Close

Venta parcial de una sociedad mediante compraventa de acciones sociales calificada como civil. Sentencia 119/2020 de 20 de febrero de 2020 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo

Transmisiones de sociedades través de la compraventa de sus acciones o participaciones

En este blog nos hemos ocupado de las transmisiones de sociedades mediante la compraventa de sus acciones o participaciones recurriendo a la metáfora de “la caja de bombones” según la cual la sociedad mercantil es la “caja”, cuya propiedad se refleja en las acciones o participaciones representativas de su capital; y los “bombones” son los activos que integran su patrimonio. De tal manera que la transmisión de los activos de la empresa (los “bombones”) –que es la finalidad última del adquirente- puede hacerse de forma directa,  mediante la compra de aquellos activos; o de forma indirecta, a través de la compra de las acciones o participaciones representativas del capital de la sociedad (la “caja”) que los contiene o mediante determinadas modificaciones de aquella “caja”, integrándola en otra mayor, como sucede, por ejemplo, en la fusión de la sociedad mediante su absorción por otra.

Cada una de las formas de adquisición de empresas que acabamos de señalar presenta sus ventajas y sus inconvenientes y, por ello, el recurso a uno u otro procedimiento será aconsejable en función de las circunstancias de cada caso.

Así, por ejemplo, la compra directa de los activos es un procedimiento más complejo que los restantes en algunos de sus aspectos, por la necesidad de respetar los requisitos de transmisión de cada uno de los activos que se transmite; pero que a menudo es el preferido por determinados compradores, al permitirles seleccionar los activos deseados sin asumir las contingencias ocultas de la sociedad titular de los mismos.

Mientras que la compra indirecta de aquellos activos a través de la compra de las acciones o participaciones representativas del capital de la sociedad en cuyo patrimonio están los activos que se quieren adquirir presenta la ventaja de la sencillez porque la compra de las acciones o participaciones implica la de los activos de su patrimonio. Sencillez que también suele predicarse como una de las ventajas de la transmisión de empresas mediante modificaciones estructurales de las sociedades ya que, por ejemplo, la sucesión universal de la sociedad absorbente en la posición de la absorbida por fusión simplifica extraordinariamente la transmisión de los activos de la absorbida a la absorbente (el lector puede ver la entrada de 14 de diciembre de 2016 sobre “La transmisión de empresas a través de la compraventa de sus acciones o participaciones”).

La Sentencia 119/2020 de 20 de febrero de 2020 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo

En este ámbito, nos parece oportuno dar cuenta, en este blog, de la Sentencia 119/2020 de 20 de febrero de 2020 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (Recurso de casación 2146/2017, Ponente: Díaz Fraile, Juan María) que califica de civil una venta parcial de una sociedad mediante compraventa de acciones sociales atendiendo a la naturaleza del objeto del negocio traslativo que excluye, en vía de principio y  por la propia naturalezade dicho objeto, la consideración del contrato como mercantil. Pasamos a comentarla siguiendo la estructura generalmente utilizada.

Supuesto de hecho

a) El 27 de junio de 1993, tres hermanos y dos hermanas junto con su madre, suscribieron un contrato de «permuta, compra de acciones y otros derechos y división de comunidad«, en el que fijaban la titularidad de las acciones que correspondía a cada uno de ellos en un importante grupo empresarial familiar, integrado por 4 sociedades anónimas.  En la disposición segunda de este contrato se estipuló la transmisión de la totalidad de las acciones de las compañías mercantiles del citado grupo empresarial correspondiente a las dos hermanas y a dos de los hermanos, al tercer hermano, que las adquiría para su sociedad de gananciales. El precio fijado en concepto de transmisión de acciones que el adquirente debía abonar a sus hermanas, cada una de las cuales ostentaba el 15% del capital social, fue el siguiente: a la hermana A, la cantidad de 90.050.000 pesetas y a la hermana B, 97.050.000 pesetas, acordándose asimismo el fraccionando del abono de dichas cantidades en pagos continuados con vencimiento final en el año 1996.

