Una de las iniciativas legislativas más importantes que están gestándose en España, por su impacto social, es el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (BOCG, Serie A: Proyectos de Ley, 17 de noviembre de 2017, Núm. 12-1) que incorpora la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Por ello, nos parece conveniente saludar las iniciativas de análisis jurídico de aquel Proyecto, como es el caso de la Jornada sobre dicho Proyecto de ley que se desarrollará en sesión de mañana, en Toledo, el próximo 18 de diciembre de 2017. Esta Jornada esta organizada por el Centro de Estudios de Consumo (CESCO) de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y dirigida por los profesores Ángel Carrasco Perera y Alicia Agüero Ortiz.
En ella se abordarán por destacados especialistas los aspectos esenciales de la futura Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario tales como su ámbito de aplicación, las obligaciones informativas y el deber de transparencia en la contratación de créditos inmobiliarios, la evaluación de solvencia y la incidencia de la tasación, la nueva regulación de las hipotecas multidivisa (sobre la que puede verse la entrada de esta blog de 24.11.2017 sobre “Nulidad parcial de hipoteca multidivisa con consumidores por falta de transparencia. Sentencia del Tribunal Supremo 608/2017, de 15 de noviembre”), el nuevo régimen de la amortización anticipada y el fomento de los préstamos a tipo fijo y el vencimiento anticipado y los intereses moratorios.
Por mi parte, tendré la oportunidad de disertar sobre las ventas de productos y servicios financieros vinculadas y combinadas al préstamo inmobiliario, a las que me he referido en la entrada de este blog del pasado 11.10.2016 sobre la “Transparencia de los seguros de vida vinculados a los préstamos hipotecarios: la adaptación a la Directiva 2014/17/UE”.