Sostenibilidad y digitalización como los nuevos vectores del mundo futuro
Esta pandemia del COVID 19 que esta asolando la vida y la economía del Orbe entero pone de manifiesto que, una vez superada, habrá que repensar el orden mundial y, en particular, la economía y, dentro ella, muy especialmente el mercado financiero global que, con ocasión de la misteriosa pandemia que estamos padeciendo, se ha revelado como el verdadero corazón de los sistemas productivos que precisan de la sangre de la liquidez para no morir de inanición y arrastrar, con ellos, al paro, a la miseria y a la muerte a grandes capas de población, especialmente, a las clases populares que viven de su trabajo.
Y en esta reflexión sobre como será el mundo posterior a la pandemia del coronavirus y, en particular, el sistema financiero cada vez más global –que conviene iniciar ya mismo porque es evidente que no hay tiempo que perder- es manifiesto que las últimas semanas nos han venido a confirmar que existen dos vectores esenciales que determinarán el futuro. Se trata de la sostenibilidad y de la digitalización.
En primer lugar y en cuanto a la sostenibilidad se refiere, será imprescindible intensificar las iniciativas para hacer de nuestro Planeta un sistema humanamente sostenible. Y, para ello, deberá comenzar siendo sostenible la economía mundial y, en particular, el sistema financiero que la alimenta como verdadero corazón que insufla la liquidez precisa para su funcionamiento y selecciona las inversiones a las que se destina el ahorro.
En segundo lugar y en lo referente a la digitalización, en un mundo que alejará físicamente a unas personas de otras, la digitalización de nuestro ocio y de nuestro trabajo se impondrá como una auténtica “ley de hierro”. En particular, el mercado financiero operará básicamente a través de las tecnofinanzas (Fintech) y los tecnoseguros (Insurtech).
De ambos vectores nos hemos ocupado reiteradamente en este blog. Por una parte el lector podrá utilizar los magníficos motores de búsqueda de WordPress para encontrar las numerosas entradas dedicadas a las tecnofinanzas (Fintech) y a los tecnoseguros (Insurtech).
Nos interesa, ahora, centrar nuestra atención en la sostenibilidad financiera en el mundo posterior a la pandemia del coronavirus. Ya antes de esta era del coronavirus habíamos dedicado a esta materia una particular atención tanto en este blog (así pueden verse las entradas de 12 de diciembre de 2019 sobre Sostenibilidad Financiera en la Unión Europea (1): El Reglamento (UE) 2019/2088 sobre las finanzas sostenibles y de 13 de diciembre de 2019 sobre Sostenibilidad Financiera en la Unión Europea (2): Regulación en España y actuación de la CNMV) como fuera de él (en este sentido puede verse nuestro estudio sobre la “Sostenibilidad financiera en la Unión Europea: El Reglamento (UE) 2019/2088 sobre las finanzas sostenibles”, publicado en La Ley Unión Europea, n.º 77, 1 de enero de 2020, Tribuna, pp.1-16. Wolters Kluwer). Y, ahora, cuando intentamos atisbar el futuro incierto que nos espera en el mundo posterior a la pandemia del coronavirus, nuestra convicción sobre la centralidad de en la sostenibilidad financiera se convierte en certidumbre.
Algunas ideas básicas sobre la sostenibilidad financiera
Retomando, aquí y ahora, en este blog, la senda de la sostenibilidad financiera que ya ocupó nuestra atención unos pocos meses atrás, que ahora parecen siglos; conviene recordar donde situábamos el punto de conexión entre la sostenibilidad y el sistema financiero.
Partiendo de la definición clásica del sistema financiero como el conjunto de mecanismos, sujetos e instituciones que persiguen la canalización del ahorro de las familias y de las empresas hacia la inversión productiva y añadiendo que el DRAE define el adjetivo “sostenible” diciendo: “especialmente en ecología y economía , que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”; llegamos a la conclusión de que las finanzas sostenibles son aquellas diseñadas para perdurar en el tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
Dando un paso más en nuestro razonamiento, descubrimos que, para ser sostenibles las finanzas, los agentes económicos deben añadir a los tres factores clásicos de evaluación de la calidad de una inversión que determinan en última instancia la decisión de realizarla (rentabilidad, riesgo y liquidez) dos objetivos más de sostenibilidad que son el medioambiental y el social.
Y, avanzado en nuestro discurso, veíamos que la inversión puede gestionarse de dos maneras básicas: la autónoma por el sujeto ahorrador y la profesional por terceros y, esta, a su vez, puede ser individualizada por los asesores y gestores de carteras o institucional a través de los inversores institucionales de primer grado (viven para invertir, p.ej., u n fondo de inversión) o de segundo grado (invierten para vivir, p.ej., un fondo de pensiones).
Por lo anterior, vimos como las normas más recientes de la UE sobre sostenibilidad financiera se centran en que los operadores profesionales del sistema financiero, cuando adopten sus decisiones de inversión, tomen en consideración los nuevos factores de sostenibilidad que son los objetivos medioambiental y social y los comuniquen a los inversores finales.
