La nueva regulación de las entidades aseguradoras

En nuestra sociedad tiene una importancia fundamental que el Estado regule adecuadamente la actividad aseguradora porque es una actividad que gestiona los riesgos en los que vive sumida la práctica totalidad de la población y lo hace en una situación de incertidumbre porque supone el intercambio de una prestación presente y cierta, que es la prima que paga el tomador del seguro; por una prestación futura e incierta, que es la indemnización que deberá pagar el asegurador si acaece el siniestro. Por ello, la regulación pública deberá garantizar que, cuando eventualmente se produzca el siniestro que motive el pago de la indemnización, la entidad aseguradora esté en situación de poder hacer frente a su obligación.

Por lo anterior, tiene un especial interés la reciente publicación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante, LOSSEAR) que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016 y que culmina –por ahora y a nivel legal- el proceso de adaptación de la regulación de nuestro mercado asegurador a la Directiva Solvencia II; proceso éste que ha dominado la regulación de aquel mercado en los últimos años. Decimos que este paso legislativo es fundamental, al tiempo que provisional, porque esta LOSSEAR está plagada de habilitaciones y remisiones a futuros textos reglamentarios que darán ligar a una expansión geométrica de sus mandatos al modo de un  “big bang” que es propio de las disposiciones regulatorias de los mercados financieros tanto en nuestro Derecho como en el Derecho comunitario.

Según decimos, el contexto y la razón de ser fundamental de esta LOSSEAR la encontramos en el Derecho comunitario y, en concreto, en la incorporación a nuestro Derecho de los mandatos armonizadores de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II) que ha sido modificada fundamentalmente por la Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 (Directiva Ómnibus II). Es por ello por lo que conviene acostumbrarse a ver, junto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación.

A la hora de evaluar la importancia práctica del impacto de la LOSSEAR sobre la industria aseguradora, sin perjuicio de destacar su transcendencia; conviene advertir que no hará “tabula rasa” del régimen actual porque el Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados de 2004 hasta ahora vigente ya había incorporado algunos mandatos de la Directiva Solvencia II, que, en todo caso, refunde Directivas anteriores que ya habían sido incorporadas a nuestro Derecho. Por lo tanto, podemos comprobar como gran parte de las condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad aseguradora que establece la LOSSEAR ya se exigen a las entidades por la normativa vigente.

Por último, esta nueva LOSSEAR tiene una finalidad protectora de los tomadores, asegurados y beneficiarios porque –tal y como confiesa desde su art. 1- la regulación y supervisión de la actividad aseguradora y reaseguradora privada, comprendiendo las condiciones de acceso y ejercicio y el régimen de solvencia, saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, tiene como “finalidad principal (la) de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios”, sin perjuicio de otras finalidades de fomento tales como “promover la transparencia y el desarrollo adecuado de la actividad aseguradora”.