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Sostenibilidad financiera y corporativa en la UE: Estudios recientes patrocinados por la Comisión Europea sobre la verificación de los requisitos de la cadena de sostenibilidad y sobre los deberes de los administradores para garantizar un gobierno corporativo sostenible

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos”.

Apuleyo

La pandemia del COVID 19 como acelerador dramático de la sostenibilidad

Tanto en este blog como fuera de él nos hemos venido ocupando, en los últimos tiempos, de la sostenibilidad financiera y corporativa; convencidos, como estamos, de que la sostenibilidad, junto a la digitalización, es uno de los vectores claves que determinarán el futuro del sistema financiero y corporativo mundial. Así, el lector puede ver las dos entradas de este blog de los días 26 y 29 de junio sobre la “Sostenibilidad financiera en la UE: Un salto cualitativo mediante el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020 sobre inversiones sostenibles”; así como nuestro estudio sobre “Sostenibilidad financiera en la UE: un salto cualitativo en su regulación mediante el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020 sobre inversiones sostenibles” publicado en el Diario La Ley, nº. 9672, Sección Tribuna, 13 de Julio de 2020. Además, en el próximo número 159 de la RDBB -se aparición inminente- se publicará nuestro estudio “Sostenibilidad financiera en el mundo posterior al COVID 19” en donde analizamos el fenómeno con algo más de detalle.

En particular, la observación de la realidad más reciente nos permite afirmar que la pandemia universal del COVID 19 que padecemos ha operado y operará como una suerte de acelerador dramático de la sostenibilidad, al igual que de la digitalización. Y lo decimos, en cuanto a la sostenibilidad se refiere, porque la pandemia ha evidenciado la escasez de recursos sanitarios y, por ende, económicos que, por ello, deben gestionarse a largo plazo tanto por la duración previsible de esta pandemia como por la convicción del carácter cíclico de este tipo de pandemias del que nos informa la epidemiología.

Sostenibilidad corporativa y sostenibilidad financiera: Nociones y relaciones

Antes de abordar la exposición sintética de los dos informes que motivan esta entrada, es pertinente distinguir dos nociones que dan lugar a otros tantos conjuntos normativos que se entrecruzan:

a) La sostenibilidad corporativa, que es el estadio siguiente en la evolución societaria de la responsabilidad social corporativa y consiste en lograr la existencia perdurable de las sociedades -especialmente mercantiles- compatible con el equilibrio ecológico del planeta y los derechos humanos de todos los sujetos afectados por su actuación.

b) La sostenibilidad financiera, que hemos definido en la entrada de este blog del pasado 26 de junio sobre la “Sostenibilidad financiera en la UE: Un salto cualitativo mediante el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020 sobre inversiones sostenibles” en una doble forma acudiendo al doble sentido en el que fluyen los flujos financieros desde el ahorro hacia las inversiones sostenibles:

b.1) Como ecología financieramente sostenible atendiendo a los flujos desde el sistema financiero al ecológico.

b.2) Como finanzas sostenibles si atendemos a la dirección conceptual desde la ecología hacia el sistema financiero porque los flujos del ahorro hacia la inversión productiva deben ser sostenibles en el sentido de reproducibles a largo plazo y no dañosos con el medio ambiente.

Pues bien, ambas nociones de la sostenibilidad corporativa y sostenibilidad financiera se entrecruzan a dos niveles:

a) A nivel subjetivo, en las sociedades anónimas cotizadas que operan y producen sus efectos en los dos ámbitos y, por ello, están sujetas a una regulación de doble entrada (la de la LSC y la de la LMV).

b) A nivel funcional, mediante la contraposición entre el largoplacismo sostenible porque genera inversión productiva frente al cortoplacismo insostenible que genera especulación improductiva socialmente (el lector interesado en este aspecto puede ver nuestro estudio sobre el “Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas” publicado en la obra colectiva”Nuevas tendencias de derecho europeo y del derecho español de sociedades (Parte IIª. Identificación de los accionistas, voto transfronterizo y activismo accionarial)”, Martínez Martínez, M.T./ Sánchez-Calero Guilarte, J. (Dirs.), Fuentes Naharro, M. (Coord.),