Lo anterior sucede con el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre las finanzas sostenibles que sigue la senda iniciada por la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos tuvo por objeto identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general en las sociedades de capital y en el mercado financiero en general. Para lograr aquel objetivo, incrementaba la divulgación de información no financiera, especialmente referidos a los factores sociales y medioambientales.
Aquella Directiva no era suficiente porque es lo cierto que -tal y como señala el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre las finanzas sostenibles en su considerando (9)- “en ausencia de normas armonizadas de la Unión sobre la divulgación de información en materia de sostenibilidad a los inversores finales, es probable que se sigan adoptando medidas divergentes a nivel nacional y podrían persistir enfoques distintos en los diferentes sectores de servicios financieros. Tales medidas y enfoques divergentes seguirían provocando un falseamiento significativo de la competencia como consecuencia de las notables diferencias en las normas de divulgación de información. Además, el desarrollo paralelo de las prácticas del mercado que esté basado en prioridades comerciales que producen resultados divergentes, da lugar actualmente a una mayor fragmentación del mercado e incluso podría agravar aún más las ineficiencias en el funcionamiento del mercado interior en el futuro. Las divergencias entre las normas de divulgación de información y las prácticas del mercado dificultan enormemente que se puedan comparar los diferentes productos financieros, crean condiciones desiguales para dichos productos financieros y para los canales de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Esas divergencias también podrían generar confusión para los inversores finales y distorsionar sus decisiones de inversión (…)”.
Todo lo anterior conduce a la evidencia de que las autoridades administrativas de regulación y supervisión y las autoridades judiciales de solución de los conflictos jurídicos deben adaptar tanto sus medios materiales como sus recursos humanos a este nuevo escenario. En definitiva, el nuevo ecosistema digital y sostenible del mercado financiero exige una adecuación de los vigilantes y tribunales para que sus funciones públicas de regulación, supervisión y enjuiciamiento sigan siendo eficientes y no presenten asimetrías que las conviertan en obsoletas. En definitiva, lo anterior obliga a tomar en consideración los nuevos factores de la digitalización y la sostenibilidad en fórmulas más complejas de regulación, supervisión y enjuiciamiento.
El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de enero de 2020 sobre «La economía sostenible que necesitamos»
Las razones que hasta ahora hemos expuesto nos llevan a considerar particularmente relevante un documento de una institución de la UE, previo a la pandemia del coronavirus que, hoy, a la luz de dicha pandemia, refuerza todo su significado. Nos referimos al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía sostenible que necesitamos» ((Dictamen de iniciativa, 2020/C 106/01) aprobado en el pleno de 22.1.2020 – 23.1.2020 y publicado en el DOUE de 31 de marzo de 2020 (C 106/1 y ss.). A este Dictamen dedicaremos la presente entrada del blog y la venidera.
El compromiso de la UE con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) acordados por las Naciones Unidas
La Introducción al Dictamen del CESE destaca el compromiso de la UE en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los diecisiete ODS acordados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda). En este sentido, recuerda que “el núcleo de la Agenda 2030 es reconocer que nuestra prosperidad presente y futura debe adecuarse a los límites de la biosfera que nos sustenta” y que “los patrones actuales de producción y consumo son incompatibles con los límites del planeta”.
Añade el Dictamen del CESE una afirmación que se vuelve hoy cuasi-profética sumidos en la pandemia del coronavirus cuando nos dice: “En un planeta degradado, no habrá vida, ni empleo, ni empresas. Tampoco habrá seguridad si la transición deja atrás a comunidades enteras o si los ciudadanos de a pie se sienten alienados”. Como profética nos parece hoy también la afirmación de que “la crisis financiera de 2008 dejó una profunda huella en la sociedad y cambió drásticamente nuestra economía. La política macroeconómica que condujo a la crisis dio prioridad a la desregulación financiera para estimular el crecimiento económico, pero esta limitada visión centrada en el crecimiento del PIB ha generado inestabilidad financiera y un aumento de las desigualdades”.
Aplicando un razonamiento “a fortiori” comprenderemos que la crisis financiera de 2008 fue un “juego de niños” comparada con la crisis ya ocasionada por la pandemia del coronavirus y, sobre todo, por la desolación futura de nuestra economía que –al modo de “crónica de una muerte anunciada”- nos aguarda en un futuro inmediato.
La situación de la sostenibilidad previa a la pandemia del coronavirus
El Dictamen del CESE sigue examinando los retos que planteaba un análisis de la situación de la sostenibilidad inmediatamente previa a la pandemia del coronavirus. Y vuelve a mostrar virtudes cuasi-proféticas cuando nos dice: “Los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad no tienen precedentes. Una emergencia climática mundial, una pérdida catastrófica de biodiversidad y la contaminación del aire, del agua y del suelo socavan las bases de la prosperidad futura en Europa y en todo el mundo. A pesar de algunos avances positivos y las medidas adoptadas por la UE, sus repercusiones representan una amenaza apremiante para la salud humana y la viabilidad de nuestras cadenas alimentarias y sistemas agrícolas”.
