El día de ayer colgamos en este blog la primera entrada con el mismo nombre de “La sostenibilidad financiera en el mundo posterior a la pandemia del coronavirus” sobre la cuestión que nos parece apasionante sobre el papel esencial de la sostenibilidad –junto a la digitalización- en el nuevo escenario del Mundo en que nos tocará vivir a nosotros y, especialmente, a las generaciones venideras que ahora esperan confinadas en sus casas que esta pandemia amaine. En ella, centrábamos nuestra atención en los aspectos generales del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de enero de 2020 sobre «La economía sostenible que necesitamos». Ahora, completamos la entrada anterior precisando el enfoque sobre la sostenibilidad financiera.
El contexto: Políticas para transformar la economía
El Dictamen del CESE recuerda que “las naciones de todo el planeta se han comprometido con una Agenda para 2030 que sea radical, justa y alcanzable” y que, en particular, la UE ha aprobado la Agenda 2030 y se ha comprometido a avanzar hacia los ODS”. Dicho lo anterior, añade que la construcción de una economía del bienestar sostenible e inclusiva “requerirá una reforma sistemática de los cimientos que sustentan el sistema económico: las empresas, el trabajo, la inversión y el dinero”.
Para alcanzar ese objetivo, el CESE pide a la nueva Comisión Europea y al Parlamento Europeo que colaboren estrechamente para elaborar un programa sustancial de políticas integradas que creen las condiciones de la transformación hacia una economía del bienestar sostenible e inclusiva. Y, en ese trayecto, formula propuestas en los sentidos siguientes:
a) Financiación de la transición: en este punto el CESE propone “armonizar todo el gasto del sector público de los Estados miembros con la meta de alcanzar los ODS y conseguir la transición hacia una economía climáticamente neutra; garantizar que todos los mecanismos de financiación —incluidos el marco financiero plurianual, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización— estén por
completo alineados con la transición hacia una economía climáticamente neutra; adoptar un nuevo pacto social y ecológico europeo para realizar inversiones a gran escala con unos beneficios públicos evidentes y amplios, como la reforma de edificios públicos, el rediseño del transporte público y la creación de sistemas de energías limpias; (…) eliminar inmediatamente todas las «subvenciones perjudiciales» que apoyan, por ejemplo, la extracción y el uso de combustibles fósiles o el uso de aceite de palma, de forma directa o indirecta; a escala mundial (…) establecer un plan rector para llevar a cabo una reforma fiscal ecológica en la UE, de forma que la fiscalidad y los incentivos se utilicen para fomentar los resultados deseados, penalizar los indeseados, recompensar a quienes se esfuerzan
por llevar una vida más sostenible e incentivar las inversiones sostenibles (…) emplear la fiscalidad, las subvenciones y las políticas «predistributivas» para reducir las desigualdades de renta y riqueza y garantizar una «transición justa» mediante un apoyo financiero y oportunidades de reciclaje profesional adecuados para los trabajadores en riesgo de perder su puesto de trabajo como consecuencia de la transición hacia una economía climáticamente neutra”.
b) Garantía de la gobernanza y la coherencia de las políticas. En este aspecto, el CESE propone “detectar y reformar los obstáculos para la transición hacia una economía climáticamente neutra insertos en la estrategia industrial, la política comercial, la política de competencia, la política de innovación, la política laboral y la normativa financiera vigentes; armonizar todos los ámbitos políticos con el objetivo de lograr una economía climáticamente neutra;llevar a cabo una revisión de las normas fiscales y monetarias de la UE para garantizar que sean coherentes y aptas
para permitir la transición hacia una economía climáticamente neutra; emprender una revisión de las estructuras de la UE existentes al objeto de desarrollar conocimientos y estrategias encaminadas a poner fin a la «dependencia del crecimiento» de la economía de la UE (…).”.
c) Reforma de los instrumentos actuales. Aquí, el CESE propone “tomar medidas para atajar el hiperconsumismo (por ejemplo, mediante restricciones a la publicidad, en particular, la destinada a los niños), abordar la regulación de los productos nocivos, promocionar opciones de consumo éticas y sostenibles, fomentar espacios compartidos y esfuerzos comunitarios y proteger los recursos comunes y bienes públicos; apoyar la solidaridad social mediante la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales y reforzar el importante cambio de paradigma de la Agenda 2030 hacia un modelo más participativo de gobernanza multilateral para el desarrollo sostenible y alentar un enfoque que abarque al «conjunto de la sociedad» para lograr la transición crucial hacia un futuro más sostenible para el planeta);desarrollar nuevos indicadores del rendimiento económico y el progreso social para reemplazar el uso inadecuado del PIB, que no ofrece una imagen completa del bienestar de las personas; (..)”.
Las reformas del sistema financiero como fundamentos de la economía del bienestar
El Dictamen del CESE destaca cuatro aspectos específicos del sistema económico que necesitarán cambios profundos para hacer realidad la economía del bienestar que consisten en redefinir el papel de la empresa, reformar la naturaleza y la calidad del trabajo, reestructurar las inversiones y transformar el sistema monetario. Centraremos nuestra atención en los dos últimos habida cuenta de su significado financiero.