Es por lo anterior por lo que nos parece particularmente interesante dar noticia de sendos estudios recientes de la Comisión Europea sobre la verificación de los requisitos de la cadena de sostenibilidad y sobre los deberes de los administradores para garantizar un gobierno corporativo sostenible

Estudio sobre la verificación de los requisitos de la cadena de sostenibilidad

a) Identificación

En primer lugar, damos cuenta del Informe Final del “Estudio sobre los requisitos de diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro” de enero de este año 2020 (“Study on due diligence requirements through the supply chain. Final Report”,January, 2020, Printed by the British Institute of International and Comparative Law in United Kingdom, Manuscript completed in January 2020, First edition, Ed. European Commission, Directorate General for Justice and Consumers, Directorate— A — Civil and Commercial Justice, Unit— A.3 — Company Law, E-mail: JUST-A3@ec.europa.eu, European Commission B-1049 Brussels, © European Union, 2020, PDF ISBN 978-92-76-15094-7 doi:10.2838/39830 DS-01-20-017-EN-N).

Se trata de un completo y extenso estudio de 572 páginas elaborado para la DG Justicia y Consumidores de la Comisión Europea sobre la debida diligencia a través de la cadena de suministro, realizado por el Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado (BIICL) en colaboración con Civic Consulting y LSE Consulting. Se plantea como un estudio inicial para el posible desarrollo de opciones regulatorias a nivel de la UE.

b) Objetivo

El mandato que cumple este estudio nace de la Acción 10 del Plan de Acción de la Comisión Europea sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible del 8 de marzo de 20182 para “realizar un trabajo analítico y consultivo con las partes interesadas pertinentes para evaluar: (i) la posible necesidad de exigir a los directorios corporativos que desarrollen y divulguen una estrategia de sostenibilidad, incluida la debida diligencia adecuada en toda la cadena de suministro y objetivos de sostenibilidad medibles; y (ii) la posible necesidad de aclarar las reglas según las cuales se espera que los directores actúen en el interés a largo plazo de la compañía”. Mandato este que, a su vez, deriva del Informe del Parlamento Europeo de mayo de 2018 sobre finanzas sostenibles, que pide una «propuesta legislativa» para «un marco general y obligatorio de diligencia debida que incluya el deber de diligencia que se implementará por completo en un período de transición y tener en cuenta el principio de proporcionalidad”.

El concepto de diligencia debida para «identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta» de los impactos corporativos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente que es relevante para este estudio fue introducido por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos («PRNU») e incorporado en las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (“Directrices de la OCDE”) para extenderse a otras áreas de conducta empresarial responsable como el medio ambiente y el cambio climático, los conflictos, los derechos laborales, el soborno y la corrupción, la divulgación y los intereses del consumidor. Este concepto de diligencia debida también se ha integrado en la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social (“Declaración EMN”). Es, asimismo, la base de la Ley del deber de vigilancia de Francia, que exige “medidas de vigilancia razonables” como norma de atención a los derechos humanos y daños medioambientales, y que, según el informe del Parlamento Europeo, deberían ser la base del “marco paneuropeo”.

c) Metodología

La metodología del estudio es empírica y consiste en recolectar evidencias sobre prácticas de mercado at través de encuestas, entrevistas, estudios de casos e investigación legal de materiales relevantes. En concreto, se encuestaron a 334 empresas pertenecientes a todos los sectores y de todos los tamaños que operaban en toda la UE y a nivel global. Las 297 entidades encuestadas que operan a nivel general (incluidas las asociaciones empresariales y organizaciones industriales, la sociedad civil, las representaciones de trabajadores o sindicatos, los profesionales del derecho y los organismos gubernamentales) proporcionaron igualmente una muestra representativa y equilibrada.

En esta primera fase o tarea destacan los casos de estudio de BASF (BASF and value-to-society), MARKS & SPENCER (MARKS & SPENCER and mapping supply chains), NESTLÉ (NESTLÉ and NGO partnering), HUAYOU (HUAYOU cobalt: acknowledging risks in artisanal and small-scale mining), etc. ) (pág.59 y ss.).

