Desde el pasado viernes, la prensa diaria en general y la económica en particular se han hecho eco de la rebaja –por parte de la agencia de rating Standard & Poors- de la calificación crediticia de la deuda pública de Cataluña desde la nota BB- a la nota B+, lo que significa ahondar en la procelosa y oscura sima del denominado “bono basura” e incrementar directamente el coste de la financiación de dicha Autonomía conforme al axioma elemental que nos dice que, para asumir un mayor riesgo, los inversores exigen obtener a cambio una mayor rentabilidad en forma de intereses que deberán ser pagados, en este caso, por la Comunidad Autónoma deudora.
Por si no fuera bastante con la noticia anterior, a ella se suman otras tres que pueden ir construyendo, poco a poco pero de forma inexorable, las condiciones de una “tormenta perfecta” en torno a la financiación de nuestras Comunidades Autónomas. Se trata de las tres noticias siguientes:
En primer lugar, las calificaciones e informes negativos que las otras dos grandes agencias de rating globales (Moodys y Fitch) han deparado a la deuda pública catalana en especial y a nuestra deuda pública autonómica en general.
En segundo lugar, las advertencias de la Comisión Europea al Gobierno central sobre la necesidad de mantener la disciplina presupuestaria de nuestras autonomías.
Por último, la noticia de que nuestras Comunidades Autónomas –según datos del Banco de España- deberán saldar vencimientos con entidades financieras nacionales, durante este año 2016, por importe de 9.609 millones de euros en préstamos a corto plazo, de los que la mitad (4.891 millones de euros) corresponden a la Generalidad de Cataluña.
Estas noticias dan cuenta de una situación de la financiación autonómica que podemos sintetizar en el razonamiento elemental siguiente:
- Las Administraciones públicas españolas en general y las Comunidades Autónomas en particular muestran un déficit financiero y presupuestario excesivo.
- Una parte notable de aquel déficit público no se destina a financiar servicios públicos esenciales, sino a costear gastos improductivos, cuando no suntuarios o directamente inconstitucionales.
- La situación descrita empeora progresivamente la calificación crediticia de la deuda pública que emiten nuestras Comunidades Autónomas. Y los grandes inversores internacionales (fondos de inversión y de pensiones) siguen confiando –nos guste o no- en las calificaciones que emiten aquellas agencias en el momento de adoptar sus decisiones de invertir en deuda pública estatal, autonómica o municipal.
- El deterioro progresivo de las calificaciones que otorgan las agencias de rating a la deuda pública autonómica encarece su financiación y exige del amparo del Estado central, cuya deuda pública estatal muestra un evidente riesgo de contagio.
Las causas y los efectos que acabamos de describir muestran un círculo vicioso que se retroalimenta porque el deterioro de la calificación crediticia de la deuda pública autonómica vuelve a encarecer su financiación.
Llegados a este punto, la reacción de la clase política española -que es pertinente evaluar ya que hablamos de la calificación de nuestra deuda “pública”- ante la situación de riesgo financiero nos sugiere unas cuantas metáforas clásicas que pasamos a desgranar:
En primer lugar, la metáfora de la orquesta del trasatlántico Titanic a la que la leyenda atribuye la reacción estoica o fatalista de seguir tocando los instrumentos mientras el barco se hundía. En este sentido, hemos venido observando en las últimas semanas iniciativas del todo pintorescas de nuestros políticos que parecen ignorar por completo la gravedad de la situación y que se han visto coronadas por el más absoluto de los fracasos a la vista de la incómoda y tozuda realidad.
En segundo lugar, la metáfora de la mirada de quien observa el dedo que apunta a la luna y se queda prendado del dedo, pero ignora la luna señalada. Y ello porque nuestros políticos centran su mirada en las calificaciones crediticias y en las agencias que las emiten (el dedo) sin adoptar medidas proporcionadas y urgentes para reducir la deuda autonómica (la luna) que, en los últimos ejercicios, lejos de disminuir, crece.
En tercer y último lugar, la metáfora de aquellos que se empeñan culpar al mensajero por lo ingrato del mensaje que porta. Y esta metáfora es pertinente cuando vemos que las críticas a las agencias de rating que, en muchos casos, son merecidas por sus errores –trufados de conflictos de intereses- en la calificación de la deuda privada de ciertos bancos que ocasionaron la gran crisis de 2008 (el mensajero); no solventarán las consecuencias del mensaje, salvo que se adopten las medidas correctoras.
En conclusión, la conducta que observamos en nuestra clase política ante la situación preocupante de la financiación de los servicios públicos esenciales transferidos (hablamos de la sanidad, de la educación, de la seguridad de los ciudadanos) que prestan nuestras Comunidades Autónomas resulta, en ocasiones, tan disparatada que movería a apreciar rasgos notables del humor de lo absurdo si no fuera porque el rictus de nuestra sonrisa se congela cuando vemos que nuestros impuestos y nuestro bienestar y el de las generaciones venideras pueden verse en riesgo. Estamos en condiciones de adoptar las medidas pertinentes y de reconducir la difícil situación de la financiación autonómica, siempre que a la voluntad siga la acción.
P.D.: Sobre los antecedentes de esta entrada, el lector puede ver la anterior de 29.02.2016 titulada “Verdades desagradables. Las agencias de rating “atacan” de nuevo. Informes sobre España”; amén de otras varias entradas en las que damos cuenta, por ejemplo, de la siempre difícil relación entre las agencias de rating y los Estados que las regulan, autorizan y supervisan, a cuenta de la calificación de la deuda pública.