La semana pasada, la prensa económica y la general se hicieron eco de sendas noticias referidas a las agencias de calificación crediticia o agencias de rating que tenían el común denominador de referirse a nuestro país, de apuntar determinadas consecuencias de la situación política y de no resultar particularmente halagüeñas. En concreto, nos referimos a las siguientes:
Por una parte, en cuanto se refiere al Estado central, la agencia Moodys, en un informe publicado el pasado 19 de febrero, mantenía la calificación de la deuda soberana del Reino de España en el Baa2, pero rebajaba la perspectiva de “positiva” a “estable” porque, a su juicio, con independencia de la composición del próximo gobierno, resulta improbable que, en los tres o cuatro próximos años, se aprueben las reformas económicas que, a su juicio, resultan necesarias.
Por otro lado, en cuanto afecta a las Comunidades Autónomas, la agencia Fitch, formuló, el pasado 19 de febrero, una advertencia en el sentido de que “el deseo de compensar las medidas de austeridad emprendidas en los últimos tiempos puede motivar a los gobiernos regionales a aumentar sus gastos por encima de lo que presupuestaron inicialmente”.
Estas noticias vuelven a poner sobre el tapete la transcendencia de las calificaciones que emiten estas agencias en la política económica –y en la general- de los países y, en concreto, del nuestro. En particular, las agencias de rating se han convertido, desde hace ya muchos años, en una especie de conciencia crítica o “Pepito Grillo” que señala los efectos que sobre la solvencia de nuestro país -y, por lo tanto, sobre su financiación- tienen algunas decisiones y conductas de nuestros políticos; traduciéndolas en calificaciones que tienen la apariencia contundente de las verdades matemáticas.
Conviene recordar que estas agencias, al emitir sus calificaciones sobre determinados emisores –públicos y privados- de valores y sobre los valores emitidos, no hacen más que evaluar, conforme a sus metodologías, su respectiva solvencia, esto es, su capacidad de cumplir sus obligaciones para con sus acreedores de forma regular.
El problema de los efectos colaterales de las calificaciones no nace, por regla general, cuando se califican emisores y valores privados, sin perjuicio de recordar el historial de errores clamorosos que estas agencias han tenido en todas las grandes crisis financieras; sino que surge cuando las agencias de rating, al calificar la deuda emitida por Entidades públicas (en nuestro caso, el Estado, las Comunidades Autónomas o determinados Ayuntamientos), deben justificar las razones que les llevan a mejorar, empeorar o mantener estables sus calificaciones porque dichas razones implican, de manera necesaria, un juicio sobre su solvencia y, en consecuencia, sobre su gestión económica.
En conclusión, debemos recordar, una vez más, que no se trata de convertir a las agencias de rating en “Oráculos de Delfos” cuyas calificaciones condicionen la vida económica y política de nuestro país; sino de ser conscientes de las causas y de los efectos de las cosas y, en este sentido, ser capaces de calibrar cuando aquellas agencias dicen verdades evidentes y desagradables –las diga Agamenón o su Porquero- como es, por ejemplo, que el despilfarro improductivo de recursos públicos conduce a una reducción de la solvencia de cualquier país y que ese descenso de la solvencia dificulta su financiación, dificultad de financiarse que reduce más la solvencia. Iniciándose así un círculo vicioso de consecuencias negativas para el bienestar de la población.