A partir del análisis empírico, el Estudio avanza en la revisión dd la regulación de la diligencia debida en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente al que están obligadas las empresas, tanto a nivel europeo como internacional. a nivel nacional, y más concretamente en 12 Estados miembros de la UE analizados en el marco de informes de expertos, así como en determinados países fuera de la UE.

Nos parece de particular interés la parte dedicada a identificar los aspectos problemáticos que debe solventar la regulación futura (pág.214 y ss.): los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de valor mundiales, agravados por su carácter cada vez más complejo, dinámico y no transparente; la falta de implementación de la debida diligencia por parte de las empresas, a pesar de los requisitos de transparencia y presentación de informes, voluntarios y legalmente vinculantes, que no se extienden los procesos de evaluación de riesgos corporativos más allá de los riesgos de la empresa a aquellos que se ven real o potencialmente afectados por su cadena de suministro y valor; la brecha regulatoria entre el marco legal existente y las obligaciones de los Estados miembros; la mayor fragmentación de los requisitos de diligencia debida en todos los sectores, tamaño de las empresas, países y área de aplicación; la falta de certeza jurídica sobre los requisitos de diligencia debida para los derechos humanos y los impactos ambientales; y la falta de acceso a la reparación para los afectados por los derechos humanos o impactos ambientales adversos de las empresas de la UE.

d) Opciones

La parte final del Estudio condensa el análisis de los problemas detectados, la lógica de intervención normativa y la identificación de las posibles opciones de intervención regulatoria a nivel de la UE que son (pág.239 y ss.):

d.1) Opción 1: Sin cambio de política (escenario de referencia) (No policy change (baseline scenario). No implicaría cambios en la regulación a nivel de la UE para las empresas sobre la realización de la debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro. Y ello sobre la base de la esperanza de que los desarrollos actuales a nivel nacional continúen dando lugar a una legislación de diligencia debida obligatoria en al menos algunos Estados miembros.

d.2) Opción 2: Nuevas directrices voluntarias (New voluntary guidelines / guidance): Esta opción implicaría nuevas directrices voluntarias a nivel de la UE para las empresas sobre la realización de la debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro. Directrices voluntarias que, por su propia idiosincrasia no pueden ser exigibles legalmente; pero pueden influir en el estándar que se espera de las empresas.

d.3) Opción 3: Nueva regulación que requiere informes de diligencia debida (New regulation requiring due diligence reporting). Esta opción implicaría una nueva regulación a nivel de la UE que exigiera que las empresas informaran sobre los pasos que han tomado para identificar, abordar, prevenir y mitigar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus propias operaciones o de terceros. -relaciones comerciales entre partes (incluida la cadena de suministro o la cadena de valor). Esta opción podría instrumentarse mediante la Directiva de información no financiera de la UE con respecto al nivel de detalle y transparencia requeridos, y un enfoque expreso en los riesgos para las personas y el planeta en lugar de materialidad para los accionistas.

d.4) Opción 4: Nueva regulación que requiere la diligencia debida obligatoria como un deber legal de conducta (New regulation requiring mandatory due diligence as a legal duty of care). Esta opción implicaría un nuevo requisito de diligencia debida obligatoria a nivel de la UE que requeriría que las empresas llevaran a cabo la diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y contabilizar la existencia de personas reales o potenciales. derechos e impactos ambientales en sus propias operaciones y cadena de suministro o valor, como un deber legal o estándar de conducta. Permitiría que una empresa demuestre, en su defensa, que ha cumplido con este estándar al realizar el nivel de diligencia debida requerido en las circunstancias particulares, es decir, este sería un enfoque basado en el riesgo específico del contexto. El estándar de debida diligencia permitiría priorizar aquellos riesgos que son los más “severos” , los “más significativos” o los más “destacados”. A su vez, esta última opción 4 se diversifica en las siguientes subopciones:

d.4.1) Subopción 4.1: Nueva regulación que se aplica a una categoría limitada de negocios (limitada por sector) (New regulation applying to a narrow category of business (limited by sector): Esta subopción implicaría un deber legal sustantivo de cumplir con un estándar de debida diligencia, aplicable solo a un determinado sector o producto básico.

