dos tipos de planes de pensiones desde la convicción de la necesaria compatibilidad de ambas patas -laboral e individual- de la previsión social complementaria en el contexto de circunstancias económicas antes descritas y, muy especialmente, ante una inflación que parece será crónica.
Nota bibliográfica: El lector interesado puede consultar las siguientes entradas de este blog: de 19.10.2021 sobre “La aniquilación de los planes de pensiones individuales en los Presupuestos Generales del Estado para 2022”; de31.12.2021 sobre “La nueva reducción de los límites de las aportaciones a los planes de pensiones individuales introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 implica un expolio -injusto, ineficiente y contrario a la normativa europea- del ahorro destinado por millones de españoles durante 33 años a su previsión social complementaria”; de 27.01.2022 sobre “Causas y efectos: crónica de la muerte anunciada de los planes de pensiones individuales”; y de 25.03.2022 sobre “El Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). La entrada en vigor, el 22 de marzo de 2022 en la Unión Europea, del Reglamento (UE) 2019/1238 que lo regula. Una noticia en contra de la aniquilación de los planes de pensiones individuales en España”.