b) El 1 de octubre de 1993, el adquirente y las dos hermanas vendedoras suscribieron una serie de pólizas con novación subjetiva del deudor en el contrato antes reseñado, pasando a ocupar la posición jurídica de aquél una sociedad anónima, después transformada en sociedad limitada. Además, en estas pólizas de novación subjetiva de la venta se concretaba la cuantía de las cantidades adeudadas en concepto de pago del precio de la venta, que quedaron fijadas respecto de ambas hermanas en 60.643.620 pesetas, es decir, una cantidad inferior a la estipulada inicialmente en la que figuraba como deudor el hermano adquirente.

Conflicto jurídico

a) Las dos hermanas formularon una demanda de juicio ordinario contra la S.L. que se había subrogado en la posición del hermano comprador, en la que pedían la condena de esta última a abonar a cada una de ellas diferentes cantidades en concepto de principal y de intereses devengados desde el día 1 de enero de 1997 hasta la fecha, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

b) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Ibi dictó sentencia n.º 128/2016, de 8 de septiembre que estimaba en parte la demanda y condenaba a la SL demandada al pago a cada una de las demandantes parte de la cantidad reclamada más el interés legal, sin imposición de costas.

c) La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la SL demandada, alegando la prescripción de la acción y la aplicabilidad del art. 1.101 del Código civil respecto del sistema del cómputo de los intereses de demora, por entender que la compraventa de las acciones y participaciones sociales debía calificarse como contrato civil y no mercantil.

d) La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante dictó sentencia nº. 137/2017, de 2 de marzo que desestimó el recurso de apelación de la SL demandada, por considerar que las reiteradas reclamaciones extrajudiciales de pago realizadas por las demandantes y el reconocimiento de la deuda en virtud de su pago parcial constituían actos de interrupción de la prescripción;  y que,  tratándose de una venta que había de calificarse como mercantil y no como civil, el régimen aplicable al inicio del cómputo del devengo de los intereses de demora era el previsto en el art. 63 del Código de comercio, esto es, el dies a quo es el día siguiente al fijado contractualmente para el pago.

e) La S.L. demandada y condenada interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial en base a dos motivos: En el primero y en cuanto a la prescripción de acciones civiles, se denunciaba la infracción del art. 1.973 del C.c., con oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, citando la sentencia de 29 de febrero de 2012 (rec.1136/2009); y, en el segundo y en cuanto a la aplicación de los intereses civiles, se denunciaba la errónea aplicación del art. 325 del Código de Comercio en relación con los arts. 1.445 y 1.100 del Código Civil citando como infringida la sentencia de 19 de octubre de 2011 (rec.465/2008).

Doctrina jurisprudencial

En el fallo de la Sentencia 119/2020 de 20 de febrero de 2020, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo decide: “Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por la mercantil Cartera Industrial Sarganella S.L. contra la sentencia 137/2017, de 2 de marzo, dictada por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación n.º 579/2016, que revocamos en parte, en los términos señalados en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución”.

Este fallo se asienta sobre un razonamiento que muestra una estructura lógico-jurídica clara que se desarrolla en tres fases:

Primera fase: Presupuesto. El carácter civil de la venta de acciones sociales litigiosa.