d.4.2) Subopción 4.2: Nueva regulación que se aplica horizontalmente en todos los sectores: La nueva regulación de diligencia debida obligatoria se aplicaría en todos los sectores, ya sea (a) a un conjunto definido de grandes empresas; (b) a todas las empresas, independientemente de su tamaño, incluidas las PYME, o (c) un derecho general para todas las empresas más un derecho adicional solo para las grandes empresas. A su vez, esta Subopción se diversifica en las siguientes:

d.4.2.1) Subopción 4.2 (a): se aplicaría únicamente a un conjunto definido de grandes empresas.

d.4.2.2.) Subopción 4.2 (b): se aplicaría a todas las empresas, incluidas las PYME. Esta subopción implicaría un deber legal general de llevar a cabo la diligencia debida (Opción 4), aplicable a todas las empresas, incluidas las PYME.

d.4.2.3) Subopción 4.2 (c): el deber general se aplicaría a todas las empresas con obligaciones adicionales específicas que solo se aplican a las grandes empresas A modo de ejemplo, esto podría tomar la forma de un deber de diligencia debida general que se aplica a todas las empresas (incluidas las PYME), más una obligación adicional vinculada a los objetivos de cambio climático para las grandes empresas.

d.4.3) Finalmente se contempla la Subopción 4.3, consistente en las Subopciones 4.1 y 4.2 acompañadas de un mecanismo de supervisión y / o ejecución legal). Y ello porque, para que sea obligatorio, la nueva regulación de la diligencia debida anterior (Opción 4) debería ir acompañada de un mecanismo de supervisión y aplicación. Esta subopción considera dos subopciones para la aplicación y supervisión de dicho mecanismo, a saber, (a) mediante recursos judiciales o no judiciales, o (b) a través de un órgano de supervisión estatal y sanciones por incumplimiento. Estas dos subopciones no se excluyen mutuamente y ambas podrían aplicarse al mismo instrumento. Esta Subopción podría adoptar las siguientes variedades:

d.4.3.1) Subopción 4.3 (a): mecanismos de recursos judiciales o extrajudiciales para los afectados por la falta de diligencia debida de la empresa.

d.4..3.2) Subopción 4.3 (b): Órgano de supervisión estatal y sanción por incumplimiento Esta subopción consistiría en el nuevo reglamento obligatorio de diligencia debida anterior (Opción 4) acompañado de un órgano de supervisión estatal y sanciones para incumplimiento. Los órganos de supervisión y ejecución (a menudo denominados órganos administrativos) podrían crearse a nivel de la UE o de los Estados miembros, dentro de los departamentos estatales existentes o por órganos recientemente establecidos. Los mecanismos de ejecución podrían incluir multas, nombramiento de monitores, retiro de licencias o concesiones comerciales, o incluso la disolución de la empresa. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos de ejecución incluye reparación a la víctima, aunque esto podría estar expresamente previsto además de la supervisión estatal.

Finalmente se incluye un apartado de evaluación de las opciones (pág.290 y ss.) realizada por LSE Consulting, sobre la base de una revisión de la literatura y una evaluación de los resultados de la encuesta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos, y tiene como objetivo discutir y evaluar, en esta etapa preliminar, posibles costos y beneficios de las diferentes opciones regulatorias en las siguientes áreas: impactos económicos; impactos sociales; impactos ambientales. Con el resultado siguiente

a) Se espera que las opciones 2 y 3 tengan solo un impacto social positivo menor. Dado que estas opciones solo brindan una nueva orientación o requieren informes, pero no requieren sustancialmente que las empresas tomen medidas de diligencia debida, no se espera que las empresas tomen medidas adicionales sustanciales para abordar los asuntos sociales. También se espera que ambas opciones no tengan ningún impacto negativo o positivo importante en los niveles de empleo.

b) Se espera que los impactos sociales de la Opción 4 sean más significativos porque las opciones regulatorias requieren prácticas de debida diligencia. Sin embargo, la magnitud y el tipo de impactos sociales depende del diseño y aplicación de la nueva regulación, de los temas sociales que se abordan en la regulación, así como de la efectividad de los mecanismos de aplicación. De manera similar, se espera que los impactos ambientales y en los derechos humanos de la Opción 4 sean más significativos, y que los impactos positivos dependan de una supervisión y aplicación adecuadas. Sin embargo, al comparar las Opciones 2 y 3, los encuestados prevén que las directrices voluntarias serán más efectivas que los requisitos de presentación de informes