Y sigue el Dictamen del CESE radiografiando lo que en enero de este mismo año 2020, era futuro y ahora es presente imperfecto cuando nos decía: “Poco importa la prosperidad en la actualidad si es a costa de la supervivencia futura. Medir el éxito en términos de PIB es engañoso cuando el impacto del crecimiento se traduce en cambios irreversibles y catastróficos en el estado de nuestro clima y nuestros suelos, bosques, ríos y océanos. Las dimensiones crecientes de la productividad económica han dado lugar a un consumo mundial cada vez mayor de materiales y recursos energéticos y han ejercido un peligroso impacto antropogénico sobre los ecosistemas locales y globales. En su Informe Global de Riesgos de 2019, el Foro Económico Mundial concluyó que los riesgos medioambientales se sitúan entre las principales amenazas que afectan a la economía global y a la sociedad”.
Vuelve el Dictamen del CESE a anticipar un futuro que ya era fácilmente previsible cuando –refiriéndose a la UE- decía: “Las medidas adoptadas en el nivel de la UE para afrontar este declive han traído consigo un aumento de las desigualdades de renta y riqueza y unos niveles de deuda insostenibles. En este momento, cerca del 40 % de la riqueza privada total está en manos del 5 % más rico de los ciudadanos europeos. La pobreza de las personas con empleo ha aumentado en un 15 % desde 2010 y en torno a un 10 % de los trabajadores europeos son considerados pobres. Cerca de una cuarta parte de nuestros niños y jóvenes están en situación de pobreza o en riesgo de padecerla y millones de jóvenes no consiguen encontrar un trabajo digno que les permita empezar a construir su vida adulta”.
Y, por último, en cuanto interesa a la digitalización financiera, a las tecnofinanzas (Fintech) y los tecnoseguros (Insurtech), el Dictamen del CESE vuelve a ser preclaro cuando dice: “Los nuevos avances tecnológicos en automatización e inteligencia artificial (IA) tienen el potencial de invertir el declive del crecimiento de la productividad laboral, pero los beneficios potenciales siguen sin constatarse en el plano macroeconómico. Los beneficios obtenidos de la «productividad marginal» han ido a parar a manos de los accionistas de grandes corporaciones en lugar de los trabajadores, lo cual ha trastocado el contrato social, y con ello han aumentado las desigualdades y se ha debilitado la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Invertir esta tendencia mediante políticas fiscales y salariales es fundamental para garantizar una distribución más equitativa de los beneficios económicos. Las nuevas tecnologías sostenibles encierran potencial para rejuvenecer a las comunidades que se han quedado rezagadas tras años de falta de inversión y aumentar el bienestar social. Pero el interés exclusivo en el crecimiento de la productividad laboral, sin prestar la debida atención a sus implicaciones sociales y medioambientales, podría dar al traste con la actividad de las empresas de menor tamaño, derivar en un aumento del desempleo y exacerbar las desigualdades”.
Los principios de la sostenibilidad posterior a la pandemia del coronavirus
Siendo evidente que el Dictamen del CESE no podía adivinar el futuro catastrófico en el que nos encontramos sumidos, nos parece que indicaba una visión y unos principios que resultan aprovechables e inspiradores en el momento presente.
Nos decía el Dictamen, entre otras cosas, que “la prosperidad no es una mera cuestión de producción o ingresos. Se define con mayor precisión como las posibilidades que tienen las personas de triunfar y desplegar plenamente su potencial. Una economía del bienestar debe proporcionar a los ciudadanos de cualquier lugar las capacidades que necesitan para prosperar como seres humanos, dentro de los límites ecológicos de un planeta finito”.
Nos recordaba, después, el Dictamen del CESE cuales eran los tres pilares del desarrollo sostenible del siguiente modo:
a) “El pilar medioambiental hace referencia a los límites medioambientales y los límites de los recursos —el «espacio de actuación seguro»— en cuyo marco debe desarrollarse la actividad humana. El Centro de Resiliencia de Estocolmo (Stockholm Resilience Centre) ha establecido nueve «límites planetarios» a los que debe ajustarse la humanidad si desea desarrollarse y prosperar teniendo en cuenta las generaciones futuras”.
b) “El pilar económico hace referencia a las empresas, a unos empleos que ofrezcan una remuneración adecuada y a políticas de inversión que permitan tener una vida y medios de subsistencia dignos. El emprendimiento desempeña un papel fundamental a este respecto. La empresa ha de poder proporcionar los medios básicos para que todos los ciudadanos satisfagan sus necesidades intrínsecas de subsistencia, nutrición, agua potable, energía asequible, sanidad y enseñanza”.
c) “El pilar social se refiere a la calidad de nuestra sociedad y a los derechos de los individuos a una participación justa y equitativa en ella. Si bien a menudo es subestimada y en ocasiones se queda completamente al margen de las evaluaciones monetarias, sigue siendo evidente que ninguna economía puede funcionar de forma eficaz sin la participación de sus ciudadanos”.