Conclusiones de los jueces sobre la Justicia como elemento dinamizador de la economía y sobre el fracaso de la Ley de Segunda Oportunidad

 En la entrada de este blog del pasado viernes día 4 de noviembre dábamos cuenta de las “Conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces decanos de España” celebradas en Málaga, los pasados días 24 a 26 de octubre de 2016 y, en particular, dentro de ellas la referencia a la “necesaria creación de un cuerpo de peritos contables”.

Ahora, nos parece que -por su relevancia y su directa relación con la regulación financiera que es objeto de este blog-  debemos hacernos eco de otras dos conclusiones que son:

 

La Justicia como elemento dinamizador de la economía

Por una parte, dentro del apartado 3 dedicado a las “soluciones para la agilidad, la eficacia y la calidad”, se incluye la siguiente conclusión sobre “c) La Justicia como elemento dinamizador de la economía” que dice:

“A pesar de que el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos, nadie duda hoy, en cualquier país desarrollado, de la enorme relevancia de la Administración de Justicia como elemento para dinamizar la economía, para impulsar el intercambio de bienes y servicios. Es más, los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión. Por tanto, la eficacia del sistema judicial es un factor de primer orden a tener en cuenta para favorecer la competitividad de los Estados, en este caso de España. Es más, el Consejo de la UE ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos. Como hemos señalado los Jueces Decanos de toda España, un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y por ende la inversión interna y extranjera. De hecho, uno de los primeros parámetros que analizará con sumo interés una empresa extranjera es la solidez del sistema judicial y la seguridad jurídica del país donde se pretende invertir. En este sentido basta reseñar un dato para evidenciar la trascendencia de la maquinaria judicial en la economía: según los últimos datos del CGPJ correspondientes a 2014, los movimientos (ingresos y devoluciones) en las cuentas de consignaciones judiciales en toda España han ascendido a más de 16.000 millones de euros, suma que aun siendo muy elevada, no hay que olvidar que se refiere a una mínima parte de los procesos que se tramitan en nuestro país, pues la mayoría de las resoluciones judiciales no conllevan consignación en las cuentas de los juzgados. Algunos expertos afirman que los intereses en juego en la Justicia pueden ascender a más de 50.000 millones de euros. En el sistema judicial actual, estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años si contamos las diversas instancias. Por tanto, este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras esta «judicializado»; no puede ser que tal potencial económico quede congelado en la Justicia, que debería ser precisamente un acicate para engrasar la maquinaria económica, para fijar y dar satisfacción y salida a los créditos, a las transacciones controvertidas, en un plazo razonable, fijando y declarando derechos. Debe pues darse una respuesta rápida a las situaciones litigiosas “congeladas” en los tribunales. Una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores, puede, por ejemplo, hundir una empresa a la que se deba una importante suma, sobre todo si es pequeña o que acabe siendo liquidada en un proceso concursal, o que desaparezca antes de que se le reconozca su derecho a la segunda oportunidad o extinción de sus deudas en casos excepcionales. La Justicia no puede ser un problema para la economía, al contrario, debe ser la solución, debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas, dicho de otro modo, debe contemplarse como instrumento para contribuir al flujo económico sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario. Recientes informes del Banco de España subrayan que la Justicia tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito, la morosidad, la subsistencia o la creación de nuevos negocios por parte de los emprendedores, que pueden verse afectados por el buen o mal hacer de los órganos judiciales, y se ponen de manifiesto toda una serie de evidencias que muestran, en definitiva, que invertir en Justicia repercute finalmente en la buena evolución de la economía y los mercados. Ante todo ello la pregunta es obligada: ¿para cuándo una inversión suficiente en Justicia que repercuta en beneficio de la economía?”

 

El fracaso de la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (publicada en el BOE núm.189, de 29.07.2015) decía, en el apartasdo I de su Preámbulo, lo siguiente:

“En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo”.

Para lograr estos objetivos, la Ley 25/2015, entre otras medidas, introdujo, por una parte,  mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que se había introducido en nuestra legislación concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; y, por otra parte, estableció un mecanismo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código Civil.

Pues bien, las “Conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces decanos de España” antes aludidas, dentro del apartado 4 dedicado a la “valoración de las recientes reformas legales”, incluyen la siguiente conclusión sobre una “d. Especial referencia Ley de Segunda Oportunidad” que dice:

La Ley de Segunda Oportunidad es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos. Las cifras son elocuentes: sólo 344 concursos de persona física no empresario en el primer semestre de 2016, que no llegaron a 600 en 2015, cuando en Francia o Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de persona física al año. Hemos sido los últimos de Europa en regular la segunda oportunidad y lo hemos hecho de forma timorata, hasta el punto que la Ley no ha tenido incidencia alguna, no ha servido para recuperar a miles de personas situadas en el ostracismo civil debido a sus deudas y que podrían iniciar una nueva vida como emprendedores, generar riqueza y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos con sus tributos. Y además la regulación es muy compleja y el proceso laberíntico, alejándonos de la agilidad y sencillez que recomendaba la UE. Para un jurista no hay mayor fracaso que una ley inútil. Urge por tanto la reforma de la Ley Concursal en este punto y regular una verdadero sistema de exoneración de deudas siempre que se trate lógicamente de deudores responsables y de buena fe, arbitrando un sistema más sencillo eludiendo el laberinto concursal, extendiendo la posibilidad de exoneración a las deudas públicas, definiendo de manera más estricta el concepto de deudor de buena fe y fomentando el crédito responsable, haciendo de peor condición al acreedor irresponsable, como sucede en Francia, en la línea de la Directiva 2014/17 cuyo plazo de transposición ha transcurrido”.

En relación con esta última referencia, llamamos la atención sobre la entrada de este blog del pasado 11.10.2016  sobre la “Transparencia de los seguros de vida vinculados a los préstamos hipotecarios: la adaptación a la Directiva 2014/17/UE” en la que dábamos cuenta de que esta Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial debía haber sido traspuesta a nuestro Ordenamiento no más tarde del pasado 21 de marzo de 2016 (art.42) y que, por la parálisis legislativa en la que vivimos sumidos durante este último año, no lo ha sido.