Estudio sobre los deberes de los administradores para garantizar un gobierno corporativo sostenible

a) Identificación

El segundo estudio que nos parece especialmente destacable por incidir directamente en la sostenibilidad corporativa es el Informe Final del “Estudio sobre los deberes de los administradores para garantizar un gobierno corporativo sostenible” publicado el pasado mes de julio de este año 2020 (“Study on directors’ duties and sustainable corporate governance”, Final Report, Report prepared by EY for the European Commission DG Justice and Consumers, July 2020, European Commission Directorate-General for Justice and Consumers, Directorate A — Civil and Commercial Justice, Unit A.3 — Company Law, E-mail: JUST-A3@ec.europa.eu, European Commission, B-1049 Brussels, PDF ISBN 978-92-76-19979-3 doi:10.2838/472901 DS-03-20-415-EN-N, © European Union, 2020).

b) Objetivo

El objetivo de este estudio es evaluar las causas fundamentales del «cortoplacismo» en el gobierno corporativo, evaluando si están relacionadas con las prácticas actuales del mercado y los marcos regulatorios e identificar posibles soluciones a nivel de la UE. Tiene también la finalidad de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS) y los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Se espera que los resultados de este estudio ayudarán a la Comisión a identificar las posibles acciones necesarias para un marco de gobierno corporativo y de derecho de sociedades sostenible óptimo a nivel de la UE.

En primer lugar. expone las cuestiones en juego que jiustifican la necesidad de actuar a nivel de la UE porque la evidencia recopilada durante el período 1992-2018 muestra que existe una tendencia a que las empresas que cotizan en bolsa dentro de la UE se centren en los beneficios a corto plazo de los accionistas en lugar de en los intereses a largo plazo de la empresa. Los datos indican una tendencia al alza en los pagos a los accionistas, que se cuadriplicaron, de menos del 1% de los ingresos en 1992 a casi el 4% en 2018. Además, la relación entre la inversión en CAPEX y en I + D y los ingresos ha ido disminuyendo desde el comienzo del Siglo XXI.

El estudio muestra que, hasta cierto punto, el “cortoplacismo” empresarial encuentra sus causas fundamentales en los marcos regulatorios y las prácticas del mercado. Estas tendencias funcionan juntas para promover un enfoque en el rendimiento financiero a corto plazo en lugar de en la creación de valor

Se requiere una intervención política de la UE para ampliar el horizonte temporal en la toma de decisiones corporativas y promover un gobierno corporativo que sea más propicio para la sostenibilidad. Es probable que la norma social de primacía de los accionistas y las presiones a corto plazo de los mercados financieros sigan influyendo en la toma de decisiones corporativas. De esta manera, los directores y ejecutivos de la mayoría de las empresas seguirán sintiendo la presión de maximizar el valor para el accionista y distribuir las ganancias a través de dividendos y recompras, al mismo tiempo que sacrificarán inversiones (en I + D, CAPEX, desarrollo de empleados, etc.) que son muy necesarias para una transición hacia la creación de valor sostenible. Sin embargo, las consecuencias de la insostenibilidad son muy graves y tienen repercusiones en toda la UE (y en todo el mundo). Los horizontes de tiempo a corto plazo que no captan la totalidad de los riesgos e impactos de sostenibilidad a largo plazo podrían tener consecuencias ambientales, sociales y económicas abrumadoras para las empresas, los accionistas, los inversores y la sociedad en general. Además, el logro de los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático y los ODS de la ONU es poco probable, dado el status quo.

Por último, solo la acción de la UE puede garantizar la igualdad de condiciones para las empresas europeas. Los marcos de gobernanza empresarial en Europa varían significativamente entre los Estados miembros, y una acción de la UE por sí sola parece tener la escala y el alcance de los requisitos previos necesarios para lograr un mayor nivel de responsabilidad empresarial para la creación de valor sostenible a largo plazo y para establecer un terreno común mínimo para tratar sostenibilidad evitando distorsiones del mercado.