Reestructuración de las inversiones
Comienza este apartado del Dictamen constatando que “replantear la concepción de las empresas y el trabajo no será posible sin una transformación de la inversión, que es la base de toda prosperidad duradera. Cuando una gran proporción de inversión privada se destina a un comportamiento de búsqueda de rentas y a la especulación con los precios de los activos, la relación productiva entre el presente y el futuro se ve profundamente distorsionada, lo que desestabiliza la economía y debilita la prosperidad”.
Por lo anterior, añade el CESE que “la inversión sostenible en las comunidades, los espacios públicos, la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales, las viviendas e infraestructuras que no emitan carbono y la protección y restauración de la biodiversidad será esencial para lograr una economía del bienestar que funcione para todos y esté en consonancia con los ODS”.
Y entrado ya en el ámbito de la regulación prudencial, nos dice que “la regulación prudencial será fundamental para evitar que los comportamientos a corto plazo socaven la estabilidad y recompensar una nueva cartera de inversión en bienestar sostenible”.
Adviértase que, en este punto, el Dictamen del CESE se pone en línea con las iniciativas recientes más relevantes del Derecho de sociedades europeo para incentivar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y evitar la especulación improductiva; iniciativa a la que hemos dedicado una especial atención tanto en este blog (así pueden verse las entradas de 7 junio de 2019 sobre Razones para incentivar la implicación a largo plazo de los accionistas las sociedades anónimas cotizadas: La metáfora del tren de larga distancia, de 31 mayo de 2019 sobre Implicación a largo plazo de los accionistas: Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva 2017/828 y de 21 noviembre de 2018 sobre La implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas: Directiva 2017/828 y Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212) como fuera de él (puede verse nuestro estudio sobre el Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas la Directiva 2017/828 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/1212, publicado en La Ley 15031/2018 y en La Ley Unión Europea, n.º 65, 31 de diciembre de 2018, pp. 1-11. Wolters Kluwer).
La aplicación de los anteriores principios en forma de configuración y gestión de carteras se observa cuando el Dictamen del CESE señala que “conseguir esta nueva cartera de inversión depende de la existencia de un sistema financiero adecuado a sus objetivos. Mejorar la capacidad de los ciudadanos de a pie de invertir sus ahorros de forma responsable, de modo que se beneficie su propia comunidad y un entorno más amplio, reviste una importancia crucial, pero también son precisos unos cambios más profundos y decisivos. Está claro que las instituciones financieras de la UE que respaldan la economía —incluidos el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y los bancos comerciales que operan a escala nacional e internacional— deben integrar los ODS en sus
actividades de inversión y préstamo como principios rectores”.
Transformación del sistema monetario
En este punto, el Dictamen del CESE comienza advirtiendo que “ha llegado el momento de hacer el sistema monetario más resistente a las repercusiones negativas de la especulación a corto plazo y de garantizar que este sistema funcione en beneficio de las personas, el planeta y las empresas sostenibles”.
Sigue el Dictamen del CESE explicando que “en las economías capitalistas avanzadas el dinero se genera de tres maneras distintas: mediante el gasto público, mediante operaciones de los bancos centrales y mediante la creación de crédito (deuda) en las instituciones financieras comerciales. Más del 95 % de la oferta monetaria en las economías modernas se genera como deuda de las instituciones financieras comerciales”.
Y, tras ofrecer datos detallados sobre la actividad del Banco Central Europeo como responsable, en última instancia, de la estabilidad y la resiliencia de la oferta monetaria en toda la zona del euro y de las implicaciones del artículo 123 del Tratado de Lisboa; el Dictamen del CESE acaba diciendo: “Existen pruebas concluyentes de que un mayor control estatal de la oferta de dinero puede reducir la deuda pública y privada y mejorar la resiliencia financiera. El CESE considera que ha llegado el momento de revisar el sistema monetario en Europa y armonizarlo con las prioridades de la transición hacia una economía del bienestar sostenible e
Inclusiva”
Conclusiones y recomendaciones del Dictamen del CESE
El Dictamen del CESE acaba haciendo una serie de recomendaciones al resto de instituciones de la UE que –en cuanto a nuestro interés financiero importa- podemos seleccionar del siguiente modo (las negritas son nuestras, al igual que las que hemos introducido a lo largo de las transcripciones del Dictamen del CESE contenidas en este entrada y en la precedente):
a) “Destaca que la construcción de la economía del bienestar debe comenzar con la adopción de un enfoque de precaución conforme al cual la estabilidad macroeconómica no dependa del crecimiento del PIB. Propone que se elaboren nuevos indicadores de rendimiento económico y progreso social más allá del PIB”
b) “Propone adoptar un marco relativo al nivel de vida e introducir un «presupuesto del bienestar» para la UE, inspirado en enfoques ya utilizados en otros lugares”.
c) “Reclama que se ponga fin a las subvenciones perjudiciales y se armonice todo el gasto del sector público de la UE y los Estados miembros con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática”.
d) “Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo una reforma fiscal ecológica que contribuya a concertar la fiscalidad, las subvenciones y las políticas «predistributivas» con el objetivo de lograr una transición justa hacia una economía del bienestar, en particular mediante la aplicación de la legislación existente”-
e) “Reclama que todos los marcos e instrumentos políticos y presupuestarios/financieros actuales de la UE (como el marco financiero plurianual, el Semestre Europeo y Legislar mejor) se armonicen urgentemente para alinearlos con una transición justa hacia una economía del bienestar”.
f) “Adaptar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para garantizar que la economía del bienestar sea plenamente coherente con los ODS y el pilar europeo de derechos sociales”.