Tomando como punto de partida lo dispuesto en el art. 325 del Código de comercio –que dispone: «Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.» y tras una cita exhaustiva de la jurisprudencia previa de la propia Sala, dice: “Igual revisión de la calificación del contrato, en cuanto a su naturaleza jurídica civil o mercantil, procede en sede de casación cuando ello dependa de valoraciones jurídicas aplicables a una incontrovertida base fáctica del proceso. Esto es lo que sucede en el presente caso en el que no consta el citado propósito de reventa (tampoco consta la integración de las acciones sociales en el proceso productivo de la empresa, de la que no consta un objeto social destinado a la inversión), y en el que la naturaleza del objeto del negocio traslativo, que supone la venta parcial de una sociedad, excluye, en vía de principios, por la propia naturaleza de dicho objeto, la consideración del contrato como mercantil. Por ello, aplicando la doctrina jurisprudencial antes reseñada no cabe sino calificar el contrato de compraventa de las acciones sociales litigioso como civil, de cuyo presupuesto partiremos para resolver los dos motivos del recurso. En tal sentido no podemos confirmar la sentencia de la Audiencia que, apartándose de la jurisprudencia expuesta, califica como mercantil la compraventa de las acciones sociales cuestionada al considerar que tiene un objeto de inversión (las citadas acciones y participaciones) realizadas por un sujeto de derecho mercantil (una sociedad de responsabilidad limitada), destinada por el adquirente a su propio fin negocial o empresarial, con independencia de que la destine a revender o a producir en su propia empresa. Por tanto, para resolver los dos motivos del recurso partiremos del presupuesto de la calificación como civil del contrato cuestionado con las consecuencias que de ello se derivan en la definición del régimen jurídico aplicable a las dos cuestiones en que se concreta la controversia”.

Segunda fase: consecuencias

Primera consecuencia: Desestimación de la prescripción de la acción.

La Sala desestima el primer motivo del recurso que denunciaba la infracción del art. 1.973 CC y la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de prescripción de acciones diciendo: “En este caso la ratio decidenci de la sentencia no se basa en una interpretación extensiva de los supuestos legales de interrupción de la prescripción, sino en la valoración probatoria de la existencia de diversas reclamaciones extrajudiciales precedentes a la demanda judicial, reclamaciones que tienen el valor interruptivo que le atribuye nuestro ordenamiento positivo, y en concreto el art. 1.973 CC, según lo antes razonado”.

Segunda consecuencia: Estimación del cómputo del plazo del devengo de los intereses moratorios de la deuda desde el día en que se produjo la primera reclamación de pago respecto de las cantidades adeudadas

La Sala estima el segundo motivo que denuncia la infracción, por errónea aplicación, del art. 325 del Código de Comercio en relación con los arts. 1.445 y 1100 del Código Civil por las razones siguientes: “Como dejamos sentado en el primer apartado de este fundamento jurídico, la compraventa de las acciones sociales objeto de la presente litis debe ser calificada de civil. En consecuencia, el régimen legal aplicable al dies a quo para el cómputo de los intereses de demora no es el contenido en el art. 63 del Ccom, conforme al cual los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán en los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la Ley, «al día siguiente de su vencimiento», sino el previsto en el art. previsto en el art. 1.100 CC, conforme a cuyo párrafo primero: «Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación«. Sólo excluye el precepto citado tal exigencia de previa reclamación, judicial o extrajudicial, cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente, o bien cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación, circunstancias que no se han alegado ni probado en este proceso. En consecuencia, en el presente caso debe entenderse que el día inicial del cómputo del devengo de los intereses de demora es aquel en que se produjo la primera reclamación de pago respecto de las cantidades adeudadas.No lo hace así la Audiencia que diversamente aplica al inicio del cómputo del devengo de los intereses moratorios el régimen del art. 63 del Ccom (en este caso el 1 de enero de 1997, al finalizar el término fijado para el pago en la fecha previa). Al pronunciarse así, se opone a la jurisprudencia nacional expuesta, por lo que estimamos en parte el recurso de casación, anulamos también en parte la sentencia recurrida y asumimos la instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada en la parte correspondiente a la estimación del recurso”.

Conclusión

La estimación del recurso de casación lleva a la Sala a asumir la instancia para decir: “En consecuencia, debe revocarse la sentencia de primera instancia y de apelación respecto del día inicial del devengo de los intereses de demora y, en su lugar, fijarlo en la fecha en que se produjo la primera reclamación extrajudicial, conforme a los términos que resultan del anterior fundamento jurídico, debiendo en consecuencia adaptarse el importe de las cantidades a cuyo pago se ha condenado por la Audiencia al demandado, lo que se concretará en ejecución de sentencia”.