De ahí que el studio sostiene que una posible acción futura de la UE en el ámbito del derecho de sociedades y la gobernanza empresarial debería perseguir el objetivo general de fomentar una gobernanza empresarial más sostenible y contribuir a una mayor responsabilidad por la creación de valor sostenible de las empresas. Al hacerlo, la intervención de la UE debe buscar un equilibrio entre la necesidad de atenuar las presiones a corto plazo sobre los directores de las empresas y promover la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones corporativas, por un lado, y la necesidad de suficiente flexibilidad para tomar en cuenta tener en cuenta los diferentes marcos regulatorios nacionales por otro.

c) Metología

El estudio realizó dos tareas principales: 1) el análisis de la situación y los problemas potenciales, examinando las prácticas sostenibles de gobierno corporativo y los marcos regulatorios nacionales en la UE, y 2) la identificación de posibles opciones, a partir de los problemas destacados en la Tarea 1; analizando sus impactos potenciales frente al escenario de referencia sin acción de la UE.

En este fase nos parece particularmente destacable la identificación de los vectores clave de los problemas de sostenibilidad corporativa (pág.61 y ss.): Los deberes de los admnistradores y los intereses de la empresa se interpretan de manera restrictiva y tienden a favorecer la maximización a corto plazo del valor para los accionistas; las crecientes presiones de los inversores con un horizonte a corto plazo contribuyen a aumentar el enfoque de las juntas en los rendimientos financieros a corto plazo para los accionistas a expensas de la creación de valor a largo plazo; las empresas carecen de una perspectiva estratégica sobre la sostenibilidad y las prácticas actuales no identifican y gestionan eficazmente los riesgos e impactos de sostenibilidad relevantes; las estructuras de remuneración de la junta incentivan el enfoque en el valor para los accionistas a corto plazo en lugar de la creación de valor a largo plazo para la empresa; la composición actual de la junta no respalda plenamente un cambio hacia la sostenibilidad; los marcos y prácticas actuales de gobierno corporativo no expresan suficientemente los intereses a largo plazo de las partes interesadas; y el cumplimiento del deber de los directores de actuar en el interés a largo plazo de la empresa es limitado.

d) Opciones regulatorias

Las opciones regulatorias (pág.40 y ss.) ue presenta el esudio pretemden lograr tres objetivos específicos:

a) Reforzar el papel de los administradores en la consecución de los intereses a largo plazo de su empresa: la intervención de la UE debería disipar los conceptos erróneos y los errores actuales en relación con el propósito de la empresa y los deberes de los directores, que llevan a los directores a priorizar el desempeño financiero a corto plazo sobre el interés a largo plazo de la empresa.
b) Precisar la responsabilidad de los administradores para integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones corporativas: la intervención de la UE debería generar un mayor nivel de responsabilidad para la creación de valor sostenible al hacer que los directores sean más responsables de la sostenibilidad de su conducta empresarial.

c) Promover prácticas de gobierno corporativo que contribuyan a la sostenibilidad de la empresa: la intervención de la UE debería abordar las prácticas de gobierno corporativo que favorezcan el cortoplacismo y obstaculicen la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones de la empresa (por ejemplo, en el área de informes corporativos, remuneración del directorio, composición del directorio, participación de las partes interesadas).

Para lograr estos objetivos, el estudio identificó una lista de medidas a considerar para una evaluación detallada de tal modo que, dependiendo de su naturaleza, las medidas se agruparon en posibles opciones caracterizadas por un nivel creciente de intervención regulatoria en comparación con el escenario de referencia (statu quo):

a) Opción A (no legislativa / blanda): difundir prácticas sostenibles de gobernanza empresarial mediante actividades de sensibilización, comunicaciones y libros verdes.

b) Opción B (no legislativa / blanda): fomentar iniciativas normativas nacionales destinadas a orientar los enfoques de gobierno corporativo hacia la sostenibilidad a través de recomendaciones.

c) Opción C (legislativa / estricta): establecer normas comunes mínimas para mejorar la creación de valor a largo plazo y garantizar la igualdad de condiciones a través de intervenciones legislativas de la UE.